Miguel Ernesto Vijil [email protected]
Cuando investigadores norteamericanos y europeos concluyeron la descodificación del genoma humano, el Presidente de los EE.UU. y el Primer Ministro inglés, al anunciar este trascendental paso de la ciencia declararon que todo lo concerniente no podría ser susceptible de apropiación personal, ni registrarse como patente de invención, porque por tratarse algo vital de nuestra especie debería ser patrimonio de todos. Fue una resolución muy correcta que debería ser aplicada también en otros campos que son de vida o muerte.
Es un escándalo internacional lo que ocurre con la industria farmacéutica. Como los países poderosos la dejan en manos privadas, son las grandes corporaciones las que se interesan por investigar nuevas medicinas y cuando encuentran algo valioso lo venden caro y muy caro. No les importa que muchos pacientes no puedan comprarlas y que se mueran antes de tiempo. Le sacan el jugo a sus descubrimientos cabildeando para ampliar más y más el plazo de vigencia de las patentes y, por supuesto, dirigen la investigación hacia las enfermedades de los sectores con más capacidad económica.
Otra cosa pasaría si las naciones ricas financiaran las investigación farmacéutica como lo hacen con la investigación, aún más costosas, para desarrollar nuevos armamentos o para viajar al espacio. Una política de investigación pública en el campo de la salud coordinada entre todos los países miembros de la OMS, sería mucho más eficiente que la actual dispersión entre grupos empresariales competidores que no intercambian entre ellos ni la hora del día.
Esa loca competencia por sacarse el premio gordo con una nueva viagra, por ejemplo, no es la mejor manera de distribuir recursos para enfrentar las enfermedades de los seres humanos, incluyendo a los más pobres, los que no pueden pagar nada. Por eso no es extraño que para combatir la malaria, una de las más mortales plagas que afligen a la humanidad pero que es enfermedad de pobres, no se ha desarrollado ninguna droga nueva desde hace cuarenta años.
No estoy diciendo que los laboratorios privados deban desaparecer. Por el contrario, creo que deberían ser contratados por los gobiernos en la forma como ahora muchos laboratorios privados, universidades, etc., hacen investigación para los mismos gobiernos con fines militares. La diferencia es que, en este caso, las patentes les quedaría a los gobiernos. Tampoco estoy proponiendo la nacionalización de la industria farmacéutica. Las empresas que fabrican y distribuyen medicamentos desempeñan una importante tarea y ellas deberían tener acceso igual a las patentes públicas, a precios reducidos. Entonces podrían fabricar cualquier medicamento y la competencia haría que los precios fueran más bajos.
Tal vez así el mundo sería un mejor lugar para vivir.
El autor es profesor universitario.
