Nuestra política criolla es muy volátil. Los nicaragüenses no necesitan de mucho para “incendiar” la ciudad y terminar con la paz que en nuestro país da la impresión de caminar todo el tiempo sobre la cuerda floja. Por eso es importante que los actores políticos actúen con prudencia y con responsabilidad, sobre todo, en momentos críticos como el actual período electoral. La retardación del conteo del último 8 por ciento de los votos correspondientes a las elecciones recién pasadas no fue ni prudente ni responsable sino que constituye una irregularidad y, además, refleja un desinterés de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) por el tipo de predicado que están formando ante la población. El Consejo Supremo Electoral ha creado condiciones para que los tres principales partidos políticos que contendían contra el Frente Sandinista (ALN, PLC, MRS) se sientan afectados negativamente en los resultados electorales y presenten recursos de revisión. Esto causa una cierta inestabilidad y zozobra que no conviene a nadie, mucho menos al presidente electo, Daniel Ortega.
La verdad es que el actual Consejo Supremo Electoral nunca ha contado con la confianza de un significativo sector de la población, especialmente de los miembros de ALN y del MRS. Sin embargo, esa desconfianza disminuyó en cierto grado cuando al día siguiente de las elecciones, los resultados de la mayoría de los votos para presidente fueron desplegados sin mayor dilación y la población pudo comprobar una tendencia irreversible a favor de Daniel Ortega. Pero el conteo de tan sólo el 8 por ciento final tomó al Consejo Supremo Electoral una semana y, hasta el momento, ninguno de los magistrados ha ofrecido una explicación convincente del hecho. Mientras tanto, han circulado rumores alrededor de lo que pudo haber ocurrido tras bastidores en esos días de silencio. Se habla de manipulación de votos, de alteración de cifras, de supresión o aumento de dígitos en las boletas, de confabulación de los dos partidos pactistas (PLC y FSLN) para rayar el cuadro a su conveniencia, etc. Y esto no ha abonado a la tranquilidad ciudadana ni a la magra credibilidad del cuarto poder del Estado. No estamos afirmando que los magistrados del CSE sean culpables de fraude sino simplemente señalando la manera en que han contribuido a que la población perciba sus actuaciones como fraudulentas. En política, como en otras áreas de la vida, no basta con actuar con transparencia. Es necesario ser percibido como transparente.
Esta situación ha puesto en alerta a organizaciones de observación internacional como el prestigioso Centro Carter el cual solicitó a los magistrados del Consejo Supremo Electoral que resuelvan el problema de la manipulación de votos para la elección de diputados nacionales y departamentales supuestamente hecha para favorecer al Partido Liberal Constitucionalista (PLC). El representante de la misión de observación del Centro Carter, Jaime Aparicio, dijo que han visto abusos de autoridades locales los cuales ha reportado al CSE pero que hay que esperar el resultado de los recursos de revisión para pronunciarse definitivamente. Dora María Téllez, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista y Adolfo Argüello, ex jefe de campaña de ALN han expresado su inconformidad en términos muy severos. Pero insistimos: es el mismo Consejo Supremo Electoral el que ha contribuido al cuestionamiento de su transparencia.
A lo inmediato, el CSE debe satisfacer plenamente y sin dilaciones las inquietudes de los partidos que se sienten afectados, para que el nuevo gobierno arranque en un ambiente saludable. Pero a mediano y largo plazo, es necesario hacer reformas sustanciales a nuestra Ley Electoral. Refiriéndose al artículo 16 de dicha Ley, el cual establece que las próximas elecciones serán manejadas por los partidos que hayan logrado el primero y segundo lugar, Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia, dijo: “Hay que remover el control partidario que existe en los Centros Electorales Municipales y Departamentales”. Y es verdad. Urge modificar el sistema de elección de magistrados del CSE para que éstos respondan a los intereses de la nación y no de sus respectivos partidos políticos. Sólo así podrá el país caminar sobre suelo firme. Sólo así las elecciones futuras serán una fiesta cívica y no una guerra a veces fría y otras, caliente por la conquista del poder político.
