Instituciones y políticos

Durante una reciente entrevista por televisión, el ex presidente de la Asamblea Nacional, doctor Luis Humberto Guzmán, rechazó y descalificó la iniciativa para someter a referendo, en las elecciones del próximo noviembre, las reformas constitucionales que fueron aprobadas el año pasado pero se encuentran congeladas debido a una Ley Marco que postergó su puesta en vigencia hasta el 20 de enero del 2007.

La Ley Marco —que suspendió la aplicación de las reformas constitucionales que fueron aprobadas para quitarle más facultades al Poder Ejecutivo y transferirlas al Legislativo— es inconstitucional porque ninguna ley secundaria puede prevalecer por encima de la Constitución y sus reformas. Pero ese fue el único medio que los poderes Ejecutivo y Legislativo encontraron, con el auspicio de la OEA, para poner fin al menos temporalmente a la profunda crisis institucional que afectó al país el año pasado y que estuvo a punto de poner fin a la continuidad gubernamental, por primera vez desde la caída del gobierno de Anastasio Somoza Debayle, en 1979.

La opinión del doctor Guzmán, quien es un firme aliado del FSLN en la Convergencia Nacional, repite con otras palabras lo dicho anteriormente por el comandante sandinista Daniel Ortega sobre este mismo asunto. Pero Guzmán se pronunció además por el congelamiento de cualquier clase de reformas al menos en el término de los próximos veinte años, porque según él mucho se ha parchado la Constitución y no se le debe seguir parchando. Y para sostener su rechazo a la propuesta de que el pueblo nicaragüense decida sobre la validez o no de las reformas del año pasado, a través de un referendo que se haga al mismo tiempo que las elecciones del 5 de noviembre del corriente año, adujo que hay ignorancia al respecto de parte del pueblo, y que en todo caso dicha consulta se debería llevar a cabo hasta después de las elecciones, una vez que el pueblo esté más informado.

El ex presidente del Poder Legislativo se equivoca y se contradice. En realidad, si parchar la Constitución es malo; si se ha violentado el principio constitucional del equilibrio de poderes y, peor aún, si se ha violado el debido procedimiento para la aprobación de reformas a la Constitución, los ciudadanos no necesitan saber más. Y si el distinguido aliado del FSLN está en contra de que se siga parchando la Constitución, ¿por qué no se opuso a las reformas constitucionales que impulsó ese partido el año pasado? Y si se opuso y no le hicieron caso, ¿cómo puede permanecer en una alianza en la cual un solo partido y su caudillo imponen las decisiones?

Como sea, lo importante es que urge restaurar —o instaurar verdaderamente— la legalidad y el respeto a la ley. La inseguridad jurídica es el peor enemigo del desarrollo económico y democrático. La ley debe tener permanencia independientemente de quién sea Presidente o mayoría en la Asamblea Nacional. Como explica Jean Touchard en su Historia de las Ideas Políticas: “El orden mediante la ley y mediante el respeto a la ley es la única garantía de una vida política sana”.

En efecto, en una democracia de verdad es imperativo que la población desarrolle fe en la legislación, en sus legisladores y en los que imparten justicia. El problema es que si el máximo tribunal del país cae en ilegalidad, ¿qué se puede esperar de funcionarios e instancias de menor jerarquía? Si los políticos autoritarios y corruptos —de derecha y de izquierda, liberales y sandinistas— hacen lo que quieren con la ley; si pueden cambiar las reglas del juego a medio camino según su conveniencia, si son capaces de hacer tambalear la institucionalidad y la seguridad jurídica de la nación sin tener el control total del aparato estatal, ¿qué más serían capaces de hacer si ganaran la Presidencia en noviembre próximo? ¿Hasta dónde llegarían sus imposiciones y abusos?

El mal no está en las instituciones democráticas sino en los funcionarios y magistrados que las dirigen. La democracia no ha fallado sino los políticos corruptos. Lo que necesita Nicaragua es nuevos políticos, honestos y democráticos, que amen la libertad y la democracia y que, como los griegos, se enorgullezcan de someterse a un orden y no a un hombre.

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