Últimamente algunos legisladores norteamericanos —como parte de una serie de medidas que buscan detener la comisión de ciertos delitos— están arremetiendo contra la doctrina y práctica de la Iglesia Católica e invadiendo áreas que son de naturaleza estrictamente religiosa. En días pasados, la representante demócrata Mary Stuart Gile, de New Hampshire, introdujo un proyecto de ley (House Bill 1127) con el cual se pretende obligar a los sacerdotes católicos y a otros líderes religiosos a revelar información obtenida en el confesionario o en una sesión de consejería espiritual, relativa al abuso infantil. Esto, a pesar de que es bien conocido que la doctrina católica prohíbe a sus sacerdotes —bajo severas penas y sanciones— violar el sello de confesión. Muchos sacerdotes ya han dicho que prefieren ir a la cárcel antes de violar su conciencia religiosa. ¿Necesita el Gobierno norteamericano ganarse la animadversión de alrededor de 20 millones de católicos mexicanos que viven en Estados Unidos? ¿Va a contribuir significativamente esta ley a la reducción del abuso de menores? ¿Revelarán los abusadores su delito o su intención de cometerlo cuando saben que el sacerdote va a delatarlos? Claro que no.
Pero como si esto fuera poco, ahora ha surgido otro proyecto de ley para prohibir que individuos o instituciones —incluida la Iglesia Católica— ayuden en cualquier forma a inmigrantes ilegales en ese país. La ley es tan específica que incluye como delito llevar a un inmigrante ilegal a una estación de transporte. Esta ley contra inmigrantes ilegales es patrocinada por James Sensenbrenner Jr., de Wisconsin y Peter King, de Nueva York y es, en realidad, parte de una política federal antimigratoria más amplia.
El cardenal Roger Mahony, de la Arquidiócesis de Los Ángeles, dijo en una misa en ocasión de la celebración del Miércoles de Ceniza, que los católicos deben orar y ayunar para que haya leyes de inmigración norteamericanas más humanas. Si esta ley pasa, el Cardenal dijo que instruiría a los católicos a desafiarla, es decir, a desobedecerla. También declaró que los discípulos de Cristo están obligados a ayudar a los necesitados y vulnerables al margen de su estatus migratorio y que el Estado no debe penalizar la obra de benevolencia de las iglesias y de otras instituciones conectadas con ella. Es la misma reacción de la Iglesia ante la ley propuesta por la Representante Stuart Gile que obligaría a líderes religiosos a violar el secreto de confesión.
En realidad es ridículo pensar que cuando una persona toca a las puertas de una iglesia o de una de sus instituciones benéficas, se le tenga que preguntar si es un inmigrante ilegal y que la ayuda esté condicionada a su respuesta para no correr el riesgo de cometer delito. El hambriento debe ser alimentado, el desnudo vestido, el enfermo curado y ni los individuos ni las iglesias tienen que dar cuentas al Estado por ayudar al prójimo. Se trata sencillamente de un acto de misericordia.
Es comprensible que cualquier Estado se proteja contra la inmigración ilegal, sobre todo en casos como el de EE.UU. donde llega gente de todos los rincones del mundo buscando un mejor futuro. Sin embargo, nos parece que los legisladores de ese país se equivocan cuando pretenden imponer este tipo de obligaciones a las iglesias y otros organismos que practican la caridad hacia los necesitados sin distingo de su condición legal. Por otro lado, este tipo de leyes afecta, sobre todo, a inmigrantes mexicanos y centroamericanos que son los más pobres y necesitados de ayuda en ese país.
Los Estados Unidos deberían de implementar una política de mayor acercamiento hacia México y Centroamérica, sus aliados naturales y sus vecinos inmediatos. Especialmente, ante la creciente pérdida de la influencia norteamericana en Sudamérica y ante el virtual triunfo del candidato a la Presidencia de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. La comunidad mexicana es la mayor población latina en Estados Unidos con más de 21 millones de habitantes, equivalente a un 60 por ciento de todos los hispanos que viven en ese país.
Ni el proyecto de ley contra el secreto de confesión ni la prohibición de obras de caridad a los ilegales parecen medidas inteligentes para frenar delitos tan complejos.
