- Costa Rica está sacudida por el supuesto mal manejo de fondos de las arcas de la Iglesia
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La Iglesia católica de Costa Rica confirmó que ya entregó a la Superintendencia General de entidades Financieras (Sugef) los documentos relacionados con un escándalo financiero por el supuesto mal manejo de fondos de sus arcas.
En declaraciones que publico ayer el diario local La Nación, el abogado de la Conferencia Episcopal, Carlos Vargas Pagán, declaró que las autoridades ya están enteradas del caso y que cuentan con todo el apoyo de la estructura de la Iglesia costarricense.
El escándalo estalló el viernes cuando La Nación reveló anomalías en el manejo de al menos tres millones de dólares que salieron a partir del 2002 de las cuentas bancarias de la Iglesia, como préstamo a la empresaria suiza Ana Moscarelli, mediante una sociedad anónima.
Además, en las cuentas de la Conferencia Episcopal costarricense en el estatal Banco Nacional, ingresó dinero de particulares como el político italiano Giovanni Bondaz, quien es cuestionado por corrupción pública en su país.
En enero pasado, la sociedad anónima que aparecía como acreedora del préstamo de Moscarelli, ejecutó el fideicomiso de garantía que ella había presentado, valorado en 30 millones de dólares, pues son las acciones de tres hoteles de playa en el país.
Vargas Pagán reconoció que esta operación constituyó el delito de “intermediación financiera ilegal”, pero aseguró que fue producto de un fraude cometido por el ex administrador de Servicios Pastorales (una dependencia de la Iglesia), Jorge Torres, quien falleció en junio del año pasado.
Hasta ahora, los jerarcas de la Iglesia sólo han dado declaraciones a la La Nación y no se han referido al tema con ningún otro medio de comunicación.
El abogado dijo al periódico, que fue contratado por la Conferencia Episcopal en julio de 2007 para investigar las situaciones anómalas detectadas luego de la muerte de Torres.
Según Vargas Pagán, entregó a los obispos locales un informe en diciembre anterior sobre la operación ilegal de captación y préstamo de recursos de la Iglesia, pero les recomendó no denunciar el delito, porque “con la muerte de Torres se extinguió la acción penal”.
