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Ticos amenazan con gravar remesas nicas
Josué Bravo,
Ricardo Guerrero y
Mario José Moncada
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SAN JOSÉ Y MANAGUA.- Los migrantes nicaragüenses radicados en Costa Rica y los consumidores de Nicaragua podrían sufrir las consecuencias del pleito entre los dos países, relacionado con el río San Juan, porque los diputados ticos amenazaron ayer con aplicarle un impuesto al envío de remesas familiares, si Nicaragua aprueba un arancel del 35 por ciento a los productos importados desde Costa Rica.
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Ramírez, dijo ayer a LA PRENSA en San José, que diputados costarricenses de diferentes fracciones parlamentarias “manejan” un texto-borrador, mediante el cual se pretende aplicar un impuesto a las remesas de los nicaragüenses.
Ramírez explicó que aunque no es una posición oficializada por las bancadas, la propuesta es gravar las remesas que en este momento no pagan impuestos.
“Antes de tomar una decisión, sería mejor que los diputados nicaragüenses nos respondan a la petición de formar un foro de discusión para hablar de nuestros problemas”, añadió.
En Managua, el embajador de Costa Rica en Nicaragua, Rodrigo Carreras, manifestó que si los diputados nicaragüenses aprueban un arancel a los productos importados desde su país, habría que ver quiénes serían los afectados con ese impuesto.
“Ese impuesto va a afectar a las empresas ticas, ya que van a cobrarle impuesto a todos los productos que entran de Costa Rica, van a cobrar impuesto en momentos en que estamos luchando por el DR-Cafta”, consideró el diplomático.
“Esto podría generar reacciones en Costa Rica, y el canciller Roberto Tovar no quiere que haya reacciones de Costa Rica, es posible que pudieran haber reacciones a las exportaciones de Nicaragua a Costa Rica y espero que no, porque no tiene sentido”, advirtió Carreras.
“Yo creo que sólo los europeos disfrutan pagando impuestos, porque ven que cuando pagan sus impuestos tienen carreteras, tienen servicios sociales y un montón de cosas”, señaló.
MIGRANTES DESPROTEGIDOS
Para el responsable de la Pastoral de Movilidad Humana de Cáritas de Costa Rica, Gustavo Gatica, la medida de aplicar impuestos a las remesas sería inadecuada, porque perjudicarían a familias de Nicaragua y Costa Rica que dependen de las remesas.
“Sería una decisión muy ingrata, porque la población migrante no tiene medida de protección como la tiene un exportador que puede hacer presiones ante el Gobierno. Al final, los inmigrantes terminarían pagando los platos rotos”, afirmó.
Gatica consideró que la “sanjuanización” de las relaciones diplomáticas de los dos países, “acrecienta sentimientos de rechazo (hacia los nicaragüenses), pues se pone como argumento la estabilidad de la soberanía nacional y en ese juego nadie quiere perder”.
“Muchos costarricenses tienen claro que la soberanía del San Juan corresponde al Estado nicaragüense, eso no está en discusión. Pienso que acá lo que causa un cierto rechazo es la forma en que se maneja el tema y cómo se toman decisiones que parecieran muy apresuradas, como el innecesario refuerzo de la seguridad del río, como si se previera una invasión de la Fuerza Pública de Costa Rica”, explica Gatica.
Abelardo Morales, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), dijo que aplicar un impuesto a las remesas de los nicaragüenses sería una medida descabellada y podría facilitar el envío de remesas informales.
“Sería injusto gravar con impuesto a las remesas, porque provienen de los salarios de las familias y no de sus ganancias, además que el dinero que envían no pasa a manos del Gobierno”, comentó.
En cambio, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, Alberto Cortés, dijo que sí puede aumentar el rechazo hacia los nicaragüenses, pero sugirió que el tema migratorio no se mezcle con el político o diplomático.
El canciller costarricense Roberto Tovar, después de reunirse ayer tarde con el presidente del congreso tico, Gerardo González, y los jefes de bancadas, dijo que las remesas de los nicaragüenses no serían «tocadas».
