- Hace 25 años, la hoy extinta Dirección General de Seguridad del Estado, organizó una estratagema para asesinar al dirigente del Cosep, Jorge Salazar, acusándolo de “conspirar contra la revolución”.
Jorge Loáisiga [email protected]
Lunes 17 de noviembre de 1980. Tres de la tarde. Un automóvil color blanco está estacionado en la antigua gasolinera Esso “Las Chonchitas”, de El Crucero, con dos personas a bordo. Una camioneta Cherokee, llega al lugar y se estaciona a poca distancia del automotor blanco. También hay dos personas a bordo.
Otro vehículo, también blanco, aparece en la carretera, entra a la gasolinera, de él se baja una persona, se acerca a la camioneta Cherokee y dispara a quemarropa contra el conductor, luego se producen más disparos y todo se volvió una confusión.
Más tarde, en horas de la noche, fue divulgado a través de Radio Sandino, la emisora del Frente Sandinista de Liberación Nacional, un comunicado del entonces Ministerio del Interior (Mint), en el que daba a conocer el desmantelamiento de un supuesto “complot contrarrevolucionario”, en el que había muerto Jorge Salazar Argüello al enfrentar a las fuerzas de Seguridad del Estado.
Salazar Argüello era el vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y un opositor del recién instalado gobierno revolucionario.
TESTIGOS NO VIERON ARMAS
“El Ministerio del Interior tiene a bien informar a toda la ciudadanía que el día de hoy, 17 de los corrientes resultó muerto el ciudadano Jorge Salazar Argüello, en un enfrentamiento con las fuerzas de la Seguridad del Estado”, indicaba el comunicado que también fue publicado en el Diario Barricada, órgano oficial del Frente Sandinista, el 18 de noviembre de 1980, bajo el título: “Quiebran conspiración somocista”.
El documento indicaba que Salazar junto a otras personas estaban organizando un “complot contrarrevolucionario” y que éstos habían disparado contra las fuerzas de la Seguridad del Estado y además, reportaba la captura de Leonardo Somarriba González, José Mario Hannon Talavera, Dora María Lau de Lacayo, Alejandro Salazar Elizondo, Gabriel Lacayo Benard y Néstor Moncada Lau.
Éste último en realidad era el tercer hombre de la Seguridad del Estado y fue infiltrado por ese aparato, que inicialmente contaba con el apoyo de la seguridad cubana, en los grupos de productores que estaban criticando el llamado Programa de Gobierno, el cual decían se había salido del rumbo prometido.
Moncada Lau es ahora uno de los hombres más cercanos a Daniel Ortega, incluso en ocasiones le sirve de chofer escolta en las giras que realiza constantemente por el país.
“La política de la verdad, es la política de la revolución”, rezaba irónicamente en su parte final el comunicado del departamento de divulgación del Ministerio del Interior que dirigía el comandante Tomás Borge Martínez.
Muchos fueron los testigos, pero los únicos que rindieron declaración ante la Juez Segundo de Distrito del Crimen de Managua, Luz Marina Vásquez, fueron Fernando Mercado y Auxiliadora Miranda.
Ninguno de los dos testigos, pese a que una de ellas estaba vinculada con los Comités de Defensa Sandinista (CDS), vio armas en la camioneta Cherokee que conducía Salazar.
Así quedó testimoniado en el expediente judicial que instruyó la juez Vásquez. Miranda dijo que lo que vio fue una bolsa color kaqui con seis M-16 y unos magazines “que le mostraron los oficiales”, pero ella ni siquiera estaba en el lugar a la hora de los hechos.
La juez Vásquez levantó autocabeza del proceso, realizó una inspección ocular en la gasolinera y mandó a adjuntar el croquis en el expediente. Fueron esas sus única acciones judicial. El expediente de investigación apenas alcanzó 15 folios.
A BORGE NO LE GUSTA HABLAR DEL TEMA
A las veinticuatro horas del asesinato de Salazar, el entonces ministro del Interior, Tomás Borge Martínez, declaró que había pruebas del involucramiento de Salazar con elementos contrarrevolucionarios y ex guardias somocistas.
