Chávez: “Es guerra”

El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que el acuerdo de suministro de combustibles que suscribió ayer con los alcaldes nicaragüenses, por gestión del secretario general del Frente Sandinista (FSLN), Daniel Ortega, es una “guerra” contra las empresas transnacionales.

Chávez, quien también está suministrando otras ayudas al FSLN, en momentos en que Daniel Ortega trata de ganar las elecciones de Nicaragua de noviembre próximo, pidió al candidato presidencial sandinista no descuidar los detalles de esta operación y “por eso hay que planificar como si ésta fuera una guerra, Daniel”.

El Gobierno venezolano formó con la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic) la empresa mixta Alba Petróleos de Nicaragua (Albanic), para venderle a las municipalidades nicaragüenses unos 10 millones de barriles de combustible anuales.

Ésta es una sociedad anónima, con un capital de un millón de dólares, en que las alcaldías nicaragüenses adquirirán crudo, pagando el 60 por ciento a un plazo de 60 días después de recibido, y el 40 por ciento restante a un plazo de 23 años, con dos de gracia y el 1 por ciento de interés, explicó el presidente de Amunic, el alcalde sandinista de Managua, Dionisio Marenco.

Chávez señaló que el acuerdo firmado es “un paso más” para constituir la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba), que impulsa junto a Cuba, en contra del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los TLC con Estados Unidos.

“Es como una guerra”, afirmó Chávez, “pero afortunadamente sin fusiles ni ametralladores, pero es una guerra de ideas y logística, de barcos, de gente que tiene que moverse”.

Chávez, quien reiteró que apoya la candidatura de Ortega, no descartó la posibilidad de que su proyecto, para favorecer al FSLN, sea saboteado por la única empresa refinadora de petróleo que hay en Nicaragua, que es la Esso.

El gerente general de la Esso en Nicaragua, Agustín Fuentes, dijo anoche que desconocía los detalles de ese convenio y el tipo de producto que se importará de Venezuela, porque la refinería sólo procesa petróleo crudo.

Fuentes evitó comentar las declaraciones de Chávez y se mostró abierto a conversar “con las personas que firmaron los convenios”, para conocer los detalles del mismo.

endeuda a Nicaragua

El convenio firmado por 53 alcaldes nicaragüenses, incluidos 13 liberales, y la empresa petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), provocó en Managua algunas dudas sobre su legalidad.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Flores, aseguró que este convenio requiere un análisis, porque podría tener roces con la Constitución de la República, ya que se trata de un endeudamiento para el país.

“Si hay endeudamiento con el sector público hay que hacer algunas consideraciones, sobre todo por los acuerdos vinculados con los organismos financieros internacionales”, dado que Nicaragua es beneficiario de la Iniciativa de Países Altamente Endeudados (HIPC), comentó Flores.

Sin embargo, el diputado del Frente Sandinista, Wálmaro Gutiérrez, rechazó las interpretaciones del Gobierno y enfatizó que las alcaldías tienen su personería jurídica y pueden adquirir compromisos como entidades autónomas. “No hay ninguna ilegalidad”, afirmó.

Aseguró que este problema no es jurídico, sino político, ya que el Gobierno no hizo nada cuando el FSLN presentó la propuesta, de traer petróleo de Venezuela, ante la mesa del diálogo nacional.

“Lo ideal sería que lo firmara el Gobierno (este convenio), sin embargo por voluntad política propia se ha excluido de este proceso”, añadió.

El diputado de Alternativa Cristiana, Orlando Tardencilla, considera que el convenio debe ser adoptado por el Gobierno y ratificado por la Asamblea Nacional, además que las negociaciones las debe hacer el Gobierno nicaragüense con el venezolano.

Acuerdo ilegal

El asesor jurídico de la Presidencia de la República, Fernando Zelaya, calificó de “ilegal” la firma de un acuerdo entre alcaldes sandinistas y el Gobierno de Venezuela, para la venta de petróleo.

El convenio establece la venta de combustible de Venezuela a 53 alcaldías, miembros de la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic), a través de una empresa privada.

El 60 por ciento de la factura petrolera deberá ser cancelado en 60 días y el restante 40 por ciento será pagado a un plazo de 25 años, aunque los primeros dos años son de gracia.

