Si la Junta Directiva de la Corporación Cuenta Reto del Milenio decide, en su reunión de hoy, cancelar definitivamente los fondos de cooperación para Nicaragua, como es inminente, será únicamente por culpa de Daniel Ortega.
Como se sabe, debido al fraude que se perpetró en las elecciones municipales de noviembre pasado, la Corporación Cuenta Reto del Milenio suspendió a principios de diciembre el desembolso de 67 millones de dólares que estaban pendientes, del programa de 175 millones destinados a financiar proyectos específicos para fortalecimiento institucional de los derechos de propiedad, fomento de los negocios rurales y desarrollo de la infraestructura vial en los departamentos occidentales de León y Chinandega.
En aquella ocasión la Corporación Cuenta Reto del Milenio advirtió que “no aprobará desembolsos para actividades que no hayan sido previamente contratadas (porque) las condiciones políticas antes, durante y después de las elecciones (municipales del 9 de noviembre de 2008) no fueron consistentes con los requisitos (…) que incluyen un compromiso con políticas que promuevan la libertad política y el respeto a libertades civiles y el Estado de Derecho”. Y le hizo un llamado al gobierno de Daniel Ortega, “a desarrollar e implementar una serie de medidas inclusivas que respondan a las preocupaciones con respecto al compromiso del Gobierno para con los principios democráticos”.
La Corporación Cuenta Reto del Milenio informó en aquella ocasión, que estaría pendiente de la respuesta del Gobierno de Nicaragua para determinar acciones subsecuentes en la siguiente reunión trimestral, en marzo de este año. Pero la respuesta, arrogante, de Daniel Ortega, fue que el fraude no sería revertido, ni siquiera discutido, y que Estados Unidos podía llevarse su cooperación de la Cuenta Reto del Milenio porque, para reponerla con creces, contaba con el apoyo económico del presidente venezolano Hugo Chávez.
De manera que en marzo de este año la Corporación Cuenta Reto del Milenio pudo constatar —según lo señaló en el comunicado correspondiente— que el Gobierno de Nicaragua no había hecho nada “para aclarar alegatos creíbles de que hubo fraude durante las elecciones municipales de noviembre de 2008 y que demostrara un compromiso claro con los principios democráticos mediante la toma de pasos concretos para restaurar la legitimidad y transparencia del proceso electoral nicaragüense”.
En consecuencia, ahora que la Junta Directiva de la Corporación Cuenta Reto del Milenio va a tomar una resolución definitiva sobre Nicaragua, lo único que se puede esperar es que cancele el programa y que se pierdan los 67 millones de dólares que quedaron pendientes de desembolso, así como centenares de millones más que se hubieran podido obtener después, si Ortega respetara los principios, valores e instituciones de la libertad y la democracia.
Según Daniel Ortega, Estados Unidos no puede imponer a Nicaragua condiciones políticas de ninguna clase. Pero no se trata de imponer nada a nadie. Es que ningún gobernante se puede encubrir con la soberanía nacional, para atropellar la democracia y todavía esperar el premio de la cooperación económica externa. El gobernante que quiera recibir la ayuda internacional debe cumplir los requisitos previamente establecidos, de gobernabilidad democrática y respeto al Estado de Derecho.
En este sentido, el presidente estadounidense Barack Obama dijo en su discurso de El Cairo el 4 de junio corriente, que: “Ninguna nación puede ni debe imponer un sistema de gobierno a otra nación… Estados Unidos no pretende saber lo que es mejor para todos, así como no pretenderíamos determinar el resultado de elecciones pacíficas. Pero (…) todas las personas anhelan (…) la posibilidad de expresarse libremente y tener voz y voto en la forma de gobierno; la confianza en el Estado de Derecho e imparcialidad de la justicia; un gobierno transparente que no le robe a su gente; la libertad de vivir según escoja cada uno. Éstas no son sólo ideas estadounidenses, son derechos humanos, y es por eso que nosotros los apoyaremos en todas partes”. Y por supuesto que es de elemental coherencia ética y política, no dar ni un centavo a los gobernantes que atropellan las instituciones democráticas y se roban hasta el voto de sus ciudadanos. Cooperar con ellos sería simple y sencillamente convertirse en sus cómplices.
