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La propuesta de un “acuerdo histórico”
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), el Movimiento por Nicaragua y otras entidades representativas de la sociedad civil hicieron el jueves de la semana pasada un llamamiento al Presidente de la República, don Enrique Bolaños Geyer, para “que convoque a un diálogo nacional amplio e incluyente, a través del cual se supere la crisis entre los Poderes del Estado”.
Este llamamiento coincide con la propuesta que hizo el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, el 29 de septiembre. En efecto, tal como informó LA PRENSA el martes 4 de octubre, en una carta que envió a los líderes de los Poderes del Estado, Insulza, “ante la falta de una salida a la crisis política que afecta a Nicaragua y la negativa de los actores a disminuir la confrontación, hizo una propuesta para alcanzar un acuerdo histórico que permita un clima positivo que supere la misma”.
La propuesta del Secretario General de la OEA señala, a nuestro juicio, el camino indicado para sacar a Nicaragua del atolladero político e institucional en que se encuentra actualmente. La apreciamos como una propuesta bien intencionada que demuestra la capacidad diplomática del máximo funcionario de la OEA y su experiencia en solución de conflictos políticos . Y vale la pena señalar también que en el caso de que hubiera un acuerdo nacional sobre la base de esa propuesta de Insulza, tendría todo el respaldo de la comunidad internacional.
El “acuerdo histórico” propuesto por Insulza, que debería ser aprobado en el diálogo nacional que demanda la sociedad civil, se basa en cuatro puntos fundamentales: 1) Que no se interrumpa el período para el que fue electo el presidente Bolaños; 2) Que las reformas constitucionales —que son el origen de este conflicto al atribuirle a la Asamblea Nacional carácter de poder hegemónico y romper el equilibrio entre los Poderes del Estado— se pospongan hasta el nuevo período presidencial (o sea, a partir del 2007); 3) Que no haya obstrucción a la acción gubernamental “más allá de los naturales debates y discrepancias que generan las políticas públicas” (es decir, que se ponga fin al juicio de revancha política contra el Gobierno, que se dejen sin efecto los desafueros de los ministros y que no se continúe el proceso contra el presidente Enrique Bolaños); 4) Que se garantice la celebración de un proceso electoral limpio, “sin inhibiciones u otros recursos que impidan la participación de aquellos ciudadanos que gozan del respaldo ciudadano y se postulen como candidatos presidenciales” (o sea de Herty Lewites y Eduardo Montealegre). Más y mejor no se podría pedir.
Ahora bien, si en realidad las cúpulas del FSLN y del PLC tienen aunque sea un poco del patriotismo que manifiestan cuando algún funcionario estadounidense critica públicamente a los caudillos, no deberían rechazar esta magnífica oportunidad de resolver el conflicto que proponen el Secretario General de la OEA y las entidades de la sociedad civil.
Los miembros de la cúpula del FSLN aseguran tener suficiente respaldo popular y la capacidad organizativa y monetaria necesaria para ganar las elecciones nacionales del próximo año y llevar a la Presidencia de la República a Daniel Ortega. Por su parte, los dirigentes del PLC dicen lo mismo e inclusive aseguran que a cualquier persona que ellos lleven de candidato presidencial en los comicios del año entrante, el pueblo la elegiría como Presidente de Nicaragua.
Cabe preguntarse al respecto: Si tan seguros están de eso, ¿por qué temer entonces a un acuerdo de transparencia electoral supervisada internacionalmente? ¿Por qué negarse al compromiso de no inhibir a Lewites y Montealegre? ¿Por qué no comprometerse a respetar el período constitucional del presidente Bolaños y a no seguir manipulando al Poder Judicial con las farsas jurídicas?
Los ciudadanos nicaragüenses podemos y debemos reconstruir el sistema político nacional de conformidad con los pilares sobre los cuales funciona la vida de las sociedades modernas: unos partidos democráticos (de izquierda, centro y derecha) suficientemente representativos de la población, que respetan la transparencia electoral y que se someten a la regla de la alternancia en el poder. Todo es querer hacerlo, y el camino a seguir es el que proponen el Secretario General de la OEA y las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua.
