Douglas Carcache
Como es imposible parar la migración, los gobiernos de los países que más gente “expulsan” deberían de buscar la forma de incentivar el retorno de sus ciudadanos en el exterior, o el acercamiento con sus comunidades de origen, para recuperar talentos que han perdido e inversionistas potenciales.
¿Para qué?, se preguntarán algunos ciudadanos en Nicaragua, si por esas personas que han emigrado es que tenemos comida y medicinas en nuestros hogares. ¿A qué voy a volver?, dirán otros que viven fuera del país, si allá en mi tierra, aunque la extrañe, no voy a tener el trabajo que tengo aquí, en Estados Unidos o en Costa Rica.
Hay al menos dos razones para estimular a corto plazo el retorno de una parte de los emigrantes, en el caso de Nicaragua. Una, que buena parte de los nicas que se fueron a Estados Unidos en los años setenta, ya están en la edad del retiro laboral o se les acerca ese momento; y la segunda, que miles de indocumentados que están en territorio estadounidense o en Costa Rica, podrían retornar debido a las políticas migratorias más rígidas de esos gobiernos.
En el primer caso, el emigrante que decide retirarse y volver a vivir en Nicaragua dejaría de enviar remesas familiares, si lo hacía, y empezaría a recibir aquí el dinero de su pensión. En el otro caso, desaparecería la remesa y el repatriado comenzaría una nueva vida laboral, sin la garantía de ninguna pensión y quizás con algún ahorro o inversión que haya podido hacer mientras estuvo afuera.
Especialistas en Migración estiman que en los próximos 10 ó 15 años los volúmenes de remesas familiares van a declinar, porque buena parte de los migrantes van a jubilarse y otros, que aún sigan laborando, van a tener con ellos a los familiares más cercanos y dejarán de enviar dinero o reducirán el monto.
Significa entonces que, ahora que los flujos de remesas crecen como espuma y sostienen la economía de poblados enteros, es la oportunidad de los gobiernos de iniciar programas de desarrollo económico y social, para que las comunidades más pobres, de donde salen los migrantes, recuperen su capacidad productiva.
En países como El Salvador y México financian obras de desarrollo en que el Estado pone tres dólares por cada dólar que aportan grupos de migrantes, que quieren llevar mejoría a sus comunidades. Supongamos que los nicaragüenses originarios de Camoapa, que viven en Estados Unidos, desean hacer un puente o una escuela que cuesta 100 mil dólares. Ellos dan 25 mil dólares y las instituciones estatales (Gobierno y Alcaldía del municipio) aportan el resto. Pero es el Estado el que se encarga de levantar la infraestructura.
Algunas investigaciones han mostrado que el 17 por ciento de las remesas familiares pasan al Estado en concepto de impuestos. Las remesas son un ingreso privado y las familias compran con ellas lo que desean, alimentos o productos importados, que están gravados con impuestos.
Sin embargo, las comunidades que más remesas reciben son a veces las que menos se benefician con las obras públicas, lo que ha estimulado más la emigración que el retorno.