Borge también dijo en esa ocasión que Salazar no andaba armado, ni había disparado, pero que la persona que lo acompañaba sacó una pistola Browning y disparó contra la patrulla de la Seguridad del Estado.
Veinticinco años después de esos sucesos, Borge prefiere no hablar del tema. Según su asistente Gadiel Arce, “es un tema que no le gusta mucho” y por ellos prefiere no hablar, según dijo este lunes Arce a LA PRENSA mientras Borge se entrevistaba con el Cardenal Miguel Obando y Bravo.
Antes, en 1997, cuando Moncada Lau fue capturado en un intento de atentado contra el ex presidente Arnoldo Alemán, Borge declaró que no recordaba quiénes eran los miembros de la patrulla de la Seguridad del Estado que dispararon contra Salazar.
EL TELEGRAMA DE PEZZULLO
El embajador de los Estados Unidos en Managua, Lawrence Pezzullo, informó a sus superiores en Washington, a través de un telegrama confidencial, hoy desclasificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que se había producido el arresto de siete prominentes líderes del sector político y empresarial del país, tras la muerte Salazar.
“La tarde del 17 de noviembre, efectivos de la Seguridad del Estado ejecutaron una serie de arrestos de líderes prominentes del sector privado y del sector político. Hasta el momento tenemos los nombres de siete arrestados”, decía en aquel entonces Pezzullo.
En su telegrama el embajador estadounidense en Managua, a las mismas personas que se indicaban en el comunicado del Ministerio del Interior, pero identificaba a Moncada, como tercero en el ranking oficial de la Seguridad del Estado.
En otra comunicación, Pezullo, pedía a la administración Carter que ésta se pronunciara sobre la muerte de Salazar y solicitaba a su gobierno que exigiera una investigación a fondo a la Junta de Gobierno de Nicaragua sobre los hechos acaecidos en El Crucero que terminaron con la vida de Salazar.
“Hay nuevas revelaciones en las explicaciones gubernamentales y de parte de testigos independientes, lo más importante es que Jorge Salazar —repito— no estaba armado”, indicó Pezzullo con insistencia en el documento fechado el 19 de noviembre de 1980.
“Él fue emboscado y ejecutado en el suelo por miembros de la Seguridad del Estado y un individuo no identificado, quien parece ser también miembro de la Seguridad del Estado. Disparos al aire aparentemente fueron la señal para ir al ataque”, agregó el diplomático.
LA TEORÍA DE LENÍN CERNA
Cinco días después del asesinato de Salazar, el jefe de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE), brindó una extensa conferencia de prensa, en la que aseguró que “la conspiración pretendía dividir al Ejército, organizar un frente interno con el apoyo de la Contra y coordinar invasiones de Nicaragua, a través de guardias somocistas ubicados en Miami, Costa Rica y Honduras y militares salvadoreños.
Cerna también habló en la conferencia de prensa sobre una supuesta junta provisional que tomaría el poder en la que involucró a Ismael Reyes, quien era el presidente de la Cruz Roja Nicaragüense, Frank Bendaña, un productor de Matagalpa y Rosendo Díaz, por ese entonces secretario ejecutivo de la Unión de Cafetaleros de Nicaragua, una de las organizaciones que integran el Cosep.
NI CONSPIRACIÓN NI DELITO
Los supuestos conspiradores capturados por la Seguridad del Estado, entre ellos Lau, Somarriba, Lacayo, y Moncada entre otros, fueron procesados por delitos contra la Seguridad y condenados entre uno y once años de prisión. La sentencia fue apelada por los abogados de éstos, pero en apelación se confirmó la sentencia, por la cual recurrieron de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Finalmente la Corte decidió absolver a los procesados porque no encontró delitos, ni culpabilidad de los acusados. Los procesados estuvieron nueve meses en la cárcel de Tipitapa.
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