Mucho se está hablando ahora de diálogo nacional. Esto podría interpretarse como un reconocimiento de los líderes de la nación, inclusive del presidente Daniel Ortega, a la crisis general que sufre el país, la cual se agrava continuamente y podría desembocar en una catástrofe, en el caso de que no se adopten y ejecuten las medidas que son indispensables para encararla y resolverla. Sin embargo, si bien es cierto que son muchos los que hablan de diálogo también es verdad que cada quien tiene su propio concepto del mismo y que los propósitos de cada uno son distintos a los objetivos de los demás. En realidad, de lo que se habla es de un diálogo de sordos, en el sentido de una discusión en la que los interlocutores no se prestan atención entre ellos ni están dispuestos a ponerse de acuerdo unos con los otros, sólo les interesa imponer sus puntos de vista y sus particulares exigencias.
El presidente Ortega, quien habló del diálogo después de conversar con el presidente del BID y lo volvió a mencionar en un discurso que pronunció en Matagalpa el sábado pasado, se esfuerza en simular una apertura sólo para engañar a los donantes externos, para que le sigan brindando ayuda financiera, sobre todo la que necesita para cubrir el déficit presupuestario gubernamental. Pero Ortega no tiene intención de ceder nada; a lo sumo estaría dispuesto a aceptar algunas demandas de poca monta de la empresa privada a cambio de que el diálogo nacional avale su gestión gubernamental. Y en todo caso, Ortega sólo haría concesiones formales que no afecten su estrategia de largo plazo, si le aceptaran la reforma constitucional que necesita para reelegirse en el 2011, o para seguir en el poder en el 2012 con la camiseta de primer ministro.
En lo que se refiere a la oposición neozancuda, representada por el PLC que cogobierna con el FSLN en todos los poderes del Estado, dados sus antecedentes pactistas cabe suponer que el interés en el diálogo con el Gobierno es porque sería una excelente oportunidad para mejorar sus cuotas de participación en las instituciones estatales, es decir, de aprovechamiento del presupuesto nacional. Incluso el PLC apoyaría fácilmente las reformas constitucionales orteguistas, si el FSLN le garantizara que el próximo Presidente sería Arnoldo Alemán aceptando Daniel Ortega quedar como primer ministro, para el período gubernamental de 2012 a 2017.
En cuanto a la oposición democrática está claro que su interés en un diálogo con el Gobierno depende de que éste acepte la anulación del fraude electoral de noviembre pasado, así como una reforma sustantiva de la Ley Electoral que dé garantías legales de transparencia, despartidarización de los organismos electorales, observación electoral nacional e internacional y libertad irrestricta de organización política y manifestación pública.
La empresa privada, lo que quisiera ante todo de un diálogo nacional es obtener garantías de seguridad jurídica para las inversiones nacionales y extranjeras, aprobación de leyes para mejorar el clima de negocios, acuerdo razonable sobre el salario mínimo, etc. La dirigencia de la sociedad civil quiere respeto gubernamental a las ONG, políticas sociales y vigencia de los derechos democráticos y humanos. Y las iglesias católicas y de otras denominaciones abogan por un diálogo nacional que no sea para adoptar medidas cosméticas, sino para acordar soluciones efectivas a los problemas nacionales. O sea que cada quien tiene pensamientos y objetivos diferentes en relación con el supuesto diálogo nacional, del cual, si se llegara a montar, sería sumamente difícil que pudiera salir algo realmente bueno.
En una sociedad democrática el diálogo es un procedimiento confiable, legítimo, justo y necesario para buscar solución a los grandes y graves problemas que afectan a todos. Lo único que se requiere para el diálogo, como advertía Octavio Paz, es que los participantes hagan uso simultáneamente de firmeza y ductilidad, de flexibilidad y solidez. En la democracia, ante una situación de crisis que afecta a todos, los demócratas buscan cómo resolver los problemas mediante el diálogo, la tolerancia, el consenso y el fortalecimiento de las instituciones. Pero eso es lo que se hace en un país donde el Estado —como también decía Octavio Paz— está para defender a las personas de las agresiones, no para agredirlas. Lo cual no es el caso de Nicaragua bajo el régimen autoritario y abusivo de Daniel Ortega.
