Raúl Solórzano M.
Es una triste realidad la falla de energía. Todos experimentamos la pérdida de tiempo y dinero que causa pero si no encaramos con seriedad este problema seguiremos posponiendo la solución.
De todo Centroamérica Nicaragua es el país que sufre más el alza del petróleo por las condiciones débiles de su sector eléctrico, con equipos viejos e ineficientes y por su dependencia de esa materia prima. Otros países se han preocupado más por modernizar y diversificar su generación con fuentes renovables, mientras que en Nicaragua por una u otra razón se ha impedido el desarrollo de estas energías.
Ante la actual crisis se proponen muchas supuestas soluciones. Pero las medidas que se han tomado hasta ahora producirán impactos temporales y no resolverán de raíz el problema, cual es el costo siempre ascendente del petróleo, un recurso no renovable limitado en el mundo y que nosotros, al menos por ahora, no poseemos.
Podríamos preguntarnos quién tiene la culpa de nuestra situación energética y demandar: “¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno?” Pero lo honesto es dirigir esta pregunta a todos, incluyendo a la clase política y a los poderes del Estado por haber contribuido a que se diera esta situación. No podemos negar que la ceguera y obcecación política actual afecta gravemente a Nicaragua. Al buscar metas exclusivamente personales se ha producido una situación politiquera en la que se descuidan las decisiones y acciones que hacen falta tomar desde hace muchos años. Además, todo se agrava, con la cercanía de las elecciones.
El subsidio a los servicios podrá ser atractivo social y políticamente, pero como solución permanente es enemigo de la realidad. Dejar que los precios lleguen poco a poco a su nivel real, en cambio, impulsará al consumidor de cualquier ingreso a que acomode su uso del servicio a su verdadera posibilidad económica por medio del ahorro y la eficiencia. La única forma admisible de subsidio es aquélla que el Estado puede dar en forma transparente a los consumidores que realmente lo necesitan, a los niveles adecuados y no por exigencias populistas.
Históricamente hemos cometido grandes errores. Caímos en la falsa ilusión provocada por los precios bajos del petróleo en la década de los sesenta y setenta e invertimos en plantas térmicas en vez de hacer las inversiones de capital requeridas para los proyectos hidroeléctricos y geotérmicos. Además las políticas de financiamiento internacional nos inclinaron hacia financiar sólo las plantas térmicas de menor inversión y de mayor rapidez de construcción durante se mantuvieron bajos los precios del petróleo. Por eso, Nicaragua a diferencia de otros no continuó con el desarrollo de sus abundantes recursos renovables eólicos, hidroeléctricos y geotérmicos para sustituir la generación actual basada en el petróleo.
El problema, sin embargo, sí tiene solución porque el país tiene los recursos naturales. Lo que se necesita es tomar las decisiones urgentes que involucren a todos los sectores. Las decisiones que se requieren necesitan de un consenso, del orden institucional y de un interés verdadero por el país que no puede sujetarse a manipulaciones por razones políticas y electoreras.
Han sido contraproducentes las acciones judiciales sobre el sector eléctrico, anulando el sistema que fue diseñado por la Ley de la Industria Eléctrica. Al intervenir y anular al Ente Regulador se provoca desorden y caos financiero de este sector.
Las acciones de aprobar leyes que otorgan subsidios a las tarifas usando los ingresos de Hidrogesa resultan de poca efectividad y duración porque los subsidios son rápidamente devorados por la siguiente oleada de alzas de los precios. Las intervenciones en las empresas eléctricas las deja en situaciones de riesgo inaceptable que expone al peligro al sistema total.
En cambio, si existe la buena voluntad de todos los nicaragüenses de tomar las medidas correctivas institucionales, se pueden tomar, de inmediato, los pasos para hacer posibles las inversiones de generación renovable que producirán energía dentro de un período no mayor de cuatro a cinco años y en algunos casos como los eólicos, en dos años.
Los proyectos existen tanto hidroeléctricos y eólicos, como geotérmicos, pero se necesitan leyes especiales y funciones claras y específicas para todo el sector energético. Tenemos que volver a la institucionalidad y buscar la estabilidad política para no seguir ahuyentando al inversionista privado que puede hacer realidad los proyectos que ya existen y así llegar a la solución sostenible de nuestro problema energético.
El autores Presidente de la Comisión Nacional de Energía, fue ministro de Enel.