Sin embargo, González expresó que cualquier decisión para responder a las amenazas de Nicaragua, serían tomadas por los diputados en coordinación con el gobierno de Costa Rica.
PRODUCTOS AFECTADOS
Los bienes intermedios y de consumo, especialmente alimenticios, serían los principales perjudicados de aplicarse un arancel del 35 por ciento a las importaciones provenientes de Costa Rica, según se desprende de las cifras oficiales que confirman que ambos grupos de productos encabezan las importaciones nicaragüenses desde el vecino país.
Costa Rica es el tercer país al que más le compra Nicaragua, después de Estados Unidos y Venezuela, según el Banco Central de Nicaragua (BCN), que destaca que las importaciones desde suelo costarricense alcanzaron en el año 2004 los 189.2 millones de dólares, y 127.9 millones de dólares entre enero y julio del 2005.
Según esas cifras, durante el primer semestre del año, Nicaragua importó desde Costa Rica bienes intermedios, como materias primas para la agricultura y la industria, y materiales de construcción por un valor de 84.1 millones de dólares.
Entre tanto, los bienes de consumo, es decir alimentos, conservas, salsas, bebidas y hortalizas, alcanzaron 38.9 millones de dólares.
Los restantes 5.8 millones de dólares se distribuyeron entre bienes de capital especialmente para uso agropecuario, la industria y el transporte.
La ministra de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Azucena Castillo, se mostró cautelosa sobre las consecuencias que tendría para el consumidor la imposición de un arancel a los productos importados de Costa Rica, tal como ha manifestado la Asamblea Nacional de Nicaragua, cuyos diputados se mostraron dispuestos a aprobar el arancel si Costa Rica demanda a Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, cosa que sucedió ayer.
“El tema del río San Juan (donde los costarricenses pretenden navegar armados) es muy sensible, y cualquier acción que tome Costa Rica, el Gobierno de Nicaragua contestará con el mismo nivel, pues la soberanía de Nicaragua sobre el río San Juan no tiene ningún cuestionamiento”, declaró.
Castillo, quien no llegó a apoyar ni a rechazar la aplicación de un arancel para los productos importados desde Costa Rica, dijo que “los aspectos comerciales tienen sus foros cuando se trata de amenazas comerciales”.
EMPRESARIOS PREOCUPADOS
Los empresarios aglutinados en la Cámara de Comercio Costarricense Nicaragüense, se encuentran muy preocupados por los últimos acontecimientos, que amenazan con enfrentar en una guerra comercial a las dos naciones.
Mario Solano, vicepresidente de la Cámara de Industria y Comercio Costarricense Nicaragüense (Cadiconic), manifestó que se oponen totalmente a la aprobación de un arancel a las importaciones de productos de Costa Rica, aunque reconoce que es una decisión soberana de las autoridades nicas.
“Nosotros estamos tratando de exhortar al Gobierno (de Nicaragua) que piense muy bien al implementar esa medida, ya que Costa Rica es uno de sus mejores socios económicos y viceversa; entonces este tipo de medidas traería prejuicios a ambas partes, aunque para nadie es un secreto que los ticos tienen más facilidades de buscar salida a sus productos a otros destinos”, señaló Solano.
Nicaragua, a juicio de Solano, sería el mayor perdedor con una medida de este tipo, ya que tendría que buscar nuevos mercados, con el consiguiente encarecimiento de sus productos, aunque dijo confiar en la cordura para que se llegue a un diálogo y no se implementen estas medidas.
También manifestó que las inversiones costarricenses que están llegando a Nicaragua, se detendrían.
Enrique Zamora, gerente general de Agropecuaria Lafise, valoró que la aplicación de cualquier arancel en la región, en especial cuando está por ponerse en vigencia un acuerdo comercial con Estados Unidos y República Dominicana (DR-Cafta), no es lo más conveniente.
“Creo que sería perjudicial y lo mejor es que este tema (del río San Juan) se maneje con mucha responsabilidad”, indicó.
