Recurrirán contra el CSE por violar la Ley Electoral

La fundación Pro Voto de la Nación Nicaragüense, radicada en Estados Unidos, anunció que recurrirá de amparo contra los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) por omisión al cumplimiento de la Ley Electoral, la Constitución Política y la Ley de Identificación Ciudadana, debido a la negativa de las autoridades electorales de cedular a los nicaragüenses en el exterior.

José Venancio Berríos, presidente de esa fundación, dijo que en Florida y Luisiana, en Estados Unidos, hay cerca de 150 mil nicaragüenses interesados en solicitar la cédula de identidad de Nicaragua para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de noviembre próximo.

“No existe ninguna traba constitucional, no existe ninguna ley que vaya a obstaculizar el desarrollo del voto de los nicaragüenses. Eso ha sido un mito”, afirmó Berríos al referirse a la falta de voluntad política de las autoridades electorales, que alegan limitaciones presupuestarias.

Intentamos comunicarnos con el presidente del CSE, Roberto Rivas, pero no contestó su teléfono y su vocero, Félix Navarrete, dijo que no era posible conseguir una entrevista con Rivas.

Ilegitimidad de Poderes

Berríos señaló que el principal obstáculo que encontraron en su demanda fue la falta de voluntad política de todos los poderes del Estado que obedecen al pacto libero-sandinista, una actitud que consideran ilegítima porque es en detrimento de los nicaragüenses en el exterior.

“En Nicaragua existe una Asamblea que se arroga las atribuciones de una Asamblea Constituyente, es ilegítimo; después la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) carece de legitimidad y ahora una resolución de la Corte Suprema que ordena al presidente del Poder Electoral escoger a los suplentes, discrecionalmente, para sustituir a los propietarios. Tenemos tres entes que carecen de legitimidad”, comentó.

Berríos dijo también que la población nicaragüense en Estados Unidos “está cansada del actuar de la Asamblea Nacional, del Poder Judicial y Electoral, (así como) de las actitudes de algunos dirigentes políticos y las travesuras del cardenal (Miguel) Obando”.

Aseguró que los nicaragüenses están dispuestos a pagar el costo de la cédula de identidad, que estiman en 25 dólares, siempre y cuando se les permita votar, ya que “el Estado nicaragüense está obligado a garantizarle el derecho al sufragio”.

Manifestó que Pro Voto de la Nación Nicaragüense distribuyó en Miami una copia del formulario que utiliza el CSE en Nicaragua para la cedulación, con el fin de contabilizar el número de nacionales que requieren cédula de identidad.

Falta de voluntad

Gabriel Álvarez, especialista en derecho constitucional, aseguró que la falta de voluntad política en el CSE está motivada por el pacto libero-sandinista, que impide el buen funcionamiento de los poderes del Estado.

Álvarez aseguró que la legislación electoral y la Constitución Política establecen las normas legales para que se inicie el proceso de cedulación en el exterior, que conllevaría al derecho al voto.

“No hay impedimentos constitucionales ni legales para el ejercicio del sufragio de los nicaragüense, sino que existen mandatos y disposiciones en la Constitución del Estado nicaragüense, para que se tomen las medidas necesarias. No es un favor, no es discrecional; es una obligación jurídica y constitucional para que todos podamos votar”, apuntó Álvarez.

Dijo que la postura que han adoptado los magistrados electorales atenta contra los derechos humanos de los nicaragüenses que residen en el extranjero, porque aportan 850 millones de dólares anuales a la economía nacional.

“Es una flagrante violación a los derechos humanos de muchísimos nicaragüenses. Es una violación legal y se puede explorar la posibilidad de concebirlo como una violación, por la omisión del CSE en el cumplimiento de las obligaciones que le encomienda el ordenamiento jurídico. Un recurso de amparo por omisión es viable y posible para obligar al CSE a tomar las medidas elementales”, afirmó Álvarez.

La reforma

La Asamblea Nacional reformó el artículo 27 de la Ley de Identificación Ciudadana (Ley 152) el 17 de enero del año 2005, para “obligar” al CSE a iniciar el proceso de cedulación en el exterior en los primeros 180 días de entrada en vigencia de la reforma.

Sin embargo, las autoridades electorales nunca entregaron el formulario de cedulación al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex). Un alegato del presidente del CSE, Roberto Rivas, es que el Poder Electoral requeriría diez millones de dólares para modernizar el documento de identidad nacional. Otro es que no permitirían que personas ajenas al CSE y sin experiencia técnica completen el formulario.

La reforma al artículo 27 señala que “el interesado deberá llenar el formulario diseñado por el CSE, luego presentar ese documento personalmente ante el Cónsul General de jurisdicción correspondiente, acompañada de dos fotografías, partida de nacimiento del interesado y el pasaporte válido, con las respectivas fotocopias, para que una vez razonados le sean devueltos los originales al interesado”.

Además establece que le “corresponde al Mirex incluir en el arancel consular el costo del envío, ida y vuelta, del expediente y la documentación respectiva para la cedulación”.

La reforma expresa que “el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá de proveer los fondos que requiera el CSE para el proceso de cedulación en el extranjero”, y ordena establecer coordinación entre las dos instituciones para colocar al personal adecuado que se encargue de la recepción y trámite de solicitudes de cédulas, entre los consulados respectivos.

La reforma al artículo 27 de la Ley de Identificación Ciudadana exime a los nicaragüenses que viven en el exterior de presentar la cédula de identidad, cuando vienen a Nicaragua, para realizar “diligencias personales o de carácter mercantil”, pero no pueden ejercer su derecho al voto.

responsabiliza al CSE

El ex presidente de la Asamblea Nacional, Carlos Noguera, se mostró a favor de la cedulación en el exterior, aunque señaló que se requiere de una reforma a la Ley Electoral que especifique ese trámite.

Luego se contradijo al expresar que la legislación electoral señala que todo nicaragüense que reside en el exterior puede ejercer su derecho al voto, aunque no esté en Nicaragua.

“Está el mandato, pero tal vez no se puede implementar por razones de logística o problemas económicos y entonces es ahí donde pudiera estar el problema, porque el CSE ha dicho que no tiene la capacidad económica para poder implementar todo esto”, apuntó.

LO QUE DICE LA LEY

El párrafo cuarto del artículo 47 de la Ley Electoral establece que “los nicaragüenses que se encuentren transitoriamente fuera del país y los que residan en el extranjero por motivos de trabajo, estudio, salud, de negocio o de placer, podrán inscribirse para ser incluidos en el Padrón Electoral, en el Consulado con jurisdicción en el lugar donde se encuentren o en los locales que éste indique en los períodos que al efecto se habilite”.

Además expresa que “el voto lo tendrá que hacer en Nicaragua en la Junta Receptora de Votos correspondiente, salvo cualquier otra disposición que al efecto establezca el CSE, quien dictará las normas que regulen esta disposición”.

Por esa razón, Noguera responsabilizó a las autoridades electorales de impedir la cedulación en el exterior, “porque ahí está el pegón”.

“No ha habido todo el interés en el CSE para implementarlo, pero es la instancia ejecutora de la Ley y es la que tiene la máxima autoridad de ese tema, pero no tiene la capacidad estructural, ni financieramente para hacerlo. Creo yo que hay una política, porque pensar que la van a tomar para las elecciones de noviembre de este año es muy difícil”, comentó.