- Empresa Pensa emitirá bonos de carbono a partir de junio
La empresa Polaris Energy Nicaragua S.A. (Pensa) ingresó a la lista de compañías del mundo que emiten bonos de carbono, colocando al país en un nuevo segmento financiero.
Los bonos de carbono son estipulados en el Protocolo de Kyoto, iniciado en 1997 pero vigente desde 2005. Son otorgados a empresas que no emiten gases contaminantes a la atmósfera, como es el exceso de dióxido de carbono (CO2).
El exceso de CO2 impide la salida de calor al espacio y provoca un calentamiento excesivo del planeta, fenómeno conocido como efecto invernadero, según información obtenida en Internet.
Adriana Romero, gerente administrativo y de Relaciones Publicas de Pensa, empresa que se dedica a la generación de energía geotérmica en la zona San Jacinto-Tizate, dijo que los ingresos producto de la venta de estos bonos servirán para ampliar la capacidad instalada de la planta y por ende crear más empleos.
Dijo que hay otras empresas haciendo los trámites para vender los bonos, pero que las autoridades del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) les han confirmado que son los primeros autorizados.
Romero aseguró que la directora de la Oficina de Desarrollo Limpio del Marena, Marina Stadthagen, les confirmó ser los primeros certificados para vender los bonos, tras un proceso que duró un año.
LA PRENSA intentó comunicarse con Stadthagen pero no fue posible ubicarla.
Romero explicó dijo que el procedimiento incluye la contratación de una empresa, en este caso Eco Securities Ltd, instalada en Londres, que se encarga de elaborar un expediente de la empresa.
Posteriormente un validador confirma este análisis y cuantifica la cantidad de bonos que emitirán en base al volumen de contaminante que se dejó de producir.
Todo este proceso le ha costado a Polaris unos 80 mil dólares, dijo la funcionaria.
En el Protocolo, promovido por las Naciones Unidas, los países pactaron reducir entre 5 y 6 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero respecto a 1990, pero generalmente los países desarrollados las incumplen.
Señaló que los países que incumplen con este porcentaje obtienen una especie de multa, cuyo precio actual es de unos 40 euros (unos 49 dólares) por tonelada de contaminante que al cabo de cinco años se elevará a 100 euros.
Explicó que por eso el Protocolo obliga a los países industrializados a que inviertan en proyectos que se ejecutan en países en vías de desarrollo sin contaminar el ambiente, pues de esa manera emiten los bonos que al final resultan más rentables que la multa.
