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Que se vayan todos los magistrados
El viernes de la semana pasada, el organismo cívico Ética y Transparencia propuso que los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) sean cambiados inmediatamente después de que se celebren las elecciones regionales del Atlántico, del próximo domingo 5 de marzo, “ante la falta de credibilidad originada por la crisis interna que afecta a ese poder del Estado”.
Al día siguiente, uno de los magistrados del CSE que pertenece al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), reconoció que la solución a la crisis en que se encuentra sumido el Poder Electoral depende de “que se vayan todos”. “Si no hay credibilidad en nosotros, qué sentido tiene que estemos allí (en el CSE)”, aseguró el magistrado liberal, según informó LA PRENSA en su edición del domingo pasado.
Ciertamente, no hay credibilidad en los magistrados del Poder Electoral. Ni siquiera el PLC confía en el CSE a pesar de que casi la mitad de sus magistrados son de ese partido. Y no hay credibilidad porque la grave crisis en que se mantiene ese poder del Estado —lo mismo que el Poder Judicial, la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría de Derechos Humanos—, fue causada por el pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega para repartirse el botín del Estado y subordinar las instituciones a las cúpulas de sus dos partidos.
De manera que para resolver la crisis del Poder Electoral y dar confianza a los ciudadanos en que las próximas elecciones serán libres y transparentes, habría que destitui r a todos los magistrados propietarios y suplentes del CSE y reemplazarlos con personas honorables, que merezcan el respeto de la sociedad, de los partidos políticos democráticos y hasta de los mismos PLC y FSLN.
La función principal del organismo electoral del Estado, en cualquier parte del mundo democrático, consiste en organizar correctamente las elecciones de las autoridades que gobiernan el país en sus distintos escalones institucionales, y garantizar que los comicios se celebren en forma ordenada, apegada a la ley, con libertad y transparencia.
Pero no sólo eso. Las elecciones no son sólo una formalidad política para escoger a las autoridades que ejercen el poder público. Las elecciones constituyen también un mecanismo indispensable para construir, institucionalizar y perfeccionar en forma permanente una democracia madura y responsable; y la consecución de ese fin tan elevado y trascendente depende en gran medida de la calidad personal, profesional y moral de quienes organizan las votaciones.
Por eso es que las personas que representan la autoridad electoral tienen que ser idóneas, tanto moral como profesional y políticamente. Esa es la única manera de que el Poder Electoral pueda gozar de la confianza de los intermediarios de la voluntad popular, que son los partidos políticos, pero en primer lugar de la confianza de los ciudadanos, que no deben dudar de la honradez de los funcionarios que organizan las elecciones, cuentan los votos y distribuyen los cargos. Si esas autoridades no son independientes e imparciales, no pueden merecer el respeto de la ciudadanía y los resultados electorales carecen de legitimidad.
En la actualidad es tanta la importancia que ha adquirido la materia electoral —como consecuencia de la gran autoridad, amplitud e influencia de la democracia—, que se ha creado una rama especializada de la ciencia jurídica y política que es el derecho electoral. Y de conformidad con los principios de esta especialidad del derecho político, el organismo electoral —el CSE en el caso de Nicaragua—, para cumplir correctamente sus funciones y responsabilidades debe ser una parte separada y autónoma del resto del aparato estatal, y ante todo tiene que ser independiente de los partidos políticos.
Portavoces del PLC —partido que ahora se queja de ser víctima del FSLN porque éste se ha llevado la parte del león en la repartición del CSE y del botín del Estado en general, la cual fue acordada en el pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega—, han propuesto que “en el diálogo nacional se acuerde, por consenso, el nombramiento de los relevos”, es decir, de nuevos magistrados electorales. Pero el tal diálogo nacional no puede designar funcionarios del Estado. A lo sumo lo que podría hacer es proponerlos.
La que debe cambiar a los magistrados electorales es la Asamblea Nacional, pero ésta se encuentra dominada por diputados que también deberían ser destituidos, por las mismas razones, de manera que esta crisis institucional es un círculo vicioso que sólo acciones drásticas de los ciudadanos podrían romper.