¿DEMANDA TAMBIÉN EN LA OMC?
La posibilidad de que Nicaragua apruebe un arancel a los productos ticos, ha causado preocupación entre el sector exportador costarricense, al punto que barajan la posibilidad de plantear una queja ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El gerente de logística comercial de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexpo), Carlos Céspedes, dijo que los empresarios están preocupados porque de implementarse este impuesto no sólo disminuirían las exportaciones a Nicaragua, sino al resto de Centroamérica que utiliza como tránsito el territorio nicaragüense.
“Por eso estamos trabajando en buscar una solución viable, pero no podemos adelantar al respecto”, dijo Céspedes.
“Existe una preocupación porque aumentaría el costo de las exportaciones y contratos ya establecidos y por lo tanto las exportaciones van a disminuir”, explicó.
Entre los productos que se envían a Nicaragua destacan insumos para preparar alimentos y bebidas, aceite de palma, medicamentos y productos metálicos, entre otros.
Jack Liberman, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, dijo que esta medida podría afectar el proceso de integración centroamericana.
TICOS ARRASAN CON MADERA
Los empresarios de la madera del vecino país de Costa Rica se están llevando unos 10 millones de córdobas diarios mediante la explotación de maderas preciosas nicaragüenses en la Reserva Indio Maíz, en Río San Juan, y de seguir así sólo le quedarían unos 10 años de vida a la reserva, denunció Marcelino López Soza, experto forestal y consultor del Programa Manejo Sostenible (PMS-Danida) en la zona.
López dijo que los empresarios ticos, a través de intermediarios y aprovechándose de la pobreza en que viven los pobladores de la zona, compran los árboles de cedro real por la mínima cantidad de 800 córdobas (50 dólares) y luego ellos los venden hasta en 1,500 dólares.
“Esos árboles que los pobladores venden en 800 córdobas, ya procesados, convertidos en muebles de alta calidad en el mercado europeo y norteamericano, alcanzan un valor de hasta 35 mil dólares”, señaló López.
El consultor y la divulgadora del Instituto Nacional Forestal (Inafor), Martina Porta, dijeron que lo que el país está perdiendo por la tala ilegal de estos árboles es incalculable, y el cien por ciento de la madera que se corta en esa zona está siendo aprovechada única y exclusivamente por los costarricenses.
Ambos exigieron a los diputados de la Asamblea Nacional que se decrete a lo inmediato una veda forestal de especies como la caoba y el cedro real, para detener lo que catalogan como un “ecocidio”.
La funcionaria del Inafor dijo que debido a la extensión de la reserva y a la falta de presupuesto de la institución, sólo cuentan con tres inspectores forestales en la zona, lo que dificulta vigilar y detener la depredación.
Marcelino López se está dando a la tarea de capacitar a los productores de la zona, en manejo forestal, un tema nuevo para ellos. “La intención es enseñarles cual es el valor del bosque”, señaló.
Ante esta denuncia, el presidente de la Comisión Ambiental de la Asamblea Nacional, Jaime Morales Carazo, dijo que el tema de la ley de veda forestal está entre las prioridades de la agenda parlamentaria.
“Espero que en las próximas sesiones esta ley (veda forestal) sea aprobada, ya he hablado al respecto con el presidente de la Asamblea (René Núñez) y me ha dicho que en las próximas sesiones la introducirá en la agenda para su discusión y aprobación”, señaló Carazo.
CONFIANZA EN CORTE
Un comunicado de la Cancillería de Nicaragua informó anoche que había recibido notificación oficial de la Corte Internacional de Justicia, sobre la demanda de Costa Rica, y que el gobierno nicaragüense confía en que la CIJ acogerá sus argumentos y pruebas y desestimará la injustificada pretensión del vecino país (Costa Rica), ya que cualquier diferencia que pudiera haber existido entre las dos Repúblicas fue solucionado y zanjeado de manera terminante y definitiva en el siglo XIX mediante el Tratado de Límites Jerez-Cañas de 1858.
