- Advierten que uso de paramilitares sería mecanismo de represión; SIP, UCD y Cosep condenan cierre
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El cierre ilegal de Radio La Ley, de Sébaco, Matagalpa, y la “confiscación” de sus equipos a cargo de treinta civiles armados podría convertirse en el modus operandi del Gobierno de Daniel Ortega en contra de la libertad de expresión, advirtió ayer el propietario de esa emisora, Santiago Aburto, quien, respaldado por varios organismos civiles, animó a defender este derecho “sin ambigüedades”, por el que más tarde reclamaron la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
“Creo que Daniel Ortega está probando a la población para ver hasta dónde él puede seguir repitiendo sus represiones del pasado, porque no es que lo va a hacer, sino que ya lo está haciendo”, dijo Aburto.
Ayer Hagamos Democracia, el Movimiento por Nicaragua (MpN), la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el Grupo Pro Justicia, el movimiento juvenil Puente y otros organismos emitieron un comunicado en el que repudian y condenan “rotundamente” el cierre de esta radio, que califican como un acto “abusivo y represivo” que “viola los principios más elementales de libertad de expresión instituidos en la Constitución”.
La presidenta del Movimiento por Nicaragua, Violeta Granera, opinó que la cancelación de la frecuencia de esta radio local, que sería inaugurada el sábado, “es un caso más de una tendencia y una política de coartar la libertad de expresión” del Gobierno actual y valoró que “se ha hecho de la manera más burda y brutal”.
“Pareciera que ya los métodos sofisticados y sutiles están dando lugar a otros mecanismos más brutales y creo que es importante que estemos todos clarísimos de que éste es el momento de defender la libertad en Nicaragua y no tener ninguna ambigüedad, y respetar que cualquier medio o persona puede tener sus inclinaciones políticas, ideológicas, religiosas, pero que eso debe estar totalmente hecho a un lado cuando se trata de defender los derechos básicos de la democracia”, exhortó Granera.
ABUSO E ILEGALIDAD
Junto a los organismos, Aburto recordó que fueron treinta civiles armados, a bordo de cuatro carros y una camioneta, quienes el viernes rodearon su casa, donde tenía instalada la radio, para desmantelarla y llevarse los equipos con un acta de retención de la Dirección General de Aduanas (DGA), aunque los equipos eran de segunda mano y fueron comprados en el país.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, aseguró que “más allá de las consideraciones legales y administrativas, nos sorprende el desmedido uso de la fuerza para clausurar una licencia de una radio” y agregó su preocupación de que el cierre pudiera tratarse de “represalias por posiciones críticas contra el Gobierno”, pues el organismo recordó que Aburto conduce la el programa de comentarios y debates Buenas Tardes Nicaragua, en Radio Corporación.
Para el Cosep, este cierre “atenta contra la libertad de expresión y la propiedad privada, por cuanto se ha cercenado su derecho a difundir sus ideas a través de un medio de comunicación y se le han en forma arbitraria despojado de sus equipos”.
A propósito, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, cuestionó la confiscación de los equipos de radio La Ley, que recordó contradice el artículo 68 de la Constitución Política, que establece que “en ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento”.
La UCD y el Cosep pidieron que las autoridades revisen este caso y se regresen los equipos retenidos, cuyo costo Aburto valora en unos diez mil dólares.
El Cosep valoró como “negativas” para el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho las acciones administrativas del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) para la cancelación de la frecuencia de esta radio y el “secuestro” de sus equipos “bajo procedimientos que suponen violación a norma expresa, como lo es la Ley 670”, que prorroga la vigencia de las licencias de radio, televisión y telecable hasta la aprobación de una nueva Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales, que también estiman violada.
ATENTADO CONTRA PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS
El presidente de la Unión de Radiodifusores (Unir), Jesús Miguel Blandón, también advirtió que Nicaragua es signataria de la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, o Pacto de San José, tal como lo menciona el artículo 46 de la Constitución Política, por lo que “todos estamos obligados a respetar lo que ahí dice”.
Sin embargo, cuestionó que “el gran problema de Nicaragua es que en la Constitución se dice (la vigencia de los derechos consignados en esa Convención y otras declaraciones), pero la Ley 200 no”, y agregó que es por eso que “esa ley está mala”, pero hasta la fecha ese reclamo no ha tenido eco entre los diputados.
Efectivamente, tal como consultó LA PRENSA, el artículo 13 del Pacto de San José establece el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, para el cual los Estados deben asegurar que no se restringirá éste a través de medios indirectos como “el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Sin embargo, Blandón reclamó que en cambio surge en la Asamblea una propuesta de reforma que atenta contra la libertad de expresión, en alusión a la iniciativa del diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eliseo Núñez Hernández, que pretende una iniciativa que establecería la concesión de frecuencias a través de procesos de subasta o licitación.
Desde julio del 2005, los representantes de los medios de comunicación recurrieron por inconstitucionalidad contra la Ley de Equidad Fiscal, mejor conocida como la “Ley Arce”, por su promotor, el entonces diputado del Frente Sandinista, Bayardo Arce, que estableció techos a las exoneraciones para la importación de insumos de los medios, pero que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no atienden.
DISCRECIONALIDAD
El presidente de Telcor, Orlando Castillo, dijo el sábado que otras cinco o seis radios del país funcionan ilegalmente y que el ente está revisando esos casos.
Aburto comentó al respecto que “puede ser que Castillo quiso curarse en salud, diciendo no es solamente Santiago Aburto” o puede ser que haya hecho “una amenaza directa a muchos que tienen frecuencias de radio y de televisión, como Canal 2, que se le venció la licencia y trabaja por la ley de prórroga”.
Sin embargo, agregó que “si quiere ser tan detallista, entonces todos coludos o todos rabones, porque no puede ser que para unos sí se aplique la ley y para otros no”, pues reclamó que “el FSLN es el que tiene un montón de radios en Nicaragua y él es quien tiene que estar más preocupado, si queremos aplicar la ley a como debe ser”.
Un ex funcionario de Telcor que pidió no ser identificado afirmó por su parte que si el ente regulador cerró Radio La Ley aduciendo incumplimientos a la licencia, debería cerrar el 70 por ciento de las emisoras del país.
“Son raras las estaciones que mantienen sus expedientes en orden y al día con Telcor. Pero todos esos problemas se habían venido manejando con paciencia y flexibilidad para no afectar a las emisoras. La idea era fortalecer las radios ayudando a los dueños a formalizar su situación, y no cerrarlas para tajantemente hacer cumplir los reglamentos. Es evidente que el cierre de esa emisora en Sébaco fue una decisión política”, aseguró.
