La posibilidad de zanjar la crisis política en Bolivia parecía diluirse ayer por la decisión de los prefectos opositores de cinco regiones de ir a un paro el próximo martes, mientras el presidente Evo Morales defiende su posición amparado en el gran respaldo electoral tras el referendo realizado el domingo.
Los gobernadores Rubén Costas (Santa Cruz), Savina Cuéllar (Chuquisaca), Mario Cossío (Tarija), Ernesto Suárez (Beni) y Leopoldo Fernández (Pando) asumieron la decisión del paro, reunidos en Santa Cruz, tras la infructuosa cita con Evo Morales en la sede de Gobierno el pasado miércoles.
Ellos firmaron un comunicado en el que fijaron su posición en siete puntos, entre los cuales puntualizaron la necesidad de la devolución de un impuesto regional confiscado el año pasado por el Ejecutivo, para financiar un bono de ancianidad, como punto de partida de un diálogo
Tan firme es esta posición que advirtieron “que mientras persista la confiscación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la presencia de autoridades nacionales en nuestras regiones será considerada no grata”.
También determinaron continuar con “el proceso autonómico” impulsado por estas regiones, cuatro de las cuales, aprobaron por cuenta propia estatutos autonomistas que Morales ha calificado de separatistas e ilegales.
Los prefectos de estas regiones rebeldes, la mayor oposición política de Morales, dejaron entrever que el paro del martes puede ser sólo el punto de partida de otras medidas que se planificarán regionalmente en “busca de recuperar estos recursos”.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, rechazó el llamado al paro, lamentó las medidas anunciadas por los prefectos de la oposición y les pidió hacer una adecuada lectura de los resultados de referendo revocatorio del pasado domingo en la que Morales obtuvo el 67 por ciento de respaldo.
“No desconozcan la voluntad de los bolivianos”, dijo.
