El Subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, está de visita en Nicaragua para reunirse con los candidatos presidenciales Eduardo Montealegre y Herty Lewites, entre otros personajes nicaragüenses.
Al parecer, los también candidatos presidenciales Daniel Ortega y José Rizo no fueron incluidos en la agenda de Shannon, seguramente porque Ortega representa una opción de extrema izquierda y antiestadounidense, que ya sostuvo en el pasado graves enfrentamientos —inclusive bélicos— con Estados Unidos; mientras que Rizo es candidato de un partido —el PLC— que no goza de las simpatías de Washington por su empecinada subordinación al caudillo acusado y condenado por corrupción, Arnoldo Alemán.
Una visita a cualquier país latinoamericano, por parte del Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, no debería tener nada de extraordinario dada la función que él ejerce en la estructura del gobierno norteamericano. Sin embargo, esta visita a Nicaragua del señor Shannon, en particular, tiene sin duda un propósito determinado, cual es el de dejar claramente establecido y reiterado un mensaje del Gobierno de Estados Unidos con respecto a las elecciones presidencial y parlamentaria que se van a celebrar el próximo 5 de noviembre.
Las funcionarias de la Embajada de Estados Unidos en Managua, que confirmaron en LA PRENSA la visita de ayer de Shannon, dijeron desconocer el contenido de su agenda durante su estadía en Nicaragua. Sin embargo, no hay que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta que en la agenda del alto funcionario estadounidense ya no estará la pretensión de unir al PLC con la ALN-PC a fin de que pudieran enfrentar juntos la candidatura presidencial de Daniel Ortega y reducir su posibilidad de alzarse con el triunfo electoral. La probabilidad de unificación de las fuerzas antisandinistas bajo una sola bandera y candidatura terminó prácticamente cuando las alianzas políticas inscribieron a sus candidatos en el Consejo Supremo Electoral.
Ahora sólo queda la posibilidad —pero muy remota— de que el candidato liberal que en un momento determinado de más adelante aparezca abajo en las encuestas renuncie a su candidatura y llame a sus partidarios a votar por el otro. Pero eso, repetimos, es una posibilidad remota que muy difícilmente se podría convertir en realidad.
El mensaje que a nuestro juicio trae el Subsecretario Shannon a Nicaragua ya lo adelantó él mismo, el miércoles de la semana pasada en Washington DC, cuando dijo que su gobierno tiene la convicción de que en las elecciones del 5 de noviembre próximo triunfará “la opción de futuro”, como califica Estados Unidos tanto la candidatura de Eduardo Montealegre como la de Herty Lewites. Shannon aclaró que “lo más importante —para Estados Unidos— es que haya elecciones, abiertas y transparentes en Nicaragua”. Y que si así fuese, su gobierno “va a respetar los resultados de las elecciones, sean cuales sean”.
Sin duda que eso mismo dirá el Subsecretario de Estado, Shannon, durante su visita esta semana a Managua. En realidad, el ascenso al poder de un partido y líder de izquierda, por medio de elecciones libres, limpias y competitivas, no debería asustar y ni siquiera preocupar a nadie. La democracia supone el respeto al pluralismo político e ideológico y a la variedad en el ejercicio del poder. Lo malo es usar el gobierno para quebrantar la democracia, para suprimir las libertades y los derechos individuales, y para embarcar al país en aventuras políticas y militares de cualquier tipo y pretensión.
Daniel Ortega y el FSLN representan en Nicaragua el pasado, y la posibilidad de que vuelvan a ejercer el poder presidencial inspira un gran temor, porque no han renunciado a sus pasiones e intenciones totalitarias, porque no se han arrepentido del gran daño que hicieron a gran parte de la población nacional durante la revolución sandinista, y porque amenazan con que harían lo mismo que están haciendo sus “hermanos” revolucionarios, Hugo Chávez y Fidel Castro.
Es decir, que si Ortega vuelve al poder presidencial menoscabaría o suprimiría del todo la libertad de prensa, confiscaría o “nacionalizaría” la propiedad privada, eliminaría los derechos y la libertad de los ciudadanos disidentes, exportaría la revolución hacia otros países, se quedaría en el poder hasta que muera e impondría un Estado y una sociedad totalitarios o, cuando menos, autoritarios.
