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¿País lavador de dinero?
Gracias a la visita que hizo esta semana al país la Superintendente de Bancos de Panamá y presidenta del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), señora Delia Cárdenas, se supo que Nicaragua podría ser colocado en la lista negra de los países lavadores de dinero producto del narcotráfico, el terrorismo y otras formas del crimen organizado internacional. Lo que no quedó claro es cuál sería el impacto que tendría en términos generales para el país, ser colocado en esa lista negra y cuáles las consecuencias materiales directas que debido a eso sufriría la población nicaragüense.
De que en Nicaragua hay lavado de dinero no cabe la menor duda. Aunque no hay información y ni siquiera un estimado acerca de cuánto dinero se lava en Nicaragua anualmente, es evidente que dicha actividad criminal se practica en gran escala en el país escondida tras la fachada de numerosos “negocios” y progresos de toda clase y magnitud que se ven en distintas partes del país.
Con la mayor desfachatez se dice en los tribunales que las grandes sumas de dólares norteamericanos que de vez en cuando se les incauta a sospechosos y culpables de narcotráfico, son “para hacer algunas inversioncitas”. Esa “explicación” se dio, por ejemplo, a los 609 mil dólares que incautó la Policía a sospechosos de narcotráfico, dinero que fue depositado en una cuenta bancaria de la Corte Suprema de Justicia y luego retirado de manera ilícita y comprometedora para la cúpula del Poder Judicial.
Como sea, el lavado de dinero le causa un grave daño a la sociedad. Primero porque con esos recursos se financian otras actividades criminales e ilícitas en general, inclusive campañas electorales de partidos políticos y candidatos de reconocida conducta inescrupulosa. También el lavado de dinero perjudica —ante todo por la competencia desleal que promueve— a la empresa privada honrada que trabaja de acuerdo con las regulaciones legales del país. Así mismo el lavado de dinero merma los empleos y salarios de los trabajadores, y perjudica a los consumidores, quienes son víctimas de toda clase de fraudes y engaños por parte de las empresas fantasmas que son creadas como mampara para lavar el dinero obtenido mediante la actividad criminal. Y además, causa graves perjuicios al Estado que deja de recaudar sumas millonarias, lo que a su vez repercute en menos presupuesto para los servicios de salud, educación y otras obligaciones sociales que el Gobierno tiene la responsabilidad de cumplir a la población.
De manera que el lavado de dinero no es un asunto que debe preocupar sólo a la gente que gobierna, ni que le interesa únicamente a los políticos . Al contrario, se trata de un problema de gran significación nacional y social porque está directamente vinculado a cuestiones que afectan e interesan de manera directa y sensible a la población nicaragüense en todos sus estratos sociales, particularmente en los más pobres de ellos.
Se conoce que los países de Centroamérica y el Caribe son vulnerables a la acción criminal del lavado de dinero y otros activos, debido a la debilidad de sus instituciones, a la falta de mecanismos de control ciudadano y a la corrupción generalizada de su clase política. Precisamente por eso es que algunos gobiernos y organismos internacionales le han dado mucha importancia al Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), creado con el propósito de “poner en práctica contramedidas en común para responder a la problemática del delito de lavado de dinero”.
El Gafic fue integrado por treinta países de la Cuenca del Caribe después de dos rondas de conversaciones celebradas en Aruba, en mayo de 1990 y Jamaica en noviembre de 1992. De inmediato, el Gafic aprobó 19 ejes de acción derivados de cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera establecido por el Grupo de los Siete (países más desarrollados y ricos del mundo) en la Cumbre de París de 1989, y de acuerdo con una Convención de la ONU sobre la materia aprobada en 1989.
Una de esas disposiciones del Gafic, al que Nicaragua pertenece formalmente pero del cual podría ser echado, consiste en que cada país debe tener un marco legal apropiado —que incluya una Comisión de Análisis Financiero independiente—, para combatir el lavado de dinero en forma efectiva y creíble. Lo cual no es el caso de Nicaragua, donde la administración de justicia es reconocidamente corrupta, hay una oscura Ley Antidrogas que se aplica “flexiblemente” y la comisión de análisis financiero que existe carece de funcionalidad y credibilidad.
