El PRESIDENTE DANIEL ORTEGA dijo a finales de febrero que impondrá sus Consejos “independientemente de lo que digan ellos (los diputados) allá en la Asamblea”. (LA PRENSA/Archivo)

Consejos de Desarrollo contra la pared

Temen ser desplazados por los nuevos Consejos Presidenciales y nadie les da explicaciones [doap_box title=»Lo que dicen las leyes» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] La disputa abierta por el presidente Daniel Ortega entorno a los alcances legales que tienen los Consejos del Poder Ejecutivo y lo estipulado en la Ley de Participación Ciudadana, o Ley 475, llega a […]

  • Temen ser desplazados por los nuevos Consejos Presidenciales y nadie les da explicaciones
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La disputa abierta por el presidente Daniel Ortega entorno a los alcances legales que tienen los Consejos del Poder Ejecutivo y lo estipulado en la Ley de Participación Ciudadana, o Ley 475, llega a su fin cuando se compara una disposición con otra.

En su Artículo 2, la Ley 475 dice que los instrumentos de participación ciudadana son:

1- La iniciativa Ciudadana en general para el caso de las normas de ámbito nacional, regional autónoma y local.

2- La consulta ciudadana de normas en la fase del dictamen, en el ámbito nacional, regional autónomo, departamental y local.

3- Las instancias consultivas para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el ámbito nacional, regional autónomo, departamental y local.

4- Las asociaciones de pobladores y las organizaciones gremiales, sectoriales, sociales, organizaciones de mujeres y jóvenes en el ámbito local; y

Además, en el Artículo 3, la Ley 475 plantea que “para los fines y efectos de la presente ley, se desarrollan los instrumentos de participación ciudadana establecidos en la Constitución Política y otras leyes, siendo éstos los siguientes: los cabildos abiertos municipales, los Comités de Desarrollo Municipal y Departamental; y la petición y denuncia ciudadana.

Mientras, la reforma a la Ley 290, de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo señala que los Consejos que el Presidente puede crear por decreto son “instancias intersectoriales de coordinación, participación y consultas”.

Sin embargo, Ortega sostuvo a finales de febrero que las decisiones que tomen esos Consejos gubernamentales deberán ser aprobadas como ley en el parlamento.

El Artículo 1 de la reforma a la Ley 290 dejó establecido que “el Presidente de la República podrá crear mediante decretos las Secretarías y Consejos que estime conveniente para el mejor desarrollo de su gobierno y determinará la organización y funcionamiento de estos”.

Añade que “los Consejos referidos en el presente artículo actuarán como instancias intersectoriales de coordinación, participación y consulta” y “a dichos Consejos no se les podrá transferir ninguna de las funciones y facultades de los ministerios de Estado”.

“La participación en las sesiones de esos Consejos no generarán salario ni remuneración económica”, precisa.

Además, el Artículo 19 de la reforma a la Ley 290 señala: “Se derogan los decretos, resoluciones, acuerdos o leyes que contradigan las disposiciones relativas a las instancias públicas y órganos administrativos o de consulta creados por la presente ley”.

Sin embargo, en un acto celebrado en Monimbó, Masaya, el pasado 24 de febrero, Ortega insistió en que los Consejos deben ser escuchados y sus decisiones llevadas a la Asamblea Nacional para su aprobación.

“La posición nuestra (…) la mantenemos y la vamos a defender y la vamos a ejecutar, independientemente de lo que digan ellos (los diputados) allá en la Asamblea”, aseguró Ortega.

“Los Consejos deben tener facultades (…) para que lo que ellos planteen y aprueben, el Ministro correspondiente y el Gobierno están en la obligación de ir a defender lo que aprobó el Consejo allí a la Asamblea Nacional, irlo a pelear allí, irlo a defender”, añadió Ortega.

“El presidente es el pueblo y eso significa que el pueblo está mandando aquí en Nicaragua; y que lo tengan bien claro allí en la Asamblea Nacional”, advirtió el mandatario nicaragüense.