“Para mí es ilegal, tiene roces constitucionales porque el Presidente de la República es el jefe del Estado y la suprema autoridad administrativa del país, por eso no pueden andar alcaldes haciendo con gobiernos extranjeros ese tipo de acuerdos”, precisó Zelaya.

El presidente de la Comisión Económica del parlamento, el liberal Wilfredo Navarro, también dijo que el Estado deberá desconocer la deuda que Amunic, a través de los alcaldes sandinistas, asumirá por los próximos 25 años con Venezuela.

“Si son financiamientos a sociedades anónimas, como están diciendo, pues eso sería un riesgo del Gobierno de Venezuela con los alcaldes, pero ni el Gobierno de Nicaragua ni la Asamblea Nacional tendrían que responder por esa deuda, porque no fuimos parte”, señaló Navarro.

De igual manera se pronunció el concejal Pedro Joaquín Chamorro Barrios, quien sostuvo que Venezuela es muy “generosa” al “donar” petróleo a los alcaldes sandinistas.

El diputado sandinista Bayardo Arce argumentó que la Asamblea Nacional no tendrá ninguna responsabilidad en el acuerdo, ya que se trata de una “empresa privada que le va a comprar a PDVSA el petróleo”.

Lewites: acuerdo imposible

El ex alcalde de Managua, el candidato presidencial Herty Lewites, también aseguró que es “imposible” el acuerdo entre las municipalidades sandinistas y el Gobierno de Venezuela y acusó a Daniel Ortega de “mentir”.

“Conociendo a Daniel (Ortega), está mintiendo, está hablando mentiras, porque es un acuerdo que no se va a poder realizar, es un ‘boom’ publicitario para estas elecciones, es decir el Gobierno no les dio el aval para el crédito del cuarenta por ciento que queda a un plazo de 25 años”, explicó Lewites.

“Si el Banco Central y el Ministerio de Finanzas no firman ese crédito, porque es el Estado el que queda debiendo eso, entonces no puede haber un acuerdo”, agregó el ex alcalde de Managua.

El ex canciller Eduardo Montealegre, también candidato presidencial por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), señaló que el interés de los sandinistas es “endeudar” a Nicaragua, tal como ocurrió “en la década de los ochenta”.

“Aquí no va a venir petróleo más barato, lo único que va a haber es un financiamiento para volver a endeudar a Nicaragua”, aseguró Montealegre.

Caldera: investiguen

El canciller de Nicaragua, Norman Caldera, sugirió ayer investigar el uso que le dará el Frente Sandinista a las 20 mil toneladas de urea que recibió hace poco de Venezuela, porque ese material contiene hidrógeno y puede ser utilizado hasta para fabricar explosivos.

“La urea hay que vigilarla bien, por los usos que se le puede dar fuera de lo agrícola. Se puede utilizar como materia prima para explosivos, entonces, hay que vigilar su uso para que sea correctamente. Yo no temo nada, lo que estoy diciendo es que todas las donaciones que vienen de Gobiernos a partidos, deben ser vigiladas correctamente”, recalcó Caldera.

El diplomático nicaragüense dijo que Daniel Ortega es doble moralista, porque llama “solidaridad” a lo que le beneficia, e injerencismo cuando está en su contra.

“Aquí estamos en un claro caso de una doble moral que está expresando un personaje que ustedes saben perfectamente quién es (Ortega). Cuando le beneficia a él se llama solidaridad, y cuando es en su contra es injerencismo. Aquí o todos hijos o todos entenados”, reiteró el canciller de Nicaragua.

Caldera recordó que la Ley Electoral prohíbe el financiamiento económico de un Gobierno externo a un partido político.

El vocero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Leonel Teller, denunció que Chávez destinará 54 millones de dólares a la campaña electoral de Ortega. Indicó que el PLC obtuvo la información del analista John Sweeney.

También denunció que 30 científicos nucleares de Corea del Norte se encuentran en Venezuela, para estudiar la existencia de uranio para iniciar la fabricación de armas nucleares; y que 60 expertos venezolanos capacitan para “robar las elecciones” a cuadros del Frente Sandinista.