Víctor Manuel Espinoza [email protected]
Aunque no conozco a Mirna Velásquez Sevilla y Eloísa Ibarra, mujeres de prensa, considero que hoy ocupan un lugar especial en la tribuna de la libertad de expresión.
El seguimiento, motivación y perseverancia por Eloísa y Mirna a una información sobre la pérdida de fondos de la Corte Suprema de Justicia, ha provocado ataques contra ellas. El hecho es que los fondos entregados por el Poder Judicial ha trascendido las fronteras del país y ha causado un impacto a los profesionales del Derecho y a la sociedad.
Para algunos juristas el problema no está en la entrega del dinero, sino en los procedimientos; para otros abogados es el número de jueces que se involucran cuando hay dinero de por medio, especialmente los jueces suplentes, abogados y terceras personas. Otros abogados refieren cómo la señora Leyla Bucardo en forma despectiva expresó a los medios de comunicación la forma de obtener justicia a través de la influencia; a las personas comunes y corrientes, que no son abogados, les despierta curiosidad y molestia este tipo de escándalo, lo que hace que la noticia resalte.
El 27 de diciembre del 2005 en el Diario LA PRENSA el magistrado Rogers Argüello atacó a Mirna Velásquez, señalándola de estar confabulada con Ibarra en una campaña sucia contra él, como en el pasado supuestamente la hubo, según él, contra los magistrados Rafael Solís y Carlos Guerra.
Cuando un ciudadano se siente ofendido por alguna noticia que considera que es incorrecta e injusta, lo adecuado sería recurrir al medio a reclamar y aclarar, o ir a los tribunales de justicia, pero confrontar a los profesionales de la información sin demostrar que la noticia es incorrecta, falsa o mal intencionada es cometer un error.
Decir que Mirna Velásquez está haciendo una campaña sucia o que posiblemente alguien le está pagando, y atacar personalmente a Eloísa Ibarra, trasciende de lo periodístico o de la aclaración en un lenguaje que al final se revierte contra el atacante; no podemos continuar con un lenguaje que frente a alguien que señala un delito plantear elementos de otro delito cuando hay formas de hacer las rectificaciones y las aclaraciones. Le corresponde a los editores de los medios hacer las aclaraciones al público, pero recurrir a la televisión o la prensa escrita o a la radio con un lenguaje impropio es desnaturalizar la misma libertad de expresión.
El hecho es que Eloísa Ibarra y Mirna Velásquez son mujeres de agallas periodísticas y que no están dispuestas a dejarse humillar por nadie; se han convertido en heroínas de la libertad de expresión. Parece que algunas mujeres tienen más valor que algunos hombres y su espíritu las lleva al sacrificio como la periodista María José Bravo, que fue asesinada en Chontales por una información.
Las declaraciones del magistrado Rogers Camilo Argüello, de políticos y diputados en contra de Eloísa Ibarra o Mirna Velásquez Sevilla, han agudizado el tema; desdice de la investidura del cargo y rango que ocupan, olvidando que no estamos en las dictaduras del pasado. Por el contrario, inteligentemente doña Violeta Chamorro dejó la libertad de prensa en forma irrestricta para evitar los vicios, fallas y delitos cometidos en su contra.
Que un funcionario público tenga rango, posición económica y política no le da mayor o mejor derecho contra otras personas que pretende perjudicar o señalar, porque están en la obligación de ser prudentes, humildes y pacientes.
El autor es abogado y notario.