Ludwin Loáisiga

Ortega viola ley

A través de una reforma a la Ley 290, de organización del Poder Ejecutivo, el presidente Daniel Ortega obtuvo facultades para crear por decreto Consejos o Secretarías de consulta y sin rango ministerial.

Sin embargo, el mandatario nicaragüense ha dicho que las decisiones que tomen esos Consejos deberán ser acatadas por los ministros, lo que para algunos analistas sería una violación a las leyes.

“Los Consejos establecidos en la Ley 290 son instancias de articulación interinstitucional con presencia de algunas organizaciones sociales, para mí esto no tiene nada malo. Lo que pasa es que algunos Consejos están actuando violentando la ley y tomando decisiones que tal vez le competen a las instituciones que forman parte del Consejo y eso es lo que se ha criticado”, explicó la diputada Mónica Baltodano.

Ludwin Loáisiga[/doap_box]

“Si realmente están por una democracia participativa, que fortalezcan los mecanismos establecidos en la ley o que creen nuevos mecanismos pero al amparo de la Ley de Participación Ciudadana y no en la Ley 290, que lo que tiene que hacer la Ley 290 es regular la participación del Poder Ejecutivo”, añadió la legisladora por el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS).

El decreto del presidente Daniel Ortega para crear Consejos Presidenciales en cada departamento y municipio tiene paralizados o al menos confusos a los miembros de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CDD), que se crearon a la sombra de la Ley de Participación Ciudadana o Ley 475, que es la que reglamenta lo dispuesto en el Artículo 50 de la Constitución.

Muchos de los dirigentes de estos Consejos consultados en diferentes departamentos aún no saben cuál será la función o el funcionamiento de los Consejos Presidenciales y, peor aún, han pedido una explicación al Ejecutivo y no han recibido respuesta.

En León existe un Consejo de Desarrollo del departamento (Condelón), al que concurren representantes de pobladores de 102 áreas, pero entre sus directivos existe confusión sobre el futuro de esta instancia desde que el presidente Daniel Ortega anunció la creación de nuevos Consejos Ciudadanos.

La coordinadora en funciones del Comité de Desarrollo de Matagalpa, Aura Lila Sevilla, cree que los Consejos Presidenciales pueden debilitar el modelo participativo experimentado desde hace años en este departamento del Norte del país.

En Chontales, el dirigente del Comité de Desarrollo (Chontaldes), Erwing de Castilla, dijo que desconoce el sentido del nuevo decreto presidencial para formar Consejos Departamentales, pero enfatizó en que ellos continuarán trabajando según la constitución propia de Chontaldes.

En Masaya, el coordinador del Consejo de Desarrollo Departamental, Leonardo Martínez, también desconoce la relación que habrá entre ellos y los nuevos Consejos creados por el Poder Ejecutivo, de los que igual ignoran sus funciones.

La presidenta del Consejo de Desarrollo de Granada, Karla Sequeira, informó que ha mandado cartas solicitando una reunión con el presidente Ortega y la Primera Dama Rosario Murillo, para plantearles que retomen las experiencias de los Consejos que ya existen en los municipios o departamentos, que no los ignoren sino que los mejoren.

En Rivas, el primer secretario del Consejo Departamental de Desarrollo, Alejandro Espinosa, duda que los nuevos Consejos creados por el presidente Ortega vayan a sustituir a los que ya existen en los departamentos, porque “más bien buscamos la coordinación y serviríamos de fortalecimiento de los Consejos Ejecutivos, ya que los Consejos Departamentales conocemos nuestro territorio, seríamos facilitadores del desarrollo a nivel departamental y por tanto nacional”.

SUGIERE PROMOVER LEY 475

La diputada por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Mónica Baltodano, rechazó el argumento del gobernante Frente Sandinista (FSLN) de que a través de los Consejos, que Ortega puede crear por decreto, se fortalecerá la democracia participativa.

