Ariel Montoya
El Acuerdo de Nación alcanzado entre el presidente Enrique Bolaños, el PLC y el FSLN y respaldado por las otras fuerzas parlamentarias, en esta etapa del final de la transición democrática, representa un nuevo giro en la cultura política nicaragüense, y, aunque ha despertado muchas suspicacias e interrogantes atravesadas en la tubería de los cabildeos entre las partes que lo hicieron posible, representa el consenso más beligerante entre Gobierno y fuerzas políticas, para propiciar la gobernabilidad.
Pero también, el acuerdo de esta Ley Marco para la Estabilidad y la Gobernabilidad deja otras lecturas a la sombra de la nueva era: El inicio de la ruptura del pacto liberosandinista, como un resultado óptimo de la transparencia y la ética pública; la ventanita para un reacomodo de las fuerzas democráticas —liberales—, de cara a las próximas elecciones; la rebelión pacífica de la sociedad civil y la solidez institucional de que a pesar de haberse fraguado un golpe de Estado no hubo interrupción del período presidencial ni hubo uso de la fuerza militar para detener la conspiración, siendo éste un ejemplo más para América Latina y el mundo de que en Nicaragua se sigue imponiendo el fervor cívico y la búsqueda de la institucionalidad.
Esta iniciativa, que surgió como consecuencia de la inaplicabilidad de las reformas constitucionales inspiradas por el infundido parlamentarismo que el comandante Daniel Ortega ha venido impulsando tras sus consecutivas derrotas presidenciales (a la cual se sumará otra en noviembre del 2006), que violaban la Constitución y restaban atribuciones al Presidente de la República, viene a aliviar la fuerte presión social y política que pendía tanto del Gobierno como del resto de Poderes del Estado.
Éstos, a excepción del Ejecutivo, han sido duramente cuestionados por la población dada la abierta repartidera de cargos y conveniencias prebendarias entre los partidos PLC y FSLN, en lo que a juicio de muchos ha simbolizado el pacto más descarado de todos los celebrados en el país. Cuestionamiento éste que viene siendo creciente y fehaciente en la aritmética popular como lo enfatizan las encuestas hechas por moros y cristianos.
Lo trascendente de ese acuerdo elevado a proyecto de ley presentado por el Presidente de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, consiste en que no se desconocen las referidas reformas constitucionales —tal como lo hace la Corte Centroamericana de Justicia—, sino que se declara su inaplicabilidad, también como lo dictaminó la misma Corte Centroamericana en su inédito fallo, en el resto del período actual, determinándose su suerte final hasta el 20 de enero del 2007, cuando un nuevo Poder Ejecutivo y una nueva Legislatura decidan qué hacer con la actual Ley Marco y, por supuesto, con las afamadas reformas, causantes de la inestabilidad en que el país se ha estremecido a lo largo del 2004.
Pero si bien es cierto que éste ha sido un paso eficaz en pro de la gobernabilidad, no se debe olvidar que corresponderá desde ahora a las fuerzas democráticas electorales en gestación darle continuidad a la batalla moralizante y renovadora generada en esta etapa, que heredará los simientes de la transparencia, la austeridad gubernamental y el orden macroeconómico, para desarticular a posteriori estas reformas por ser violatorias del orden institucional al no provenir directamente de una consulta popular.
Sin embargo, entre los retos más sólidos a corto plazo están la voluntad de las partes, y más en concreto, del Parlamento, que deberá cumplir con la aprobación de la Agenda Legislativa, trabada por las conspiraciones caudillistas, los entuertos politiqueros y una que otra aparente debilidad en la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Hechos que, una vez superados a través de esta Ley Marco, se supone que abrirían la gasa para que se aprueben en las próximas semanas, leyes que tienen que ver con préstamos y donaciones pendientes de desembolsar.
Esta realidad actual, pues, marcada por una línea divisoria entre el pasado pactista y el acuerdo presente, entre el aparente fin de la inestabilidad y la búsqueda de la gobernabilidad; entre luces de entendimiento entre las fuerzas democráticas para competir electoralmente con el sandinismo así como entre el nublado institucional y la culminación del actual período presidencial, abre la posibilidad de recuperar el tiempo perdido.
De manera que esta Ley Marco ha sido necesaria después de todo para la cosecha de nuevas esperanzas, en esta fase final de la transición democrática, y de la perspectiva de mejores días para y por Nicaragua.
El autor es Secretario Privado de la Presidencia.
