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El conflicto por el San Juan
Al informar que Costa Rica demandará a Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, para reclamar su pretendido derecho a la navegación armada en el río San Juan, el presidente costarricense don Abel Pacheco llamó a forjar “una auténtica unidad nacional (porque) Costa Rica y sus derechos están por encima de cualquier interés particular”.
Pero don Abel Pacheco debería saber que los nicaragüenses también creemos que Nicaragua y sus derechos están por encima de cualquier interés particular. Y a pesar de nuestros pleitos políticos intestinos nos importa mucho la soberanía nicaragüense sobre el río San Juan.
En realidad, si hay algo —o lo único— que une a todos los nicaragüenses es la convicción de que “el río San Juan es nuestro”, como se dijo en una popular calcomanía que LA PRENSA imprimió y distribuyó masivamente en 1998, cuando el ambiente estaba caliente por esa misma exigencia de Costa Rica. Por lo tanto, cuando se trata de defender ese patrimonio geográfico e histórico los nicaragüenses ponemos a un lado todas nuestras diferencias.
Para nosotros la defensa de la soberanía sobre el río San Juan no es patrioterismo. Si realmente Costa Rica tuviera derecho de navegación armada sobre el San Juan no tendríamos ninguna dificultad en reconocerlo. Pero Costa Rica no tiene soberanía sobre el río San Juan. A lo único que tiene derecho, de conformidad con el tratado Jerez-Cañas y el Laudo Cleveland, es a navegar con objetos de comercio en la parte del río que está expresamente determinada.
Por otro lado, la decisión tica de demandar a Nicaragua ante el tribunal de La Haya, ni siquiera se origina en alguna acción o declaración de autoridades nicaragüenses que pretendan afectar el derecho que tiene Costa Rica de aprovechar el río San Juan para transportar objetos de comercio. El conflicto es porque Costa Rica pretende, contra toda razón y derecho, navegar con armas sobre dicho río sin pedir consentimiento a las autoridades nicaragüenses, como si tuviera potestad de soberanía sobre el San Juan.
A este respecto, las personas entendidas en política internacional y derecho de fronteras han explicado que este problema se podría resolver fácil y rápidamente, con sólo que las autoridades de Costa Rica aceptaran que tienen que solicitar permiso a Nicaragua para poder navegar con armas sobre el río San Juan, con el único fin de proteger sus “objetos de comercio” y atender los resguardos policiales costarricenses que hay en la zona fluvial sanjuaneña.
Sobre esto el doctor Alfonso Ortega Urbina, diputado a la Asamblea Nacional de Nicaragua y presidente de su Comisión del Exterior, quien además fue Canciller de la República en la época del régimen somocista, explicó en un artículo de opinión publicado en LA PRENSA el miércoles de esta semana, que “Nicaragua siempre ha estado dispuesta a considerar y conceder el permiso que se solicite, para que Costa Rica pueda hacer el cambio de sus puestos de policía en las márgenes del río, de manera que la insistencia en querer hacerlo sin obtener (permiso) previo de Nicaragua hace muy sospechosa la pretensión y presiones de Costa Rica”.
Así es. Costa Rica no tiene necesidad de convertir este problema en una demanda internacional que además de costosa podría provocar una escalada de acciones que llevarían el conflicto a situaciones indeseables. Por ejemplo, la amenaza de Costa Rica de demandar a Nicaragua en La Haya ya provocó a los diputados nicaragüenses a advertir que la Asamblea Nacional castigaría a los productos costarricenses con un “impuesto patriótico”, para financiar los gastos del juicio. Sin duda que esto perjudicaría a productores y consumidores de ambos países, pero sobre todo de Costa Rica, que además podría reaccionar con represalias contra los nicaragüenses que viven y trabajan en ese país. Y así se escalaría un conflicto que nadie puede saber hasta dónde podría llegar.
En la época actual de globalización e integración en todos los órdenes, parece ridículo estar ocupándose de problemas fronterizos como éste. Pero el conflicto existe objetivamente y los ticos no deberían agravarlo planteando un juicio en La Haya, sino resolverlo aceptando que deben pedir permiso a Nicaragua para poder llevar armas cuando naveguen sobre las aguas del nicaragüense río San Juan.
