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Ultrajes a los nicaragüenses
El Gobierno de Nicaragua denunció a Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por negación o retardación de justicia en los casos de los dos nicaragüenses —Natividad Canda y José Ariel Urbina— quienes el año pasado murieron en forma violenta pero en circunstancias diferentes, en territorio costarricense. Además, la denuncia incluye los casos de otros cuatro nicaragüenses que sufrieron lesiones graves durante el mismo incidente no provocado por ellos, en el que Urbina fue asesinado.
“Hasta el día de hoy —dice el canciller Norman Caldera en la declaración pública sobre la denuncia de Nicaragua ante la CIDH—, a más de ochenta y cinco días de haber ocurrido el primer suceso, el proceso no ha avanzado; no hay capturados; no se ha llevado a nadie ante juez competente; y, además, se han minimizado los hechos, pese al peligroso contexto en que los mismos se produjeron”. Agrega el Canciller que el Gobierno de Nicaragua tiene la esperanza de “encontrar la mejor forma de resolver una situación de Derechos Humanos que es de profundo y delicado cuidado por el contexto en que se produce”; y concluye señalando que: “Al concurrir a la Corte, vía la Comisión, no lo hacemos con el afán de buscar una sanción a Costa Rica, sino una solución humana, inspirada —precisamente— en las reglas de valores democráticos que compartimos y en la dignidad inherente a los migrantes nicaragüenses que merecen el amparo y protección del Estado de Nicaragua y la garantía de sus derechos donde quiera que se encuentren”.
Ciertamente, el Gobierno de Nicaragua está obligado por mandato constitucional (Arto. 28 Cn.), a velar por los nicaragüenses que se encuentran en el extranjero. Además, el derecho internacional obliga a Costa Rica y a todos los Estados, a dar garantías a los extranjeros que están en su territorio, tales como protección de la vida e intereses contra las acciones de violencia colectiva; derecho a no ser detenidos arbitrariamente; derecho a no ser torturados y a que no se les someta a tratamientos inhumanos; libre acceso a los tribunales y derecho a la justicia sin discriminación por razón de nacionalidad, etc. Y en este caso, a juzgar por la denuncia de Nicaragua, Costa Rica no ha actuado de conformidad con esos principios y obligaciones de derecho internacional, lo cual justifica la demanda interpuesta ante la CIDH.
Precisamente una acción gubernamental como esa es lo que venían demandando los familiares de las víctimas, así como organismos defensores de los derechos humanos y la opinión pública nicaragüense en general, que lamenta y teme el peligroso avance de la xenofobia antinicaragüense en ese país que es tan cercano y siempre ha sido tan hermano de Nicaragua.
Pero la protección a los nicaragüenses debe ser integral. Se debe proteger por igual tanto a quienes por la razón que sea viven en el extranjero, como a los que residen dentro del país. Y hay que predicar con el ejemplo, ante todo porque la dignidad de la persona humana exige que se le trate y respete como tal, y que no se violenten de ningún modo sus derechos de todo orden; pero además porque la defensa y protección de los nicaragüenses que viven en el exterior será más firme, sustentable y atendible, si la comunidad internacional mira y comprueba que con igual celo se defiende y protege a los que residen dentro del país.
Nos referimos, por ejemplo, a los nicaragüenses enfermos a quienes por una huelga de reivindicación salarial se les niega el elemental y humanitario derecho a la salud y la atención médica; nos referimos a los centenares de miles de nicaragüenses a quienes por un paro de transporte en demanda de más ganancias para un reducido sector empresarial, se les niega el derecho a la libre circulación y se les obliga a caminar extenuantes distancias, a pagar más caro por su transportación y a correr el riesgo de ser lesionados por activistas del paro que agreden violentamente a quienes ofrecen el servicio. Y nos referimos a los nicaragüenses de la Costa Atlántica cuyos derechos políticos son atropellados por un Consejo Supremo Electoral irresponsable, partidista y politiquero.
No cabe ninguna duda de que los tribunales internacionales darían más fácilmente la razón a Nicaragua en su reclamo por los compatriotas que viven afuera, si se protegiera como es debido a todos los nicaragüenses de dentro del país.
