Harold Francisco García Bonilla
“El oro es el metal más evolucionado.
Y, en vez de ser un símbolo de la evolución,
pasó a ser la señal de las guerras”.
Paulo Coelho (El Alquimista)
En Nicaragua la inversión en el sector minero ha crecido considerablemente, tanto en la modernización del mecanismo de explotación de los distritos mineros existentes como en los estudios de prospección y exploración geológica para buscar importantes yacimientos minerales que ameriten su aprovechamiento.
Las autoridades de Gobierno y la Asamblea Nacional consideran que la explotación racional y sostenible de los recursos naturales debe estar al servicio de la satisfacción de las necesidades del pueblo y su desarrollo, promoviendo las inversiones nacionales y extranjeras en pro del beneficio nacional.
Con el propósito de regular y facilitar el desarrollo del sector minero se dictó y publicó en el 2001 la Ley Especial Sobre Exploración y Exploración de Minas (Ley 387), como complemento a la Ley General Sobre Explotación de Recursos Naturales (Decreto 316) de 1958.
Esta nueva ley moderniza el marco jurídico de la actividad minera, proporciona seguridad a los inversionistas, resguarda los intereses del Estado nicaragüense y sobre todo incorpora la preservación del medio ambiente.
Según el Mific, el precio del oro que este año alcanzó los (462.70 dólares onza troy) y la nueva ley minera, han permitido al Estado nicaragüense recibir muchas solicitudes de concesiones, reflejándose un sensible aumento en las recaudaciones y la generación de empleos directos e indirectos en este sector.
Un artículo publicado en este rotativo el pasado 19 de septiembre, señala que organizaciones municipales en los departamentos del centro de Nicaragua, en conjunto con Amunic, “Demandan reformar Ley de Minas”.
Es importante reconocer que las autoridades municipales están preocupadas por la minería y el daño que pudiera causar al medio ambiente, exhibiendo una visión de futuro comprometida en heredar a nuestros hijos un medio ambiente más sano.
El problema es que estas autoridades municipales son nuevas en el ejercicio de su cargo, y por lo tanto son conservadoras, cautelosas y vulnerables a los movimientos ambientalistas que en algunos casos obedecen a lineamientos políticos y populistas, aprovechando sus credenciales para atacar al Gobierno como el principal culpable en el otorgamiento de concesiones a las empresas mineras, olvidando que estas leyes no fueron creadas por el gobierno de turno.
Señalan reformar la Ley 387, en especial el artículo 75 que define la distribución porcentual de las transferencias por Derecho de Vigencia o Superficiales y Derechos de Extracción o Regalías. Este cambio es importante considerando que los municipios donde se realizan trabajos de minería deben ser beneficiarios directos de los recursos que generen estas empresas en concepto de impuestos, para permitir el desarrollo municipal en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Datos del Mific actualizados hasta julio del presente año indican que las transferencias por derecho superficial a las municipalidades suman 6,518,908.35 córdobas. De esto los Consejos Regionales han recibido 725,580.64 córdobas, y entre 61 municipios que registran transferencias figuran La Libertad (1,812,090.95 córdobas), Santo Domingo (828,230.60 córdobas), Bonanza (433,452.17 córdobas), Villanueva (301,591.90 córdobas), Siuna (274,758.62 córdobas) y Matiguás (267,561.78 córdobas). Esta información demuestra que las empresas mineras pagan en tiempo y forma sus aranceles, pero sería bueno saber dónde y cómo se invierten estos recursos.
Lamentablemente en Nicaragua el historial minero no puede ser señalado como modelo, pero no podemos obviar que las directrices de las empresas están firmemente enfocadas en cambiar las técnicas operativas para la exploración y explotación de las concesiones, trabajando con responsabilidad respetando las normas establecidas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente.
En 1930 se descubrieron los últimos distritos mineros (Siuna, Rosita, El Limón, entre otros) y durante 75 años los estudios de prospección y exploración geológica que realizan las empresas mineras no han tenido éxito en la búsqueda de nuevos yacimientos minerales. Sin embargo debemos reconocer que para realizar estos estudios las empresas invierten en mano de obra local y apoyan sectores sensibles como educación, salud, cultura y deporte, beneficiando en gran medida a las comunidades que están dentro del área concesionada. Por lo tanto, lo que existe es beneficio, no contaminación y destrucción como algunos movimientos ambientalistas impulsivamente quieren señalar.
Es importante y necesario que las autoridades municipales y los sectores involucrados en la temática cambien de actitud y aptitud otorgando un voto de confianza a estas empresas, estableciendo mecanismos de comunicación que permitan trabajar con responsabilidad y profesionalismo respetando las leyes y normas establecidas para la explotación racional y sostenible de los recursos naturales, permitiendo así que la inversión nacional y extranjera nos beneficie a todos.
El autor es Consultor en Relaciones Comunitarias.
