Los diputados y miembros del Comité Ejecutivo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) firmaron el jueves pasado en un hotel capitalino, ante testigos ajenos al partido como el presidente de la Cámara de Comercio Nicaragüense Americana (Amcham), un documento en el que “rechazan categóricamente cualquier propuesta de Reformas a la Constitución Política de Nicaragua, en especial la Reelección Presidencial y el Cambio de Sistema de Gobierno y se comprometen ante la faz de la nación a no apoyar ninguna Reforma Constitucional e instan a las fuerzas democráticas a cerrar en conjunto cualquier posibilidad al continuismo”.
El PLC agrega en dicho documento que: “Nicaragua vive una profunda crisis y enfrentarla requiere de la unidad franca y legítima de todos los demócratas, donde la fortaleza moral se haga representar en los Diputados de la libertad, como un ejemplo de resistencia y auténtico compromiso con el pueblo a quien representamos”. Y advierte que: “Debemos imponernos no sólo NO reelegir a los actuales Magistrados, cómplices y artífices del robo electoral del 9 de noviembre, sino también desarticular, destruir y desaparecer el andamiaje del fraude, que son los funcionarios de las diferentes estructuras del CSE”. Para lo cual el PLC presenta una propuesta de reformas a la Ley Electoral.
Por su parte, los diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), que también rechazan la reforma constitucional para la reelección de Daniel Ortega y el cambio del sistema de gobierno, sin embargo se negaron a suscribir el documento-compromiso de sus colegas del PLC debido a la profunda desconfianza que separa a ambas colectividades políticas, causadas por los pactos de este partido con el gubernamental FSLN. Según Eduardo Montealegre, líder político de la Bancada Democrática, rechazar la reforma constitucional reeleccionista “es un compromiso que —ellos— vienen demostrando con los hechos”. De manera que los diputados de dicha Bancada van a suscribir su propio documento, en el que precisarán también su propuesta de reformas a la Ley Electoral que no necesiten de una reforma constitucional.
Como sea, está bien que los diputados liberales de ambos bandos hagan tales compromisos públicos de rechazar la propuesta de reforma constitucional. Pero eso no es suficiente, porque en política partidista los compromisos verbales o escritos tienen un valor muy relativo. Los políticos profesionales y sobre todo los que carecen de principios —o los tienen muy flexibles y se jactan de ser “pragmáticos”—, actúan según las circunstancias y de acuerdo con sus conveniencias partidistas y personales, las cuales son siempre variables, o sea que cambian a medida que va pasando el tiempo y que se presentan nuevos elementos de juicio y oportunidades materiales. De allí que algunos de los diputados y dirigentes del PLC insinuaran, en el mismo día y lugar donde firmaron el compromiso público de rechazar la reforma constitucional para la reelección de Daniel Ortega y el cambio de sistema de gobierno, que cualquier cosa podría ocurrir de aquí a cuando llegue el momento de aceptar o rechazar efectivamente la reforma, pues según dicen Nicaragua es un país donde “el plomo flota y el corcho se hunde”, y porque “en política todo es posible”.
De manera que no sería una sorpresa que algunos de estos diputados cambien de posición, que renieguen de palabra o de hecho de su compromiso público y que sumen sus votos para que Daniel Ortega y el FSLN alcancen el mágico número 56, que es indispensable para aprobar la reforma parcial de la Constitución. La verdad es que no hay ninguna seguridad de que todos esos diputados vayan a cumplir su compromiso; ni siquiera en el caso de que aceptaran el reto que les planteó el viernes anterior la denominada y recién creada Coalición Democrática, de que firmen una carta de renuncia a sus escaños en la Asamblea Nacional y que la depositen en manos de la gran autoridad moral que es monseñor Leopoldo Brenes, para que éste entregue al Parlamento las de aquellos diputados que falten a su palabra.
Por cierto que al respecto ya se habla de que el gran interesado en la reforma constitucional, está dispuesto a pagar a los diputados de la oposición que la apoyen no sólo lo que podrían dejar de recibir en lo que resta del actual período, si fuera el caso de que tuvieran que dejar sus escaños, sino también los más o menos 300 mil dólares que les reportaría la curul en los siguientes cinco años. Y no hay que ponerlo en duda, porque es obvio que Ortega está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder.
