Klaus Stadthagen
No es de extrañar que las cúpulas del PLC y FSLN, responsables de la debacle institucional que vive el país, no quieran que el diálogo bipartito se amplíe. Después de todo, dicen: “nosotros representamos a más del 90 por ciento de la población de Nicaragua”. Qué soberbio orgullo. Si representaran ese porcentaje de la población no tendrían temor de abrir ese diálogo a otros importantes sectores del acontecer nacional. Y si no lo representan, la diferencia en opiniones da riqueza a las conclusiones y debería enfrentarse con argumentos, no con exclusiones.
Es obvio que el diálogo bipartito entre el Gobierno y el pacto es excluyente de las grandes mayorías. La historia se repite. Cuando los grupos de poder pierden apoyo y credibilidad, su primera reacción es creerse representantes de todos y arrogarse el derecho de excluir.
La familia Somoza probablemente pensó durante más de cuatro décadas que ellos representaban las mayorías y que eran los únicos que podrían dar bienestar a la población. No era posible pensar que hubiera un liderazgo alternativo, y si lo hubiere, no merecía la oportunidad de ser electo. En su lógica, esta capacidad sobrehumana de dar respuesta a las necesidades de la población, les ubicaba, seguramente, por encima de cualquier otro mortal, dándoles el derecho de excluir.
Lástima que una preciosa oportunidad de cambio en 1979, que en muchísimas personas albergaba la esperanza de un mejor futuro, en un amplio sector inclusive respondiendo a principios cristianos y altos valores humanos, no fue más que el inicio de otro régimen totalitario, que no sólo fue un desastre institucional, sino también un desastre económico. En ese momento, el nuevo sistema político y económico también pensó tenía el derecho de excluir para poder llevar a cabo su experimento de Nación.
En ambos casos la lección histórica debería ser: “excluir hoy tiene consecuencias en el futuro, y esa exclusión únicamente atrasa el momento en que la voluntad de la ciudadanía se impondrá nuevamente”. Por supuesto que ese atraso repercute especialmente en los que menos tienen, generando mayor pobreza y exclusión.
Hoy nuevamente vemos personas, que habiendo ejercido el poder, probablemente piensan que son las únicas que pueden “salvar Nicaragua”. Después de todo dicen: “el líder soy yo”, “yo soy el partido” y “mi partido es Nicaragua”.
Estas personas excluyen a los candidatos más populares de sus propios partidos; los poderes del Estado que controlan, excluyen a la ciudadanía al no consultarle sobre reformas constitucionales, violando sus derechos humanos y políticos; y ahora pretenden excluir de participar en un diálogo que supuestamente tiene por objetivo solucionar los problemas nacionales.
Si estos señores representaran a las mayorías, ¿dónde queda el más del 60 por ciento de seguidores que tienen tanto Eduardo Montealegre como Herty Lewites dentro de sus antiguos partidos? ¿dónde quedan los simpatizantes de José Antonio Alvarado, Partido Conservador, Apre, Camino Cristiano, Alternativa Cristiana, Movimiento de Renovación Sandinista? ¿dónde quedan el 45 por ciento de la población que en últimas encuestas indican que no tenemos partido? ¿dónde quedan las más de 170 mil personas que han marchado en las calles de Managua, Granada y Chinandega?
El sistema democrático es, en esencia, un sistema incluyente. El poder reside en la ciudadanía. Es la ciudadanía la que debe decidir con su participación.
Cuando se limita el derecho a elegir y ser electo; cuando se menosprecian los reclamos de la ciudadanía en cuanto a las reformas; cuando no se buscan mecanismos de inclusión en un “diálogo nacional”, ¿será que sigue vigente el sistema democrático?
Si supuestamente los líderes del pacto se dicen demócratas, ¿por qué temen a un diálogo amplio e incluyente, como muchos sectores de la población lo estamos demandando. ¿Por qué querer tomar decisiones sin la participación y consulta a las mayorías. ¿Será que lo son?
Creo que es tratar de tapar el sol con un dedo, de cualquier forma que se haga la matemática, la alegada representatividad no existe, y el diálogo bipartito excluye a las mayorías.
El autor es miembro del Movimiento por Nicaragua.
