El presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo se ufanan de que su mayor logro este año ha sido la instalación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), los que fueron impuestos contra ley expresa aprobada por la Asamblea Nacional y a pesar del repudio de la mayor parte de los nicaragüenses. Tanta importancia tiene para Ortega y Murillo este “logro” de su gobierno, que han calificado el 2007 como “año de los CPC” y nombrarán el 2008 como “año del poder ciudadano”.
En realidad, los CPC son la columna vertebral del proyecto de nueva dictadura que quieren imponer Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los CPC son una grave amenaza contra la democracia y la libertad de los nicaragüenses. Los CPC representan algo mucho más serio que lo que creen aquellos que han dicho que el escándalo en derredor de tales organismos es sólo una estratagema para desviar la atención del incumplimiento de las promesas de Daniel Ortega, y de la atroz incapacidad administrativa que ha demostrado en su primer año de ejercicio gubernamental.
Cuando a Vladímir Ilich Lenin le preguntaron cómo podía definir el comunismo que pretendía instaurar en Rusia, respondió lacónicamente que el comunismo era simplemente el poder de los soviets más la electrificación de todo el país. Es decir, la combinación del poder político organizado como gobierno de los consejos, o sea soviético, con el desarrollo económico y material del país. La palabra rusa soviet significa consejo en español, y República de los soviets o de los consejos fue la denominación que Lenin dio al régimen comunista que instauró en 1917 y duró hasta 1990.
Actualmente, de los soviets de Daniel Ortega y Rosario Murillo, o sea los CPC, se dice que son los mismos Comités de Defensa Sandinista (CDS) que hubo en los años ochenta, durante la dictadura revolucionaria del FSLN. Pero la verdad es que los CPC son mucho más que los antiguos CDS, los cuales eran grupos de base organizados de abajo hacia arriba y diseminados por todo el país. Su función fundamental era la vigilancia revolucionaria, como se le llamaba a la labor de espionaje de las personas sospechosas de colaborar o simpatizar con la contrarrevolución, o simplemente inconformes con el régimen sandinista. Y de manera complementaria los CDS servían de apoyo a la ejecución de programas sociales del gobierno sandinista.
Por su parte, los CPC han sido programados para cumplir algunas de las funciones que ejecutaban los CDS, pero tienen varias diferencias fundamentales: primero, los CPC son creados obligatoriamente, por decreto presidencial; segundo son organizados de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, como fueron los CDS; y tercero, los CPC no se subordinan al partido FSLN sino al poder personal, conyugal y familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Dicho con otras palabras, los CPC son un proyecto particular del matrimonio presidencial.
De acuerdo con el Decreto No. 114-2007 del presidente Ortega, dictado el 6 de diciembre en curso, los CPC deben ser organizados en todas las “comunidades, comarcas, barrios, distritos, municipios, departamentos, regiones autónomas y a nivel nacional”. Y según el mismo decreto los CPC cumplirán funciones de adoctrinamiento y propaganda política, seguridad pública, intercambios comunitarios, educación, políticas culturales, protección del medio ambiente, control del transporte público, del empleo y del trabajo comunitario, etc. Y además, por mandato presidencial los CPC controlarán a todos los sectores sociales: mujeres, jóvenes y niños, adultos mayores, trabajadores formales e informales, empresarios, iglesias y organizaciones religiosas, etc.
Los CPC constituyen, pues, un proyecto de poder político y organización social de carácter totalitario. Es una modalidad “nueva” de los sistemas opresivos y oprobiosos que funcionaron en la Rusia Soviética leninista y la URSS estalinista, en la China maoísta y la Cuba castrista. Los CPC no son una simple estratagema diversionista, como creen algunas personas, sino una brutal amenaza totalitaria. Por lo tanto hace muy bien la oposición en rechazar esos instrumentos del mal, cuyo objetivo es suprimir las libertades individuales y los derechos políticos y sociales de los nicaragüenses, y servir como armazón de una dictadura que si lograra consolidarse sería peor que todas las que ha tenido que soportar el pueblo de Nicaragua a lo largo de su historia.
