El diputado Orlando Tardencilla dijo a los periodistas que cubren la información política que sus colegas parlamentarios son “haraganes” y que por eso la ciudadanía los considera como “vagos”. Se refería el diputado Tardencilla a que la Asamblea Nacional tiene casi mes y medio de no celebrar sesiones plenarias, por las pugnas políticas que hay entre las bancadas del PLC y el FSLN.
En realidad, independientemente del motivo de la pugna libero-sandinista y de cual de los dos partidos tiene la razón, el hecho es que se está boicoteando el funcionamiento de la Asamblea Nacional, e impidiendo que se discutan piezas legislativas cuyo retraso perjudica a importantes sectores de la población nacional. Tales, son por ejemplo, los casos de “siete préstamos que servirían para la construcción de carreteras, la instalación del sistema de distribución de agua potable y un subsidio millonario para los transportistas”, según lo informó LA PRENSA el miércoles de esta semana.
Sin duda que es grave el daño que le hacen a la sociedad nicaragüense los diputados que boicotean el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Y el daño es peor porque no sólo incumplen ellos sus obligaciones, sino que obligan también a los diputados que sí quieren trabajar a incumplir las responsabilidades parlamentarias para las que fueron elegidos y por cuyo cumplimiento reciben un salario de lujo y múltiples privilegios adicionales.
Por otro lado, no sólo en el vicio de vagancia incurren los diputados que desde hace casi mes y medio no sesionan ni permiten sesionar a los demás. También cometen delito contra la Constitución Política de la República, cuyo artículo 131 establece que todos los funcionarios de los cuatro poderes del Estado (incluyendo a los diputados, por supuesto) deben desempeñar correctamente sus funciones, son responsables personalmente por la violación de la Constitución (no sesionar es una violación constitucional). Y señala el mismo artículo constitucional que los funcionarios, en este caso los diputados, son responsables por “los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo”.
Ante esta situación, diputados de la bancada de la alianza ALN-PC han dicho que “no descartan” destituir a dos directivos de la Asamblea Nacional que pertenecen al PLC y son los que están impidiendo la convocatoria a sesión plenaria. Ante esto la pregunta es: Si tienen capacidad política y legal para destituirlos, ¿por qué no lo hacen?
Además, si la Junta Directiva de la Asamblea Nacional está compuesta por siete miembros y sólo dos se oponen a que sesione el plenario, pues habría que tomar una decisión mayoritaria de 5 para convocar a la sesión, o de 4 tomando encuenta la baja del presidente del Poder Legislativo por enfermedad. Y si la mayoría de los diputados quiere sesionar, ¿por qué no se autoconvocan —como ya se ha hecho en ocasiones anteriores— y sesionan para tramitar las importantes y urgentes iniciativas de ley que se encuentran pendientes de discusión?
Es bien sabido que el principio básico y universal de administración consiste en que una empresa, organización o institución no puede funcionar correctamente, si de vez en cuando y en el momento oportuno no se evalúan los resultados de su gestión, a fin de ajustar el rumbo y de hacer los cambios que sean pertinentes, de acuerdo con las necesidades. Y sin duda que es ante una situación como esa, que se encuentra la Asamblea Nacional actualmente.
Se dice que el Poder Legislativo es el poder político por excelencia. Y es cierto, por cuanto allí están representados de manera cuantitativa y cualitativa los partidos políticos que tienen representación institucional porque así lo han determinado los ciudadanos. Pero el poder político en las instituciones del Estado, incluyendo la Asamblea Nacional, se tiene que ejercer en función de los intereses de todos los ciudadanos y de la sociedad en general, no para la conveniencia de una parte de ésta, o sea de uno o algunos partidos.
¿O es que las leyes que aprueban los diputados sólo son de obligatorio cumplimiento para los miembros de sus partidos? ¿Y acaso no es del trabajo de todos los nicaragüenses, sin distingo de partidos políticos, que salen los lujosos sueldos y demás privilegios que gozan los diputados?
