El aparato propagandístico del FSLN ha lanzado una campaña que trata de vender una imagen renovada de su candidato a la Presidencia de la República. Dicen que ha cambiado, que es un hombre nuevo, que no hay que andar resucitando fantasmas del pasado, que ha madurado y que no volverá a cometer los mismos errores de los años ochenta.
Pero ¿es cierto eso? La única forma de saberlo es examinando las actuaciones del candidato en mención así como de los funcionarios del partido que representa. Veamos, por ejemplo, la postura del candidato sandinista hacia la libertad de información. ¿Hay algún hecho que hable por sí mismo? Claro que sí. La Ley de Medios de Comunicación en vigencia desde el 2005 conocida como “ley Arce” en alusión a su creador, el diputado sandinista Bayardo Arce, es una sencillo pero elocuente ejemplo. Dicha ley reduce las exoneraciones de impuestos de los medios de comunicación grandes a sólo un 2.5 por ciento. Los diputados sandinistas dijeron que de esta manera querían poner fin a abusos que cometían grandes empresas periodísticas con las excepciones fiscales. Daniel Ortega, por su parte, dijo que lo que se pretendía con la “ley Arce” era simplemente que el Gobierno aumentara sus recaudaciones fiscales. Sin embargo, los diputados nunca presentaron pruebas del supuesto abuso cometido por las “grandes empresas periodísticas” y es muy dudoso que el secretario general del FSLN estuviera preocupado porque el Ejecutivo tuviera acceso a más recursos.
En realidad, lo que hace la ley Arce, en palabras de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es “vulnerar principios fundamentales sobre la libertad de expresión”. En efecto, si los medios de comunicación tienen que pagar más impuestos limitan su capacidad operativa en muchos sentidos: reducen el número de sus empleados, aumentan el precio del periódico, bajan el presupuesto de viáticos a sus empleados, etc. De esta manera se afecta indirectamente la libertad de expresión. Una buena parte de la sociedad nicaragüense así como de la comunidad internacional, percibió esta ley como lo que es: una represalia del sandinismo contra los medios de comunicación no alineados en el pacto Ortega/Alemán y que han mantenido una línea crítica intensa hacia ellos.
La verdad es que la historia de la relación entre el FSLN y la prensa libre quedó marcada desde los inicios de la revolución sandinista. Sólo en los primeros meses de 1981, en base a otra Ley de Medios hecha a la medida de los sandinistas, LA PRENSA fue suspendida en cinco ocasiones. Las razones que se esgrimían para justificar las suspensiones eran cantinflescas. Los comunicados de la Dirección de Medios decían, entre otras cosas, que la publicación del Diario quedaba suspendida “por publicar información falsa con la intención de injuriar los intereses populares y de publicar críticas que no pudieron ‘probar’ a funcionarios de gobierno” o “por poner en ridículo a Carlos Fonseca, mártir y padre de la Revolución nicaragüense”. El gobierno sandinista decía que LA PRENSA utilizaba “un grupo de técnicas sicológicas para crear conflictos, confundir al pueblo nicaragüense y desestabilizar el gobierno” y el entonces Ministro del Interior, comandante Tomás Borge, dijo en una conferencia en los ochenta que LA PRENSA jugaba en Nicaragua el mismo papel que el diario El Mercurio, utilizado por la CIA en Chile para desestabilizar el gobierno de Allende.
En fin, ¿qué debemos creer? ¿Han cambiado los sandinistas su actitud frente al derecho de libre expresión? No estamos hablando simplemente del pasado sino de una ley que recién entró en vigencia por presiones del sandinismo al presidente Bolaños. No nos engañemos. Los hechos demuestran que el sandinismo y su candidato presidencial no han cambiado. Que si ganan las elecciones, los medios de comunicación tendrán que escoger con excesivo cuidado lo que van a publicar o a decir para no ganarse suspensiones temporales o definitivas.
Convengamos, por el momento, en este punto particular: el “cambio” de Daniel Ortiga pregonado por su maquinaria propagandística es meramente parte de un discurso electorero que será echado al olvido por los sandinistas una vez que el poder esté asegurado. Y es que los caudillos como Castro, Chávez y Ortega, no admiten críticas hacia ellos mismos ni hacia sus funcionarios de gobierno.
