Un grupo de organizaciones cívicas que conforman el Grupo Promotor de las reformas electorales, dieron a conocer una propuesta de nueve puntos esenciales para mejorar la legislación que rige el sistema electoral de Nicaragua.
Como primer punto, señalan que la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), debe provenir de listas propuestas por una comisión cívica electoral, y que haya una reducción en el número de autoridades electorales, donde se escoja a tres propietarios y dos suplentes.
Mauricio Zúñiga, director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), expresó que la reducción del cuerpo colegiado del Poder Electoral, representa un ahorro de 2 millones 600 mil córdobas aproximadamente, durante el período que ostentan ese cargo.
La comisión cívica electoral estaría conformada por rectores del Consejo Nacional de Universidades y de las universidades privadas, así como por miembros de la Asociación de Juristas y representantes de la sociedad civil entre otros.
Otro de los planteamientos es que se reduzca el número de diputados de la Asamblea Nacional de 91 a 70 escaños, lo que podría significar una reducción del gasto público para ser orientado a programas sociales.
La reducción del número de diputados, estima un ahorro de 1 millón 106 mil dólares por año, al considerarse los salarios de los diputados propietarios y sus suplentes, sin considerar los otros fondos que manejan.
NO A LA REELECCIÓN
Que no exista reelección, y que para ello, no se permita que quienes ejercieron el cargo de presidente o vicepresidente en cualquier período puedan volver a postularse, así como también no se integren a la Asamblea Nacional a los ex presidentes o ex vicepresidentes, al concluir su administración, es otra de las premisas.
Otro de los aspectos, es el derecho ciudadano de presentar candidaturas por suscripción popular, y que la elección de diputados departamentales y regionales, así como de concejales, sea mediante listas, donde el ciudadano seleccione los candidatos de su preferencia de la lista del partido político por el que siente simpatía o milita.
También se pronuncian porque no haya una vinculación partidaria de los miembros de los Consejos Electorales Departamentales (CED) y Municipales (CEM), para los procesos electorales, sino que sean seleccionados de propuestas hechas por todos los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Nacional y escogidos en proporción equivalente al peso de su representación parlamentaria, respetando criterios de idoneidad para el cargo.
En la actualidad los consejos electorales son integrados de ternas que envían los representantes legales de los partidos políticos y que hayan obtenido el primer y segundo lugar, lo que margina a otras organizaciones políticas.
