- “No puedo tirarle lodo a mis compañeros”, argumenta
Mirna Velásquez [email protected]
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez Sevilla, dejó en manos de la Asamblea Nacional cualquier intención de destitución de su homólogo Rogers Camilo Argüello, uno de los eslabones que permitió la salida ilegal de 609 mil dólares de las arcas de la Corte.
Argüello permitió que la notario Astrid Berenice Bracamonte tuviera acceso al Libro de Votos, para que ésta certificara una sentencia que aún no estaba firme. Ese acto constituye una irregularidad del magistrado, pero imponerle una sanción no es competencia de la Corte, declaró Martínez.
“Yo como par, no puedo tirarle lodo a mis compañeros de trabajo. Creo que cada quien actúa conforme a la ley, conforme a la ética, a la moral, y es para cada uno de nosotros responsabilidad personal”, dijo el magistrado Martínez.
“Déjenme decirles otra cosa: no existe un procedimiento para que nosotros juzguemos al doctor Argüello. Nosotros no podemos juzgar al doctor Argüello. Digan lo que digan, no lo podemos juzgar, ni siquiera la Asamblea Nacional tiene un procedimiento para juzgarnos a nosotros”, añadió el funcionario judicial.
Martínez insistió en que ni los magistrados de la Corte Suprema ni la Asamblea Nacional ni nadie puede destituir a un magistrado judicial, debido al vacío en la ley.
“Cuando (los medios) ya adelantan que estamos dejando por fuera a fulano de tal, no es eso, lo que pasa es que nosotros estamos juzgando a los que la ley nos faculta y nos faculta juzgar a los jueces, a los abogados y notarios y a los magistrados de los tribunales de Apelaciones, después no podemos juzgar a nadie”, afirmó.
Ante la pregunta de a quién le compete hacerlo, el magistrado respondió que esa es una pregunta que tendría que resolver la Asamblea Nacional.
SENTENCIA LISTA
Martínez también anunció que la Corte Plena dará a conocer hoy la sentencia definitiva, después de culminar las investigaciones de la sustracción del dinero, cuyo paradero aún está en el misterio.
Fuentes cercanas a las investigaciones adelantaron ayer a LA PRENSA, que serán “decapitados” los jueces Julissa Bonilla, Julio Morales, Moisés Rodríguez y Benjamín Arriaza.
Además de ser destituidos del cargo de jueces, serán sancionados con la inhabilitación del ejercicio de su carrera de abogados por cinco años y por un año, respectivamente.
La guillotina caerá también sobre los abogados Israel Zelaya y Astrid Bracamonte, a quienes se les sancionará por cinco años, conforme a un proyecto de resolución que circula entre los magistrados, pero que ayer no estaba finiquitado.
Se espera que la Corte presente el informe con los hallazgos de la investigación, a la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Noel Pereira Majano, que desde hace unas semanas lo solicitó.
CULPA AL JUEZ MORALES
En una férrea defensa de su participación en la trama para sacar el dinero, el magistrado Martínez descargó la responsabilidad claramente en el juez Julio Morales, quien ordenó a las autoridades administrativas de la Corte liberar el dinero.
Martínez reconoció desde el inicio de las investigaciones periodísticas, que estampó su firma en el cheque que fue cambiado por Sergio Ramón Meléndez Aguilar, quien registra un rosario de antecedentes penales, según consta en los archivos judiciales y policiales.
El proyecto de resolución que hasta ahora analizan los dieciséis magistrados de la CSJ, exonera de responsabilidades al magistrado Martínez, y destacan que el “error” en que incurrió al firmar el cheque se dio al confiar en una orden emitida por el juez Morales.
“Desde el primer día en que se me preguntó a mí que si había firmado el cheque, dije que sí. Cuando yo dije que sí, (fue) porque el juez ordenó que se devolviera ese dinero y porque ese es el procedimiento que se usa en estos casos”, expuso Martínez.
SE CAE TODO
El vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, informó que la Sala Constitucional ya tiene lista también otra sentencia en relación al caso.
La salida del dinero en agosto pasado se dio “gracias” a una sentencia falsa que circuló en esa Sala, en la que se ordenaba la liberación del dinero. En base a este fallo, el juez Julio Morales dio la orden de salida del dinero.
La Sala Constitucional al parecer dará una sorpresa esta maña, pues romperá con los “pronósticos” de rechazar el recurso de queja que dio lugar a la falsa sentencia y más bien admitirán que todo se originó en una queja falsa.
Para los magistrados constitucionales, la comparecencia del señor Javier Antonio López Poveda ante la comisión investigadora del caso, fue decisiva, porque él dijo a la comisión investigadora que nunca introdujo la queja en la que se basaron para sacar el dinero, por lo tanto, el recurrente y la queja son falsos.
Este dato desmorona y destraba el asunto, según dijeron fuentes cercanas al caso, y los magistrados tendrán que regresar el caso de Luis Ángel González Largo y Leyla Bucardo a su estado anterior: mantenerlos en efectiva prisión.
“Eso es importante y eso nos sirvió de base para tomar una decisión”, dijo Solís, quien prefirió no dar mayores detalles.
Desde el 26 de octubre pasado, el magistrado Francisco Rosales dio a conocer un proyecto de sentencia que rechazaba el recurso de queja a favor del supuesto narcotraficante, pero el proyecto nunca tomó fuerza de sentencia, porque los magistrados liberales nunca lo firmaron, según dijo otra fuente judicial.
A los magistrados liberales que conforman la Sala Constitucional, dijo la fuente, no les interesó rechazar el recurso de exhibición personal porque eso implicaría confirmar que el delito de lavado de dinero no necesariamente está vinculado al narcotráfico.
González Largo, también conocido como Jorge Eliécer González, es procesado por lavado de dinero, el mismo delito por el que se enjuicia al ex presidente Arnoldo Alemán.
La defensa de Alemán ha mantenido que este delito está ligado al narcotráfico, para que pueda existir.
¿Y EL DINERO?
El magistrado Edgard Navas, uno de los miembros de la comisión investigadora de la sustracción ilegal de los 609 mil dólares, indicó ayer que el informe final que contiene los hallazgos, recomienda a la Fiscalía ejercer las acciones correspondientes contra cualquier persona que no sea funcionario del Poder Judicial.
En el escándalo denominado “narcodólares” está involucrado Sergio Ramón Meléndez Aguilar, quien retiró el dinero del Banco de la Producción, usando dos poderes falsificados por la notario y también juez de Tipitapa, Julissa Carolina Bonilla.
”En la propuesta de resolución y el informe que elabora la comisión investigadora, sí se hace referencia a la Fiscalía General de la República”, dijo el magistrado Navas.
Meléndez Aguilar fue captado por las cámaras del banco cuando retiraba el dinero junto al juez Julio Morales, el ex juez Carlos Mario Peña y su hijo Mario Mario Roberto Peña. El paradero del dinero se desconoce.
