A los gobernantes neototalitarios de Nicaragua y algunos de sus aliados les molesta que se cuestione la Ley de Acceso a la Comunicación Pública que fue aprobada el miércoles 16 de mayo corriente y entrará en vigencia seis meses después, cuando el presidente sandinista Daniel Ortega la reglamente. Pero la discrepancia pública con el Gobierno (entre el que se incluye a la Asamblea Nacional o Poder Legislativo), es esencial e indispensable en una democracia auténtica y sana. ¿O es que Nicaragua está dejando de ser un país democrático y va de regreso a la dictadura de tiempos pasados?
Lamentablemente así es. De allí que el presidente Ortega se ufane de que sus verdaderos amigos son los gobernantes totalitarios de Corea del Norte, Libia y Cuba. Y no es por casualidad que Ortega ha unido a Nicaragua con la alianza internacional llamada Alba, que es el proyecto del dictador venezolano Hugo Chávez para imponer en nuestros países un régimen totalitario denominado “socialismo del siglo XXI”. Un socialismo que, como escribió el periodista venezolano Axel Carriles en la edición de ayer del diario El Universal, “busca relevarnos de toda la carga pesada de la conciencia y de la individualidad. Se preocupa porque nadie exprese opiniones distintas a la verdad oficial y nos evita la ardua labor crítica de tener que discernir entre mensajes dispares”.
Como es fácil recordar, cuando gobernaron en los años de 1979 a 1990, los sandinistas no reconocieron el derecho al disentimiento y a quienes se atrevían a criticar al gobierno, Daniel Ortega los calificaba como “peleles del imperialismo”, igual que ahora. La dictadura sandinista sólo admitió una oposición mediatizada y eso que a regañadientes. Sin embargo, cuando estuvo fuera del Poder Ejecutivo el FSLN no sólo ejerció el derecho a la discrepancia y la oposición, sino que abusó de ésta haciendo asonadas y otras acciones de violencia callejera. Por su parte, los ahora compañeros de viaje de los neototalitarios, en tiempos de las dictaduras somocista y sandinista reclamaron de manera vigorosa y valiente su derecho a disentir, a cuestionar al gobierno, a practicar la oposición, por lo que fueron reprimidos inclusive brutalmente por los que ahora son sus aliados. Pero al parecer se les olvidó todo aquello.
Así es la historia. Sin embargo, mientras haya posibilidad de disentir, de cuestionar y de ejercer el derecho a la libertad de expresión sin mediatizaciones, ni censuras ni autocensuras, los gobernantes neototalitarios y sus aliados tendrán que aguantar las críticas y los cuestionamientos a sus políticas y acciones gubernamentales, como en el caso de la recién aprobada Ley de Acceso a la Información Pública.
A nuestro juicio durante el actual Gobierno de vocación neototalitaria es muy difícil, por no decir imposible, que los ciudadanos tengan acceso real y libre a la información de interés público. Lo cierto es que por muy bonita que fuese esta Ley, para nada o para muy poco servirá porque no existe la institucionalidad democrática indispensable para hacerla funcionar. Peor aún, los mecanismos burocráticos para su implementación serán integrados por militantes del FSLN y algunos de sus aliados, igual que los consejos de “participación” popular.
Por otro lado, no es toda la Ley de Acceso a la Información Pública la que se está cuestionando, sino algunos aspectos puntuales, como la falta de reconocimiento al derecho a conocer las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos y la pretensión de regular el ejercicio del periodismo. El pretexto para rechazar el derecho a conocer las declaraciones de bienes de los funcionarios —a fin de saber con cuánto dinero y bienes entraron y salieron del cargo y por qué al poco tiempo algunos dejan de vivir en barrios modestos y se instalan en los repartos más exclusivos, lujosos y costosos—, es el de que eso no es materia de la Ley de Acceso a la Información Pública sino de la Ley de Probidad. Sin embargo incluyeron un artículo en la Ley de Acceso a la Información Pública, el 46, mediante el cual se pretende regular el ejercicio del periodismo a pesar de que esto no es materia de esa ley ni de ninguna otra.
En todo caso, para que los ciudadanos puedan tener un acceso real a la información de interés público habrá que esperar a que se establezca en el país un auténtico gobierno democrático.
