El mangle del litoral pacífico está siendo extraído y vendido ilegalmente como leña en los mercados de Corinto y Chinandega. (La Prensa/Archivo)

Frustran quiebre del Marena

Pobladores de una comunidad de El Realejo impidieron que se decomisaran 7,300 rajas de mangle rojo Mangle es vendido como leña en mercado de Chinandega y es extraído de área protegida CORRESPONSAL / CHINANDEGA Un centenar de pobladores de la comunidad rural Alemania Federal, jurisdicción de El Realejo, impidió con machetes, palos y piochas, el […]

  • Pobladores de una comunidad de El Realejo impidieron que se decomisaran 7,300 rajas de mangle rojo
Mangle es vendido como leña en mercado de Chinandega y es extraído de área protegida

CORRESPONSAL / CHINANDEGA

Un centenar de pobladores de la comunidad rural Alemania Federal, jurisdicción de El Realejo, impidió con machetes, palos y piochas, el primer operativo contra la tala de recursos naturales, que impulsa el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), junto con el Ejército y la Policía.

Un retén ambulatorio interinstitucional inició en la madrugada de ayer los operativos contra el tráfico y extracción ilegal de madera y sorprendió in fraganti a seis carretones de mano que acarreaban leña de mangle rojo al mercado de Corinto y Chinandega.

Cuando la comitiva se dirigió hacia Puerto El Toro, donde se encontraba el grueso de los daños a esa especie, calculada en unas siete mil 300 rajas y 52 varas, los habitantes salieron a obstaculizar la operación.

“Estamos muriendo de hambre, no hay empleos, ya no capturamos más larva silvestre y ustedes nos vienen a quitar el único ingreso que nos queda”, gritaban algunos entre la violenta multitud.

El mangle rojo está ubicado en el litoral del Pacífico, en un área protegida porque en ellos se reproduce naturalmente la larva del camarón.

Golpean a funcionario

Efraín Alvarado, del Marena, en su afán de no dejar pasar el mangle retenido, sufrió golpes en la cara. En el forcejeo fueron capturadas cuatro personas que serán acusadas por el delito de alteración al orden público y obstrucción del operativo de la tala y extracción ilegal de madera.

Los retenidos en las cárceles preventivas fueron identificados como Víctor Romero (21), Edgard Ortiz (23), Rogelio (29) y Efraín Alvarado (45 años).

Soldados del Segundo Comando Regional Militar en occidente, como de la Policía, echaron a andar ayer, de manera sorpresiva, los operativos contra el tráfico y la extracción ilegal de madera, a pesar que el martes informaron que éstos iniciarían hasta el 2 de junio.

El plan de trabajo contempla colocar puestos de control fijos en El Viejo, Corinto, Villanueva y Chinandega; además de operativos móviles sobre las carreteras para atender el clamor de los campesinos que denuncian la tala desproporcionada de los bosques del departamento.

Saturado de madera preciosa

Por otra parte, las trozas de madera preciosa, concentradas en el aserrío San José de Chinandega, donde el Ejército inspeccionó el martes, fueron adquiridas con autorización de la delegación del Instituto Nacional Forestal (Inafor) y posiblemente procedan de las zonas orientales del municipio.

Isaías Alvarado, propietario del centro de acopio, manifestó que su trabajo de más de 50 años no es en el campo, sino aserrando madera, cuya materia prima, la madera, la adquiere legalmente a través de permisos autorizados por el ente regulador a los beneficiarios.

“Ustedes ven la manzana completa llena de trozas. Me preparo en esta temporada para todo el año. En invierno los caminos son intransitables y la venta no se detiene, hay que acopiar suficiente”, dijo a LA PRENSA.

Alvarado no consideró necesario suministrar información acerca de la cantidad de madera comprada y en existencia en su negocio. “En Inafor encontrarán ese dato, ellos lo tienen”, dijo amablemente.

Sin embargo, Inafor Chinandega está acéfala, su delegado Fidel Bolainez, se encuentra en la Costa Caribe por unos meses y la encargada de la oficina desconoce del tema.

Numerosos funcionarios del Inafor de la región del Pacífico se encuentran en las regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS), para apoyar a las autoridades locales en la implementación del decreto de emergencia forestal.

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