En los últimos tiempos, en Nicaragua, cada vez que hay elecciones se oyen voces pidiendo que independientemente de quién sea elegido como Presidente de la República, se forme un gobierno de unidad nacional. Y al parecer se entiende como tal que el partido y el líder político que gane la contienda electoral, llame a sus contendientes derrotados a formar parte del gobierno en procura de consenso político y gobernabilidad.
Sin embargo, lo que se demuestra con esas peticiones de un gobierno de unidad nacional es la debilidad de las instituciones y de la cultura democrática del país. En realidad, en un sistema político genuinamente democrático, en el que el gobierno emana de elecciones periódicas honestas, libres y competitivas, sencillamente gobierna el partido y el candidato que obtienen en buena ley la mayoría de los votos ciudadanos. Y quienes no ganan los comicios tienen que ejercer la función opositora que les corresponde, la cual consiste ante todo en vigilar las acciones del gobierno que fue elegido por la mayoría de los votantes, criticar sus desaciertos y denunciar sus abusos —cuando los cometa—, pero también apoyar sus iniciativas y proyectos que son de incuestionable interés nacional.
De manera que cualquiera que sea la alianza o partido que obtenga los votos necesarios para ganar los comicios del próximo domingo, debe gobernar conforme al mandato que le ha dado el pueblo, pero tiene que hacerlo de conformidad con la Constitución. Y quienes queden en la oposición deben cumplir esa función de acuerdo con la ley.
Dicho con otras palabras, en el caso de que fuera Daniel Ortega y el FSLN quien ganara la elección del domingo, los demás nicaragüenses que no son sandinistas tienen que respetar la voluntad de la mayoría de los electores. Pero también el triunfador estaría obligado a respetar la Constitución, la ley común y las normas universales de derechos humanos. O sea que Daniel Ortega no tendría derecho a atentar contra la libertad de expresión y de prensa, ni a confiscar y expropiar propiedades de nadie, ni a intervenir en las remesas familiares que envían los nicaragüenses que viven y trabajan en el exterior, ni a involucrar a Nicaragua en alianzas agresivas de otros países, etc. Si Ortega ganara las elecciones tendría derecho, por supuesto, a implementar su programa económico y social, pero sin atropellar los derechos de nadie.
De igual manera, si Ortega y el FSLN perdieran las elecciones del domingo, los sandinistas deben ejercer su función opositora de manera responsable, respetuosa a la voluntad mayoritaria del pueblo, sin seguir provocando asonadas ni cualquier otra forma de desestabilización institucional y gubernamental.
Por otro lado, si fueran Eduardo Montealegre y la Alianza Liberal Nicaragüense —o José Rizo y el PLC, o Edmundo Jarquín y el MRS— los que ganaran los comicios del domingo, tendrían que respetar los derechos de los que queden en la oposición, de conformidad con el principio de que la democracia no se basa sólo en la voluntad de la mayoría sino también en el respeto a los derechos de las minorías.
Después de casi 17 años de transición democrática ya es tiempo de que los nicaragüenses comencemos a vivir como nación civilizada y a respetar las reglas de la democracia. Ya es tiempo de saber que la democracia —la auténtica, no la simulada— no es una farsa sino un sistema de gobierno surgido de comicios libres y honestos y fundado en el equilibrio y control recíproco de los poderes públicos, en la transparencia de los actos de gobierno y en la vigilancia de la función gubernamental por parte de la ciudadanía y de una vigorosa prensa libre e independiente.
Es obvio que todo gobierno democrático debe buscar el diálogo y el consenso para elaborar y aplicar las políticas de interés general, social y nacional. En ese sentido, todo poder político que surge de la voluntad popular expresada en elecciones libres es, por su propia naturaleza, un gobierno nacional.
Otra cosa —y muy diferente— es el pernicioso cogobierno a base de componendas y repartos del botín del Estado. Esa práctica nefasta que ha tenido su peor expresión en el pacto corrupto del PLC y Arnoldo Alemán con Daniel Ortega y el FSLN, es una costumbre viciosa que debe desaparecer para siempre de la vida y la cultura política nacional.
