Roberto Ferrey Echaverry
El señor Ministro del Trabajo (LA PRENSA, 30 de agosto, 2005) destaca que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (cuya sigla en español sería TL-CA-EU-RD), “incorpora como parte integral del mismo el respeto a nuestras leyes laborales así como a los ocho Convenios Fundamentales de la OIT”.
En realidad el capítulo XVI, Normas Laborales, del Tratado contiene un compromiso del Gobierno de Nicaragua porque se cumplan las leyes laborales nicaragüenses sin permitir, por ejemplo, que el Tratado sea utilizado, en forma alguna, para debilitar los derechos u obligaciones laborales existentes.
Con tal objeto se acordó conformar un “mecanismo de cooperación laboral y desarrollo de capacidades, para mejorar todo lo relacionado con los derechos laborales establecidos” en cada país suscriptor del tratado.
Los compromisos establecidos en la temática laboral del DR-Cafta hacen especial énfasis en reforzar la capacidad de las partes —trabajadores, empresarios y gobierno— para mejor cumplir los derechos y obligaciones que emanan de la legislación laboral vigente y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscritos por Nicaragua. Incluso, se establece, deberán hacerse las mejoras (reformas) de la legislación nacional que sea necesario para que Nicaragua cumpla plenamente los compromisos contenidos en dichos convenios de la OIT.
Muy especialmente se llama a hacer cumplir la legislación laboral existente respecto a: i) el derecho de asociación, léase sindicalización; ii) el derecho a negociar colectivamente; iii) la prohibición de cualquier tipo de trabajo forzado u obligatorio; iv) la edad mínima para el trabajo a realizar por niños y niñas y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil; v) el respeto a los salarios mínimos establecidos (urbano y rural); vi) el cumplimiento a las jornadas de trabajo; vii) el trabajo en condiciones aceptables de seguridad y salud ocupacional; y viii) promover el cumplimiento de la legislación laboral en un ambiente de cooperación y conciliación amigables, entre empresarios y trabajadores del campo y la ciudad.
Asimismo se destaca la necesidad de reforzar las capacidades públicas, administrativas y judiciales, que son fundamentales para hacer cumplir la legislación laboral nicaragüense. Asumiéndose el compromiso de “desarrollar programas y proyectos para fortalecer” al Ministerio del Trabajo (en su labor de inspección y conciliación), de manera que cumpla a cabalidad sus funciones; y de “facilitar toda la cooperación para fortalecer las instituciones de aplicación de justicia laboral (juzgados del Trabajo), de manera que puedan velar por los derechos y deberes laborales”.
Esto es la parte toral de los compromisos laborales del DR-Cafta, cada parte interesada —especialmente los trabajadores y sindicatos— deben de conocer todo el contenido y alcance del capítulo XVI aquí referido, para desarrollar un ambiente de armonía obrero-patronal, pero en un marco de respeto y cumplimiento efectivo, al menos, de la legislación laboral actualmente existente y su posible modernización.
No sería válida, ni ética, una “asimetría” que implicase un mejoramiento al nivel empresarial sin que ello conlleve a un mejoramiento del nivel y condiciones de vida de los trabajadores; un escenario de este tipo descalificaría al Tratado RD como mecanismo de creación de riqueza capaz de contribuir a la lucha contra la pobreza y a la disminución de las corrientes migratorias hacia el norte y sur de nuestra región.
El financiamiento a que se refiere el señor Ministro del Trabajo y que está destinado a apuntalar los programas, proyectos y reforzamiento de capacidades referidos, deben ser manejados, objetiva y transparentemente, para los fines a que están destinados. Trabajadores, empresarios, gobierno y sociedad civil debemos estar atentos a que dichos fondos cumplan con mejorar las capacidades de los trabajadores y sindicatos, el sector más débil, para enfrentar los riesgos y retos que el DR-Cafta implica, y de esa forma mejor aprovechar sus potencialidades en beneficio de la sociedad nicaragüense.
El autor es abogado, secretario del PRN.
