Las bancadas parlamentarias están ahora enfrascadas en la intensa lucha por obtener los puestos de la junta directiva de la Asamblea Nacional que se instalará el 9 de enero próximo. Entre los siete cargos directivos del Legislativo, los principales y más codiciados son tres: presidencia, primera secretaría y primera vicepresidencia, pues son los que más privilegios personales reportan a sus titulares pero también los que mejor permiten maniobrar el manejo de la agenda legislativa y las relaciones con el Poder Ejecutivo de la República.
La falta de precisión legal sobre la composición política que debe tener la junta directiva de la Asamblea Nacional, permite que sea integrada discrecionalmente por los líderes de los partidos que tienen representación parlamentaria. Al respecto la Constitución Política de la República sólo señala, en el inciso 17 de su artículo 138, que es atribución de la Asamblea Nacional: “Elegir a su junta directiva”. Y el Estatuto General de la Asamblea Nacional indica (artículo 20) que “su composición deberá expresar el pluralismo político y por consiguiente deberá procurar proporcionalidad electoral”.
El hecho de que ni la Constitución ni el Estatuto General de la Asamblea Nacional establezcan, de manera expresa, la obligatoriedad de la composición plural y electoralmente proporcional de la junta directiva de la Asamblea Nacional, sólo que debe “procurarse”, es lo que ha permitido hasta ahora que los directivos parlamentarios sean nombrados más por disfrutar los privilegios que reportan dichos cargos, que por el interés institucional y nacional.
Ahora bien, en un estricto sentido de derecho y de acuerdo con la indicación estatutaria de que se debe “procurar” que en la junta directiva de la Asamblea Nacional se manifieste el pluralismo político y la proporcionalidad electoral, sin duda que la presidencia del Poder Legislativo le corresponde por derecho propio al partido FSLN, el cual con sus 38 diputados representa la fuerza parlamentaria mayoritaria. Y con el mismo sentido de equidad proporcional, los otros dos cargos principales de la junta directiva parlamentaria, la primera vicepresidencia y la primera secretaría, deberían corresponderle a los partidos que tienen el segundo y tercer lugar en cantidad de diputados, o sea el PLC con 25 y ALN con 22.
La intención del FSLN de quedarse también con la primera secretaría, es compresible en cuanto a que para que el Poder Ejecutivo pueda ejecutar exitosamente su programa de gobierno, necesita del apoyo legislativo. Cuando no hay acuerdo entre ambos poderes y más bien uno de ellos bloquea los programas del otro, el Estado se estanca y quien sufre las consecuencias es la población, como ha quedado demostrado durante el período presidencial de don Enrique Bolaños que está a punto de concluir.
Ahora bien, en el nuevo escenario político y parlamentario que se creó en el país con el resultado de las elecciones nacionales del 5 de noviembre pasado, cuyos efectos principales fueron la recuperación de la Presidencia de la República por parte del FSLN y la ruptura del bipartidismo libero-sandinista en la Asamblea Nacional, la situación se presenta propicia para que las partes que recibieron el mayor respaldo popular busquen cómo conducir los destinos del país de manera consensuada, a base de acuerdos de interés nacional y al margen de pactos corruptos de conveniencia particular.
En este sentido, la conducción del Poder Legislativo se debería comenzar a ejercer de manera realmente democrática y pluralista, de conformidad con el espíritu constitucional (artículo 5 de los Principios Fundamentales de la Constitución) y estatutario de la Asamblea Nacional. Es decir, en función del interés nacional y no por mezquinos intereses particulares, partidistas y personales .
Dicho en otros términos, el FSLN tiene derecho de presidir la Asamblea Nacional pero no debería pretender abarcar más que lo que en derecho y por equidad le corresponde. O sea que el FSLN debe reconocer que el PLC y ALN tienen derecho a ocupar la primera vicepresidencia y la primera secretaría de la junta directiva de la Asamblea Nacional, en este orden o a la inversa, con el fin de procurar no sólo un liderazgo verdaderamente pluralista del Poder Legislativo, sino también para demostrar con hechos que es verdad la prometida disposición sandinista al fortalecimiento de la institucionalidad genuinamente democrática de Nicaragua.
