En marzo del 2007, el presidente Daniel Ortega dijo que las plantas de generación eléctrica que llegaron de Venezuela para resolver el problema del déficit de electricidad, habían sido regaladas por el gobierno de Hugo Chávez en el marco del programa de cooperación solidaria llamado Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (Alba). Y después lo repitió en otras dos ocasiones.
Pero era mentira. Daniel Ortega engañó al pueblo de Nicaragua, pues según reconoció recientemente el Ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, las tales plantas no fueron donadas sino que serán pagadas a un precio muy elevado —además del alto costo de su funcionamiento—, por medio de la factura mensual que se les cobra a todos los usuarios del servicio eléctrico.
Más claro todavía, el asesor económico de Daniel Ortega, el ex diputado Bayardo Arce —el mismo que instigó la aprobación de la inconstitucional “Ley Arce” contra la libertad de prensa, para reprimir económicamente a los medios de comunicación independientes y restringir el derecho y la libertad de información—, reveló la semana pasada que las plantas eléctricas venezolanas cuestan más de 250 millones de dólares, los cuales deben ser pagados en el plazo de 15 años y con un impreciso interés del 6 por ciento.
Se dice que no importa pagar lo que sea por las plantas eléctricas venezolanas, pues lo verdaderamente importante es que vinieron a resolver la crisis energética y que los apagones se terminaron. Pero ese es un argumento falso e inmoral, primero porque los gobernantes bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo deben engañar al pueblo; segundo, porque mediante licitación se hubieran podido adquirir plantas eléctricas menos caras y de menor costo de funcionamiento; y tercero, porque el engaño de las plantas venezolanas regaladas que en realidad fueron compradas, era en realidad para encubrir un gran negocio particular al amparo del Gobierno y aprovechándose de la necesidad pública. En efecto, con la mentira de que eran una donación del presidente Hugo Chávez, de Venezuela, las plantas eléctricas fueron adquiridas sin licitación, al margen de la Ley de Contrataciones del Estado, dejando beneficios económicos no registrados legalmente, los que sin duda fueron a parar a los bolsillos y cuentas bancarias de personas y entidades que en Nicaragua todo mundo sabe o intuye quiénes son.
Lo que pasa es que el procedimiento de la contratación de bienes y servicios para el Estado al margen de los requisitos de licitación establecidos en la ley, ha sido convertido por los actuales gobernantes en uno de los medios principales para encubrir la corrupción. Se conoce que durante lo que va del actual gobierno de Daniel Ortega, se han hecho contrataciones y compras del Estado evadiendo los mecanismos de licitación y ofertas públicas, por más de 6,000 millones de córdobas (más de 300 millones de dólares). Por otro lado, empresarios proveedores del Estado comentan en privado —pues si lo denunciaran públicamente se expondrían a cualquier clase de represalias—, que personas vinculadas estrechamente al Gobierno han creado empresas o firmas que intermedian preferente y ventajosamente las compras estatales, quedándose con jugosas comisiones que están enriqueciendo rápidamente a la nueva clase de capitalistas y oligarcas nicaragüenses. Y cabe señalar que eso mismo o algo muy parecido fue lo que ocurrió en la primera etapa de la dictadura somocista, cuando la familia Somoza se enriqueció velozmente mediante los negocios turbios que se hacían al amparo del poder político.
Por cierto que este mecanismo de corrupción de hacer las adquisiciones estatales sin licitación, como en el caso de la compra de las plantas eléctricas venezolanas que supuestamente fueron una generosa donación de Hugo Chávez pero resultó que era mentira, ha trascendido internacionalmente. Como mencionamos el miércoles 4 de febrero pasado en el editorial titulado “La opacidad presupuestaria”, la International Budget Partnership (IBP), entidad que estudia el uso y abuso de los fondos públicos en todo el mundo, reportó en su más reciente informe que “el Gobierno de Nicaragua se niega a dar cuenta de los fondos que recibe del Gobierno de Venezuela, rico en petróleo, y que aparentemente han usado para préstamos no documentados a compañías ligadas al Gobierno y para recompensarlos con contratos no competitivos en tierras públicas”.
La IBP se refiere al turbio procedimiento que usó el Gobierno para la construcción de las denominadas “casas para el pueblo”, pero eso mismo es lo que se ha hecho con las plantas eléctricas falsamente donadas por el Alba, con las cuales Daniel Ortega le ha dado un tremendo “albazo” al pueblo nicaragüense.
