Algunos dirigentes políticos y sociales consideran que las acciones represivas del Gobierno contra las personas y organismos cívicos que trajeron a Nicaragua al ex Presidente de México, Vicente Fox, para que dijera un discurso; y contra las ONG que han criticado al presidente Daniel Ortega y que han apoyado demostraciones públicas de oposición, son iguales e incluso peores que las que se practicaban durante la dictadura somocista.
Sobre todo los ataques violentos de turbas contra manifestantes opositores pacíficos, y los allanamientos de la Fiscalía y la Policía Nacional de las oficinas del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) y del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), el viernes y el sábado de la semana pasada, motivan a no pocas personas a comparar estas acciones con los procedimientos que usaba el somocismo para reprimir a sus opositores y amedrentar a la población.
En realidad, la represión “legal” que está practicando el gobierno de Daniel Ortega a través de la Fiscalía, equivale a las acciones represivas de la dictadura somocista por medio de la policía de seguridad del Estado y de los jueces que estaban a su servicio. Pero hay que decir que también es igual o parecida a la represión de la dictadura sandinista de los años ochenta, la cual estaba encabezada precisamente por el mismo Daniel Ortega. La diferencia radica únicamente en que la dictadura somocista y la dictadura sandinista de los años ochenta reprimían por medio de una policía de seguridad del Estado, mientras que ahora, la nueva dictadura en crecimiento de Daniel Ortega practica la represión a través de la Fiscalía o Ministerio Público de Nicaragua.
Como es bien sabido, no existe o no ha existido una dictadura, ya sea de derecha o de izquierda, militar o civil, constitucional o de hecho, que no practicara la represión, que no suprimiera o restringiera el derecho de organización independiente y la libertad de expresión y de prensa, y que no contara con una poderosa, intimidante y eficiente policía de seguridad del Estado.
Cuando nació la dictadura dinástica somocista, en la tercera década del siglo XX, no tenía una policía política. En aquella época la vida de la sociedad era muy sencilla; y la Guardia Nacional, que también ejercía funciones de policía, era suficiente para mantener a raya a la población y reprimir a los opositores que se atrevían a manifestarse contra la dictadura. De manera que pasó mucho tiempo hasta que el régimen somocista organizó la policía política represiva, que llamó Oficina de Seguridad Nacional (OSN), con el asesoramiento y ayuda material del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica.
Pero los comandantes sandinistas, quienes sin duda eran más “avanzados” que los Somoza, organizaron su policía política y de seguridad del Estado inmediatamente después de que tomaron el poder, en 1979. Y lo hicieron bajo la dirección de la célebre KGB de la extinta Unión Soviética, la Stasi de Alemania Oriental y el G2 de Cuba, y con la participación personal de mercenarios internacionalistas de América del Sur y Europa, expertos en terrorismo, espionaje y torturas de prisioneros. Aquel aparato policial de seguridad y represión que fue llamado Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE), se convirtió en uno de los símbolos más odiados y temidos de la dictadura sandinista. Y cabe recordar que su “bautismo de fuego”, o sea su primera operación de envergadura, fue el asesinato del antiguo oficial de la Guardia Nacional somocista, Pablo Emilio Salazar, alias “Comandante Bravo”, en Tegucigalpa, Honduras, en octubre de 1979.
Al terminar la dictadura sandinista en abril de 1990, como consecuencia de la clamorosa victoria popular electoral del 25 de febrero de ese mismo año, la DGSE fue desmantelada pero sus principales cuadros y muchos de sus miembros y colaboradores fueron reubicados en diversas instituciones del Estado, sobre todo en el Ejército y la Policía. Y luego, al formarse el Ministerio Público durante el gobierno de Arnoldo Alemán, numerosos ex DGSE fueron ubicados en la Fiscalía.
Ahora el Ejército tiene una Dirección de Información para la Defensa (DID), que no está sometida al control público y por lo tanto se ignora qué hace, pero tampoco se conoce que realice espionaje ni actividades represivas por cuenta del gobierno. Y aunque se ha rumorado que asesores cubanos y venezolanos han llegado al país, después de que Ortega recuperó el Poder Ejecutivo, para reorganizar la policía de seguridad del Estado, es evidente que eso no se ha hecho todavía. Sin embargo, el Gobierno le ha dado esas funciones de hecho a la Fiscalía, y hay que reconocer que las está cumpliendo muy bien.
