Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del Movimiento Vamos con Eduardo (MVE) dieron a conocer el miércoles de esta semana un documento titulado Acuerdos Interbancadas, en los cuales dichos diputados asumen varios compromisos políticos muy importantes, incluyendo uno sobre el nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que debe hacerse en junio y septiembre del presente año.
En la parte considerativa de dicho documento se dice que “uno de los objetivos más importante de la Alianza Electoral suscrita por ambos bloques es ir dando pasos para sentar las bases de una gran Alianza, que trascienda el Período Electoral y nos integre bajo una misma bandera, uniéndonos todos en un solo partido”. Y a ese efecto resuelven que: “En las votaciones de voto calificado (léase Elección de Magistrados a la CSJ, CSE, Contralores, reformas a Leyes Constitucionales y Constitución de la República), se establecerán consultas previas entre los Partidos y Movimientos integrantes de la Alianza”.
Cabe recordar que entre las dos bancadas liberales suman 42 votos, del total de 91 diputados de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, sin su consentimiento sería imposible aprobar las leyes ordinarias, y mucho menos tomar las decisiones que requieren una votación calificada de 56 votos, como es el caso del nombramiento de Magistrados.
Los diputados liberales se comprometieron mediante esos Acuerdos Interbancadas, a “Promover la profesionalización del Poder Judicial a fin de que éste vaya alcanzando una verdadera independencia y que en el futuro sólo personas de reconocida probidad, profesionalismo, criterio y valores éticos sean nombrados Jueces y Magistrados debiendo consultarse las propuestas con las Asociaciones Civiles Pertinentes”.
Sin embargo, los diputados liberales no se obligan a ponerse de acuerdo para el nombramiento de los Magistrados, antes de negociar con la bancada del FSLN, lo cual es indispensable porque para eso se necesitan 56 votos y ninguna bancada los tiene. El compromiso de los diputados liberales se limita a establecer “consultas previas entre los Partidos y Movimientos integrantes de la Alianza”, de manera que queda abierta la posibilidad de que el PLC, por instrucciones del doctor Arnoldo Alemán que sigue ejerciendo una influencia determinante sobre el alto mando de este partido, se ponga de acuerdo con el presidente Daniel Ortega y con el FSLN para seguir nombrando a los magistrados de conformidad con el pacto libero-sandinista.
De todas maneras, peor sería que los diputados del PLC no hubiesen asumido públicamente el compromiso de consultar previamente a sus aliados en estos temas cruciales. Y es muy significativo que los diputados del PLC se hayan comprometido a promover la profesionalización y el saneamiento del Poder Judicial, el cual, precisamente por causa del pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega está ahora en crisis ética y de credibilidad institucional.
En este sentido, los Acuerdos Interbancadas de los liberales reconocen la razón de quienes denuncian la corrupción del Poder Judicial y luchan por su reforma y depuración.
Además, esos acuerdos vienen a darle un poco de confianza a la alianza del Movimiento Vamos con Eduardo y el PLC, que es necesaria para derrotar al orteguismo. Y fortalecen a los sectores del mismo PLC que rechazan el pacto y luchan esforzadamente por sacudirse de encima el enfermizo liderazgo caudillista de Arnoldo Alemán.
Por supuesto que en esto nadie debe hacerse ilusiones, las que no caben en política práctica. Se sabe muy bien que “del dicho al hecho hay mucho trecho” y “ firmar me harás pero cumplir jamás”, son los lemas amorales que han hecho propios los políticos pactistas. Pero esto no significa que a esos políticos se les deba permitir que hagan siempre lo que quieran. Por el contrario, los ciudadanos, la sociedad civil, la opinión pública, tienen que presionarlos y obligarlos a cumplir sus compromisos.
La recuperación de la justicia, que es indispensable para reconquistar la República, más que bandera de los políticos es una necesidad imperiosa de la sociedad y de los ciudadanos. Y estos se tienen que movilizar para forzar a los políticos autollamados democráticos, a cumplir sus obligaciones y a respetar el mandato que los votantes les han otorgado en las urnas electorales.
