Es evidente que la Policía Nacional está urgida de una profunda renovación institucional, estructural, ética y personal. Así lo indican los diversos escándalos en los que dicha institución se ha visto involucrada en los últimos años y meses, en los cuales no sólo efectivos de número sino también altos mandos policiales se han visto involucrados.
En realidad, el problema de que algunos policías de Tránsito exijan mordidas a los conductores o que unos cuantos estudiantes o egresados de la Academia de Policía resulten asaltantes a mano armada, es preocupante y exige poner mayor cuidado en la disciplina y la ética de los miembros de la institución. Pero son hechos secundarios. Lo verdaderamente crítico es que altos mandos de la Policía se involucren de manera directa o indirecta en actos irregulares de cualquier tipo, y que no se haga prácticamente nada efectivo para corregir esas situaciones, a fin de castigar a los culpables y mantener de esa manera la confianza de los ciudadanos en el cuerpo policial.
Cabe señalar al respecto que en los próximos días se debe hacer el cambio de jefatura en la Policía Nacional, de acuerdo con el sistema de rotación y retiros establecido en la ley correspondiente. Y esta debería ser una oportunidad para que el cambio rutinario sea utilizado como una palanca impulsora de la renovación integral que la institución policial está necesitando a gritos.
De acuerdo con la ley, le corresponde al Presidente de la República nombrar al Director General de la Policía Nacional. Pero el mandatario no puede nombrar a cualquier miembro de esa institución, sólo a alguno de los muy pocos que llenan los requisitos legales para desempeñar el cargo. De hecho, las únicas personas que podrían ser nombradas como Director General son los comisionados Aminta Granera, Ana Julia Guido, Horacio Rocha y Orlando Aguilera, mencionados aquí por orden alfabético. Algunos expertos en el asunto policial aseguran que también Francisco Bautista Lara podría ser el máximo jefe policial, pero sería absurdo que el Presidente de la República nombrara a alguien a quien mandó a retiro precisamente porque no gozaba de su confianza, aunque después un tribunal politizado haya pretendido anular la decisión presidencial.
Como sea, el inminente nombramiento de un nuevo Director General de la Policía Nacional es una magnífica oportunidad para impulsar la renovación institucional, institucional y ética que está requiriendo el cuerpo institucional protector de la seguridad pública. El nombramiento que haga el Presidente de la República no debe ser un simple cambio de nombre, sino una decisión que marque el comienzo de una etapa de renovación y restablecimiento de la confianza ciudadana en la institución policial.
Ahora bien, en el curso de la lucha por el poder policial se ha acusado a LA PRENSA de tener preferencia por una de las candidatas a ejercer la máxima jefatura policial, supuestamente por razones políticas y clasistas, es decir, porque una de las principales candidatas es orteguista y la otra no, y porque una de ellas procede de la burguesía y la otra de los estratos humildes de la sociedad.
Pero esos son disparates, o estratagemas de campaña en la lucha por el cargo. Para nosotros todos los comisionados que según la ley pueden ser nombrados por el Presidente de la República como jefe supremo de la Policía Nacional, son ramas que provienen del mismo tronco. Por supuesto que en ningún caso todas las personas son absolutamente iguales, aunque pertenezcan al mismo cuerpo institucional o social. Entre una y otra persona siempre hay diferencias, para bien y/o para mal. Y de entre los pares que son los comisionados que reúnen las condiciones legales para asumir la jefatura policial, lo que nosotros esperamos es que la o el nombrado, sea una persona que independientemente de sus raíces ideológicas, políticas o de clase, vele efectivamente por la institucionalidad de la Policía. Una persona que aplique mano dura en la lucha contra la corrupción interna policial y que promueva la honestidad, transparencia y firmeza que necesita la Policía para ganarse el respeto y la confianza de los ciudadanos.
Y confiamos en que el Presidente de la República tendrá el buen sentido y la sabiduría necesarias para hacer la mejor escogencia que sea posible.
