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La imagen de la justicia
El jueves de la semana pasada, en conferencia de prensa que brindó a los periodistas que cubren la información judicial, un magistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia acusó a los medios de comunicación social, particularizando a los escritos, de ser los causantes de la mala imagen y el descrédito que sufre actualmente el Poder Judicial.
Específicamente, el magistrado sandinista formuló su acusación contra los periódicos y los periodistas en relación con la cobertura informativa que se le ha dado al escándalo por los 609 mil dólares que la Policía Nacional decomisó a unas personas, y que fueron retirados en forma irregular de una cuenta bancaria de la Corte Suprema de Justicia, con autorización de altos funcionarios del Poder Judicial.
Pero los periódicos y los periodistas no inventaron esa noticia. Se trata de un hecho real, verídico e inobjetable y escandaloso, que inclusive está siendo investigado por la misma Corte Suprema de Justicia, lo que por cierto ha agravado la molestia pública porque los magistrados no pueden ni deben ser jueces y parte, y lo que se amerita es una verdadera investigación independiente y confiable. Como tampoco los periódicos ni los periodistas han inventado ni uno solo del cúmulo de escándalos que han venido sacudiendo al Poder Judicial desde que éste fue repartido por las cúpulas del FSLN y el PLC, como consecuencia del pacto de los caudillos Daniel Ortega y Arnoldo Alemán.
En realidad, los culpables del descrédito que sufre en la actualidad el Poder Judicial son quienes han hecho de la administración de justicia un botín para repartírselo entre ellos y ponerlo al servicio de sus intereses. Culpables de la mala imagen de la Corte Suprema de Justicia son los que la politizaron, la partidarizaron y le pusieron epíteto —sandinista y liberal— a las magistraturas. Son culpables de la desconfianza pública en la justicia, los que al ser nombrados magistrados declararon que llegaban a la Corte para defender y promover los intereses de sus partidos. Culpables de esa deplorable imagen de la administración de justicia son los magistrados y jueces que se pusieron en el cuello pañuelos con los colores partidistas y se fueron a las manifestaciones públicas a gritar las consignas políticas. Son culpables de la mala reputación de la Corte Suprema de Justicia los que aprobaron un reglamento con fuerza normativa, para institucionalizar las bancadas partidistas en ese tribunal supremo de la República. Culpables, en fin, son los magistrados y jueces que han provocado y protagonizado tantos escándalos, que es prácticamente imposible enumerarlos en el limitado espacio de este comentario editorial.
Lo que han hecho y hacen los medios y los periodistas es cumplir con su deber de informarle a la ciudadanía los hechos reales y objetivos que ocurren en la administración de justicia de Nicaragua. Y además —como es también el deber de los medios y los periodistas—, hemos sido y somos portadores del sentimiento y el mensaje de una sociedad que no renuncia a su legítima aspiración de tener una administración de justicia transparente, magistrados y jueces idóneos e incorruptibles, dotados de la capacidad y del valor cívico que es imprescindible para expulsar del seno del Poder Judicial a quienes lo deshonran, y así evitar que el conjunto de funcionarios responsables de impartir la justicia tengan que ser culpados o responder por la indignidad de algunos de sus integrantes.
Nosotros estamos completamente claros de que la justicia no se debe ventilar ni administrar en los medios de comunicación social, que los periodistas no debemos olvidar ni desconocer el derecho a la presunción de inocencia y los derechos de las personas —incluyendo a los funcionarios— que son acusados de una u otra falta o delito. Tampoco debemos olvidar que hacer publicaciones precipitadas sobre acusaciones que luego resultan infundadas , afecta la honra y la dignidad de los involucrados que son inocentes, o la imagen de instituciones que deben gozar del respeto de los ciudadanos y la sociedad.
Nosotros somos muy cuidadosos con esas normas de principio, pero la buena imagen de las instituciones la hacen las actuaciones correctas de sus funcionarios. Y en caso contrario los medios no pueden renunciar a su obligación y derecho de informar y denunciar los actos indebidos que se cometen en el ejercicio del poder inclusive, en la administración de justicia.
