La única explicación que se le puede encontrar al acoso tributario del Gobierno del presidente Daniel Ortega contra LA PRENSA, que le está cobrando una falsa deuda de casi catorce millones de córdobas, es que se trata de un castigo a este Diario por su posición crítica e independiente.
Es absolutamente falso que LA PRENSA no quiera pagar impuestos. Esta es una enorme mentira de la DGSA (Dirección General de Servicios Aduaneros) sin duda que para justificar la agresión del Gobierno del presidente Daniel Ortega contra LA PRENSA y contra la libertad de expresión y de prensa en términos generales.
En realidad, LA PRENSA ha demostrado de manera fehaciente que paga sus impuestos. Sólo en el período de 2005 a lo que va del año 2007, le ha pagado al Fisco más de 59 millones y medio de córdobas —equivalentes a más de tres millones trescientos mil dólares— en concepto de IR, IVA, Retención en la fuente de proveedores e IR de los empleados. Además, en ese mismo período LA PRENSA ha pagado impuestos municipales por casi quinientos millones de córdobas —equivalentes a casi 29 millones de dólares— en impuesto municipal, de bienes inmuebles y de matrícula.
Pero LA PRENSA no tiene por qué pagar lo que no debe. LA PRENSA no debe pagar la deuda inexistente que le imputa el Gobierno para causarle un grave daño económico y para que sus medios traten de desacreditarnos acusándonos de no querer pagar impuestos. Esta política de terrorismo fiscal es para tratar de amedrentarnos, para obligarnos a autocensurarnos, si es que no está en los planes gubernamentales el objetivo de liquidar a LA PRENSA, como lo intentaron pero no lo pudieron lograr durante la dictadura sandinista de 1979 a 1990.
La deuda que la DGSA le imputa a LA PRENSA es falsa, porque el artículo 68 de la Constitución Política de la República establece de manera taxativa que: “La importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos, así como la importación, circulación y venta de libros, folletos , revistas, materiales escolares y científicos de enseñanza, diarios y otras publicaciones periódicas, ESTARÁN EXENTAS DE TODA CLASE DE IMPUESTOS MUNICIPALES, REGIONALES Y FISCALES” (las mayúsculas son de LA PRENSA).
En marzo de 2005 se aprobó una reforma del citado artículo 68 de la Constitución, que no modificó la disposición taxativa sobre la exención a las importaciones de papel y otros insumos fundamentales, sólo agregó la frase de que “las leyes tributarias regularán la materia”.
Es mediante la Ley 528 (Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 453, Ley de Equidad Fiscal), mejor conocida como “Ley Arce contra la libertad de expresión y de prensa”, que se ha pretendido obligar a LA PRENSA a pagar impuestos también por la importación de papel y otros insumos, lo cual es flagrantemente inconstitucional. En efecto, la “Ley Arce” no tiene validez porque pretende reformar el artículo 68 de Constitución, lo cual es absurdo porque la ley reglamentaria jamás puede modificar la ley reglamentada; y mucho menos que el texto constitucional pueda ser reformado por una ley inferior o secundaria.
Precisamente por eso la “Ley Arce” fue recurrida de inconstitucionalidad por representantes de diversos medios de comunicación social. Además, LA PRENSA recurrió de Amparo contra el cobro ilegal y abusivo de la DGSA, recurso que fue admitido por el tribunal competente. Y cabe señalar al respecto que el artículo 234 del Reglamento del Código Aduanero Unificado Centroamericano (Recauca) establece de manera que: “La admisión de los recursos establecidos en este capítulo suspenderá la ejecución de la resolución recurrida. No se exigirá garantía ni pago alguno como requisito para admitir los recursos”.
De manera que está en manos de la Corte Suprema de Justicia resolver pronto esos dos recursos para poner fin a esta situación que otra vez exhibe internacionalmente al Estado de Nicaragua, como violador de derechos humanos y libertades fundamentales. Y esperamos que la Corte se pronuncie lo más pronto posible, a fin de restablecer la legalidad en este caso y hacer respetar la libertad de expresión y de prensa que está siendo agredida por gobernantes intolerantes, autoritarios y represivos.
