La grave crisis de energía eléctrica que está sufriendo el país actualmente es comparada por algunas personas con los peores momentos de los apagones —o “alumbrones”— que sufrió el país durante la llamada noche oscura de los años de la revolución sandinista.
En realidad, la diferencia —por cierto muy importante— es que ahora se puede protestar públicamente por los apagones y altas tarifas del servicio eléctrico, pero en la época de la dictadura sandinista quien se atreviera a manifestar su inconformidad era reprimido de múltiples maneras, desde la censura a los medios de comunicación hasta la suspensión de la tarjeta de racionamiento o la paliza y la cárcel.
Ahora bien, en el caso concreto de la crisis energética que sufre el país actualmente, los políticos que andan en campaña electoral se culpan mutuamente mientras que los funcionarios gubernamentales dicen que todos somos culpables. Pero esto último no es cierto. De esta crisis la mayoría de los nicaragüenses son víctimas y sólo unos cuantos individuos, los que tienen el poder de tomar las decisiones, son los culpables.
Culpables de la crisis energética han sido y son los gobernantes de Nicaragua de por lo menos los últimos 26 años, quienes sabían del grave problema que se venía y no hicieron nada, o en todo caso hicieron muy poco por enfrentarlo y resolverlo. Al respecto, el martes de esta semana en el programa matutino de entrevistas de LA PRENSA y el Canal 2 de televisión, el Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central coincidieron en señalar que Nicaragua posee un inmenso potencial energético, hídrico y geotérmico, el cual si fuera debidamente explotado permitiría producir por lo menos dos mil megavatios de energía eléctrica, mil megavatios provenientes de cada fuente natural de energía. Eso significa que si los gobernantes de todos estos años se hubieran preocupado de verdad por resolver el problema de la energía, Nicaragua estaría produciendo hoy no sólo los 500 megavatios que consume (según los mismos funcionarios), sino que dispondría de un gran excedente para venderlo a los países vecinos.
Por otro lado, la crisis energética que sufre actualmente Nicaragua confirma lo dicho por las Naciones Unidas en su informe del año pasado sobre el Desarrollo Humano en el mundo, acerca de que hay una “maldición de los recursos naturales”, el cual se manifiesta en el fenómeno de que los países que los tienen en mayor cantidad y variedad son los más pobres, atrasados y necesitados.
Al parecer la “maldición de los recursos naturales” se sufre de dos maneras: una es la de aquellos países que tienen los recursos naturales indispensables para desarrollarse, pero por diversas razones no los aprovechan, como es el caso de Nicaragua. Y la otra consiste en que la abundancia de recursos naturales ha conducido a casi todos los países que los poseen a depender demasiado de la exportación de materias primas, “en lugar de desarrollar productos más sofisticados que son mucho más lucrativos en la economía del conocimiento del siglo XXI”, como lo advierte el periodista argentino-norteamericano Andrés Oppenheimer, columnista de El Nuevo Herald, en su artículo de esta semana.
Ahora, acicateados por la crisis creada por los altos precios del petróleo, el Gobierno y la empresa privada están promoviendo la producción de combustibles alternativos para mover el parque vehicular, como por ejemplo el etanol, aprovechando la experiencia muy exitosa que han tenido otros países, como Brasil.
La producción en cantidades comerciales de biocombustibles, que son mucho menos caros que los derivados del petróleo, le permitiría al país lograr un ahorro muy importante en el consumo de los automotores; pero no resolvería el principal problema energético nacional que es el de la insuficiente generación de energía eléctrica. Y sin la suficiente fuerza energética no hay posibilidad de desarrollar nuevos proyectos industriales, comerciales, tecnológicos, turísticos, etc., ni mantener los ya existentes, así como tampoco habrá manera de asegurar a la población el servicio de energía eléctrica básico e indispensable para vivir de manera cómoda y decente.
La explotación adecuada de los recursos naturales para garantizar la solvencia e inclusive la riqueza energética de Nicaragua, sólo la podrían hacer posible grandes inversiones de capital y tecnología. Y a conseguir esas inversiones y facilitar su ejecución deberían apuntar los principales esfuerzos del Gobierno, la empresa privada y los partidos políticos que se disputan el voto popular para subir al poder.
