La decisión del presidente Daniel Ortega de reducir sustancialmente los sueldos de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo —incluyendo el propio del Presidente en más del 60 por ciento— ha provocado diversas reacciones y comentarios.
Según informó LA PRENSA el martes de esta semana, la reducción salarial afecta a los más altos funcionarios de 13 ministerios y 37 instituciones descentralizadas y empresas del Estado. Además, para otros altos funcionarios que trabajan en esas instituciones y empresas pero no forman parte de la planilla estatal ordinaria, el presidente Ortega decretó una reducción salarial del diez por ciento.
A salvo de esa disminución de salarios quedan los funcionarios superiores e intermedios de los otros poderes del Estado, quienes de acuerdo con su propia interpretación del precepto constitucional de separación e independencia de los poderes estatales ellos mismos determinan sus sueldos y los múltiples beneficios adicionales que reciben, que son extremadamente altos. Además, sus desmesurados sueldos y privilegios adicionales están protegidos por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, según la cual los salarios en esos poderes del Estado no pueden ser regulados por la ley sino decididos por ellos mismos.
Cabe señalar que la remuneración de los altos funcionarios estatales no es sólo un tema de amplio interés y debate nacional, sino también un problema de política pública, aquí y en todas partes del mundo. Al respecto, uno de los criterios más fuertes a favor de que los altos cargos del Estado sean también altamente remunerados, es el que sostiene que al pagar bajos salarios en el servicio público de primer nivel y ámbito intermedio, lo que se consigue principalmente es alejar a las personas más idóneas. Y sostiene que pagar altos sueldos —en relación con el promedio salarial de la sociedad— a los funcionarios superiores e intermedios del Estado, es un antídoto contra la corrupción, pues los funcionarios públicos que son muy bien pagados no tienen necesidad de robar, ni de pedir ni recibir coimas, ni de traficar con las influencias políticas, etc.
Sin embargo la experiencia refuta esa tesis, al menos en Nicaragua, donde durante el gobierno de Arnoldo Alemán de 1997 a 2002, a los altos funcionarios y a muchos de rango intermedio se les pagó —por encima y por debajo de la mesa— los sueldos más altos de toda la historia nacional; y sin embargo ese gobierno ha sido también el más corrupto de todos los tiempos, peor aún que las dictaduras somocista y sandinista. De manera que no basta con pagar altos sueldos a los altos y medios funcionarios públicos para prevenir la corrupción, pues dinero llama dinero y a algunas personas recibir un sueldazo más bien les puede avivar la codicia e impulsarlas a incrementar sus ya altos y afortunados ingresos, por otros medios ilegales y corruptos.
O sea que en general es correcto fijar un buen salario para los altos funcionarios estatales, que se supone están debidamente capacitados para desempeñar sus funciones y si no se les paga bien se irían a trabajar al sector privado. Pero también es verdad que se debe garantizar que esos funcionarios sean realmente personas idóneas, y además hay que controlarlos, para impedir que aprovechen sus cargos como medios de mayor enriquecimiento personal y familiar.
Por otra parte, de nada o de muy poco serviría el recorte salarial en el Poder Ejecutivo decretado por el presidente Ortega, si esto va a ser una reducción nominal por un lado pero aumento real por el otro, como ocurrió durante la revolución sandinista, cuando los sueldos máximos en el Gobierno eran equivalentes a mil dólares pero los miembros de la nomenclatura gubernamental recibían cuantiosos complementos y privilegios por otras vías. Además el presidente Ortega debe presionar a los altos cargos de los otros poderes del Estado para que reduzcan también sus propios salarios —los cuales deben ser señalados en el Presupuesto General de la República— y que se eliminen los cuantiosos privilegios que se recetan a ellos mismos.
En todo caso, la reducción salarial en el Poder Ejecutivo que anunció el lunes pasado el presidente Ortega debe valorarse como una medida positiva, la cual aplaudimos de la misma manera que criticamos las acciones negativas que el nuevo titular del Ejecutivo ha realizado en los pocos días que tiene de ejercicio presidencial.
