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Los impuestos como garrote
El Gobierno, el FSLN y el alcalde sandinista de Managua acordaron, para poner fin al paro de los buseros urbanos de Managua que la Asamblea Nacional dicte un impuesto adicional y extraordinario del tres por ciento a las ganancias de las empresas importadoras y distribuidoras de combustibles, comúnmente llamadas “las petroleras”.
El producto del nuevo impuesto, que los representantes de las compañías petroleras calificaron de confiscatorio, se entregará a los buseros sandinistas (algunos sospechan que parte de ese dinero iría al financiamiento de la campaña electoral de Daniel Ortega) durante cuatro meses, después de los cuales se decidirá mantenerlo o suspenderlo de acuerdo con las circunstancias.
Poner más impuestos y/o incrementar los existentes es el recurso vicioso del que echan mano los políticos mercantilistas, populistas y socialistas para castigar la eficiencia, la productividad y la rentabilidad de la empresa privada. En realidad es una gran irresponsabilidad de los políticos dictar nuevos impuestos o aumentar los existentes cada vez que quieren o necesitan repartir recursos adicionales a los ya presupuestados. Y es una política perversa —además de torpe— utilizar los impuestos como garrote para golpear al único estamento que produce, crea riqueza y genera ingresos para el Estado, que es el sector privado y dentro de éste las empresas mejor organizadas y más rentables.
La política fiscal es algo muy serio y debe ser manejada por gente capacitada y responsable, aseguran los expertos en la materia. Y agregan que una política fiscal responsable, sana e inteligente, no sólo mejora notablemente la recaudación sin perjudicar y mucho menos confiscar indirectamente a las empresas privadas, sino que también es un instrumento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social.
Eso significa que las recaudaciones deben ser, en lo que se refiere a cubrir los gastos del Estado, consistentes con los objetivos macroeconómicos (estabilidad financiera, equilibrio fiscal, inflación controlada, reservas apropiadas, etc.). Además, el sistema tributario debe ser sencillo, para minimizar los costos de la recaudación y facilitar a los contribuyentes el pago de los impuestos y demás tributos. En vez de aumentar los impuestos más bien se les debe reducir, a fin de disminuir la evasión y aumentar la base impositiva. Y sobre todo se debe dar seguridad jurídica y económica, para lo cual la estructura tributaria debe ser predecible y estable, evitar los cambios frecuentes en la legislación fiscal porque éstos deprimen la actividad productiva, ahuyentan la inversión, causan zozobra a los diversos agentes económicos, etc.
Poner nuevos impuestos y aumentar los existentes desmotiva la actividad económica y, por lo consiguiente, termina reduciendo la misma recaudación. Por lo tanto, lo que deberían hacer los gobernantes y co-gobernantes, si fueran sensatos y de verdad quisieran resolver problemas como los del transporte, médicos y maestros, es racionalizar el gasto público, reducir el voluminoso y oneroso aparato estatal (Asamblea Nacional, Corte Suprema, Consejo Supremo Electoral, Contraloría y Fiscalía, asesores de los ministerios, etc.), y mejorar las asignaciones a los sectores sustantivos como Salud y Educación.
El grave problema del sector público de salud, por ejemplo, radica en que se gasta mucho más en lo administrativo que en la infraestructura de atención al público y salarios de médicos y demás personal sanitario. Y en general hay una grave distorsión del gasto público, que sirve más para satisfacer la voracidad de los políticos que para atender las necesidades de la población.
Por eso es que en vez de ordenar y racionalizar el gasto del Estado, lo que se hace es golpear con el garrote de nuevos impuestos al sector productivo, lo cual trae consecuencias peores porque las empresas afectadas, en este caso las petroleras, forzosamente tendrán que compartir el golpe con los consumidores, recortar gastos operativos y tomar otras medidas que reducirán sus márgenes de utilidades y, por lo consiguiente, los beneficios de sus trabajadores y las recaudaciones estatales.
Pero aún hay tiempo de detener ese nuevo impuesto abusivo e inoportuno. Es entendible que los populistas del FSLN y del sandinismo disidente de Herty Lewites, quieran debilitar a la empresa privada golpeándola con impuestos constantes y confiscatorios. Pero los diputados que se dicen demócratas no deben aceptar sino rechazar semejante despropósito contra la economía nacional.
