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La profecía de las “maras”
Washington.post
La violencia pandillera continúa siendo la mayor amenaza a la seguridad en El Salvador, Guatemala y Honduras. Según fuentes oficiales, la actividad marera representa hasta un 90 por ciento de todos los crímenes, incluidos homicidios, secuestros y extorsión.
Funcionarios de los tres países se han quejado por años de que la política estadounidense de deportación exacerba el problema pandillero.
Pobre cooperación e insuficiente intercambio de información han hecho imposible saber si los deportados, que llegan por centenares en aviones fletados para ese propósito, son criminales o no.
Existen casos de reconocidos delincuentes que al pasar por la puerta giratoria de las deportaciones aprovechan para adquirir nueva identidad y así seguir evadiendo a la justicia.
Hace dos años, cuando el Departamento de Seguridad Nacional lanzó una campaña de tolerancia cero contra inmigrantes ilegales sospechosos de ser pandilleros, optó por deportarlos inmediatamente en vez de llevarles ante una corte estadounidense. El número de deportados se duplicó.
El embajador salvadoreño René León ha advertido desde hace tiempo que la falta de una mayor cooperación estadounidense “puede hacer perder la guerra contra la delincuencia”. Según León, el presidente salvadoreño Elías Antonio Saca, discutió específicamente los efectos de las “deportaciones automáticas” en una reunión con el presidente Bush en septiembre.
Parece que Bush escuchó atentamente a Saca —un cercano aliado y el único líder latinoamericano con tropas todavía en Irak. Ahora “las cosas están avanzando en la dirección correcta”, dijo León en una entrevista la semana pasada.
Hoy, antes de salir, todos los deportados son entrevistados por un funcionario consular que confirma que son salvadoreños y, funcionarios de inmigración estadounidense notifican a sus contrapartes con anticipación cuando un avión de deportados se dirige a su territorio.
Más aun, el Secretario de Justicia de Estados Unidos Alberto González anunció desde San Salvador la semana pasada, nuevas medidas enérgicas de cooperación contra las pandillas. Estados Unidos compartirá sus bases de datos de huellas digitales, ofrecerá entrenamiento policial y ayudará a crear nuevas unidades anti pandillas que contarán con la participación directa de agentes del FBI. Específicamente para El Salvador, agencias de Estados Unidos harán una amplia evaluación de las mejores tácticas del país y sus opciones hacia el futuro.
En muchos aspectos, El Salvador está logrando la ayuda que ha pedido. Pero, por muy necesaria que sea la cooperación policial, es bastante claro que no será suficiente para cambiar la situación de manera definitiva.
El gobierno salvadoreño ha adoptado su propia estrategia de tolerancia cero contra las pandillas pero hasta ahora ha fracasado. Sus políticas de mano dura, que han llevado al arresto de jóvenes por el simple hecho de sospecharse que son pandilleros, ha sobrecargado al sistema judicial y penitenciario de El Salvador. Entre tanto, la tasa de homicidios ha aumentado llegando a ser una de las peores del mundo, lo que ha erosionado la confianza pública en el sistema judicial y llevado a infructuosos señalamientos entre las diversas ramas del Gobierno.
Las pandillas han reaccionado a la mano dura consolidándose cada vez más como organizaciones clandestinas, de acuerdo con Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Publica de la Universidad Centroamericana que ha seguido el tema de las pandillas por diez años. “El problema se va agudizando”, dijo; y agregó que el actual enfoque tal vez lleve a una “profecía auto-cumplida en que las pandillas finalmente llegan a ser lo que la sociedad las obliga ser”.
Los funcionarios salvadoreños reconocen que el país no puede solucionar el problema a punta de arrestos y encarcelamientos. Pero si el sentir del embajador León es generalizado, el gobierno salvadoreño no se ve a sí mismo jugando un papel más amplio. Cuando le pregunté sobre programas de prevención, León dirigió mi atención al trabajo de organizaciones sin ánimo de lucro, iglesias y otros fuera del Gobierno. Y ¿la rehabilitación? Un desperdicio de tiempo y dinero: “90 por ciento de los mareros no pueden rehabilitarse”, dijo León.
Fuentes estadounidenses y centroamericanas me informan que la Administración Bush cree que los esfuerzos oficiales de El Salvador se quedan cortos. El hecho de que González no mencionó esos reparos en su discurso desde San Salvador no es demasiado sorprendente teniendo en cuenta que estaba acompañado del mandatario salvadoreño y Estados Unidos no iba a avergonzar a su principal aliado en la región.
Pero el contenido de su discurso, con excepción de una frase sobre prevención, no reflejó correctamente el debate dentro de su propio gobierno. “Entiendo, por funcionarios estadounidenses, que se ha aprobado una amplia estrategia antipandillas” que aboga por una respuesta más completa y balanceada al problema, dijo Geoff Thale, de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos.
Independientemente del énfasis que le dio, la atención de González al tema debería tener por lo menos un efecto inmediato e importante: deberá hacer más difícil que funcionarios centroamericanos, especialmente salvadoreños, culpen a Estados Unidos por sus fallas en reducir la violencia pandillera.