Baltodano, especialista en Derecho Municipal, opinó que si el presidente Ortega estuviera interesado en promover la “democracia participativa”, impulsaría la Ley de Participación Ciudadana, o Ley 475.

“El Artículo 50 de la Constitución manda a que se dicte una ley, que dice que la ley de la materia regulará la participación ciudadana, por eso he insistido en que los Consejos que se han establecido en realidad no son mecanismos de participación ciudadana, sino mecanismos de coordinación institucional que les quieren dar poder de decisión, pero que realmente no lo tienen, los que sí lo tienen son los mecanismos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana”, dijo Baltodano.

CHONTALDES PERSISTIRÁ

El Consejo chontaleño nació en el año 2003, amparado en la Ley de Participación Ciudadana, para priorizar las demandas de la población, presentadas por los mismos habitantes, de las que han surgido proyectos como el mejoramiento de la calidad de la leche en seis municipios y la capacitación a microempresarios del sector turismo.

Su coordinador Erwing de Castilla, quien antes fue Alcalde sandinista en Juigalpa, comentó la iniciativa reciente de Ortega: “El decreto presidencial dice: Créase los Consejos Departamentales, pero no está muy claro de qué se trata. Nosotros vamos a trabajar de acuerdo con la constitución de Chontaldes”.

Los directivos del Comité de Matagalpa esperan que algún representante del Frente Sandinista les dé una explicación. “Hasta el momento no nos han contactado, estamos viendo que puede haber una duplicidad de esfuerzos y no sabemos si en realidad estos Consejos van a ser paralelos al Comité de Desarrollo Departamental (CDD)”, dijo Aura Lila Sevilla.

“Si se crean Consejos paralelos lo que van a hacer es debilitar al CDD, el cual está integrado por más de 80 organizaciones, donde estamos trabajando, se están haciendo proyectos y hemos logrado firmar convenios con España”, agregó.

Leonardo Martínez, del Consejo de Desarrollo de Masaya, considera que los nuevos Consejos Ciudadanos de Ortega tendrán que vincularse con los que ya existen en los departamentos, porque de lo contrario duplicarían esfuerzos.

“Hasta el momento no se nos ha buscado para hablar de trabajo en conjunto. La esperanza es que después de que este Gobierno afine lineamientos y se organice de forma positiva, nos busque”, explicó.

Bayardo Linarte, secretario técnico de Condeleón, explicó que este “es un espacio de concertación, cuya misión es tratar de articular la planificación territorial, tanto de los municipios (10) como a nivel nacional”.

Uno de los méritos de Condeleón que comparte con el Consejo de Desarrollo de Chinandega es la contribución a la formulación de los proyectos de la Cuenta Reto del Milenio, que prioriza la construcción de carreteras.

NO PUEDEN SUSTITUIR

El Consejo de Rivas fue creado en el año 2003 con el propósito de ser “un espacio de consulta en el que la ciudadanía organizada participa en la elaboración, evaluación y seguimiento de las políticas y planes de inversión pública en el departamento”, explicó su primer secretario, Alejandro Espinosa.

En la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), la última vez que se reunió el Comité de Desarrollo Regional fue durante la segunda semana de enero pasado.

Sin embargo, su funcionamiento depende ahora de que el gobierno de Daniel Ortega cumpla su promesa de regionalizar las instituciones del Estado en la costa caribeña, porque así la RAAS manejaría su propio presupuesto y el Comité incidiría en los proyectos de desarrollo.

“Antes teníamos un Comité de Desarrollo Regional o Coplar (Consejo de Planificación Regional), sin presupuesto, pero ahora regionalizaremos las instituciones y manejaremos los presupuestos, lo que significa que ahora podremos desarrollarnos”, explicó uno de sus miembros, Paúl González Tenorio.

(Con la colaboración de Sergio León, María José Aguirre, Tiara Sánchez, Noelia Sánchez y Ludwin Loáisiga)

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