Alfonso Dávila Barboza
Nicaragua es víctima de funestos agravios que le dañan su imagen de un Estado Soberano y muy independiente. En las últimas dos décadas nuestra querida República viene sufriendo muy visiblemente atentados en sus sagrados principios como son a saber: la libertad; la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana; y aspectos propios de su soberanía como es la injerencia extranjera en los asuntos internos, que menoscaba los derechos de la vida política.
También debo agregar que nuestra integridad territorial vive conflictos que dan la impresión de no tener una pronta solución para que en definitiva Nicaragua pueda sostener con seguridad legal lo que es y debe ser el territorio nacional, pues Colombia y Costa Rica provocan intranquilidad con coacciones y amenazas violentas y provocativas para sumar ventajas en sus demandas territoriales en el Tribunal Internacional de La Haya.
Es triste decirlo y escribirlo pero la sacrosanta legalidad que fortalece y tutela sin reservas el Estado de Derecho, por intereses políticos sin pudor alguno con facilidad asombrosa y por intereses creados y muy politizados, se margina la legalidad y se le da paso a la ilegalidad.
Es posible que la débil frontera que existe entre la infidencia y la confidencia sea igual o la misma entre la ilegalidad y la legalidad. Reconozcamos y no nos pongamos ciegos de que en el país, sujetos muy expertos que sin vergüenza alguna manipulan al gusto y antojo político la legislación nacional, llevan a la República de Nicaragua a la convivencia con ilegalidad.
La ley, como afluente del Derecho con sus normas, reglamentos y ordenanzas, con su papel sobresaliente de tutela a todos los poderes del Estado, le resulta imposible actuar de conformidad con su espíritu creador y ejecutivo formulado y bien discutido con la mejor buena fe por los legisladores honestos y con mucha devoción por un Estado en que la democracia, el pluralismo político y el respeto a las instituciones resulten de primordial obligación.
Aquí se irrespeta y se burlan las resoluciones de la Contraloría General de la República, los delictivos encuentran apoyo en políticos de dudosa reputación para lograr ser “declarados inocentes”; las demandas civiles duermen el sueño de los Justos; la Ley de Amparo se maneja como una veleta; y como devoto reconocido del Habeas-Corpus o exhibición personal expongo con mucho valor y pena que en los últimos meses se le ocupa para violentar la Vida Judicial, y este cuerpo de Leyes con respetuosa vigencia en todo el mundo tiene su partida de nacimiento en Inglaterra en 1679, que terminó con el abuso de reyes y príncipes de mantener en prisión y con tormentos a los que no simpatizaban con la política del círculo vicioso de la realeza.
Finalmente señalo muy libremente y bajo mi total responsabilidad que la llamada Ley Marco recientemente aprobada ha resultado sin querer queriendo el mejor espaldarazo a la ilegalidad.
Está ofendido y muy ofendido el Derecho Constitucional, la Constitución de la República de Nicaragua y el Estado de Derecho que precariamente tenemos.
Nuestros derechos y garantías están al vaivén de los inescrupulosos que a diario le rinden culto al poder y al dinero.
Para concluir es imperativo y preciso en este artículo la cita del maestro de filosofía Alejandro Serrano Caldera en su libro Razón, Derecho y Poder, del jurista John Rawls, cuando afirma: “En una sociedad justa, las libertades de igualdad de la ciudadanía se dan por establecidas definitivamente; los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales”.
El autor es asesor legal penal/ Masaya.
