María José Zamora
Como con una varita mágica la Corte Suprema de Justicia ha pretendido, con su reciente fallo judicial, trastocar la Constitución de la República y con ello la estabilidad política, económica y social de Nicaragua. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cual maléficos genios de la botella se prestan para cumplir hasta el último deseo del señor Daniel Ortega, quien debido a la alianza con la cúpula del PLC ya tiene en sus manos a todos los poderes del Estado, con excepción del Ejecutivo; y es precisamente éste, su dolor de cabeza. Cómo no desearía el comandante Ortega que en lugar de don Enrique estuviera el doctor José Rizo Castellón, qué fácil habría sido usurpar la silla presidencial sin ningún costo político y sin resistencia alguna.
El presidente Enrique Bolaños, electo por una amplia mayoría de nicaragüenses, tiene la obligación y el deber moral de mantener su compromiso con los nicaragüenses de defender el precepto constitucional que establece la preeminencia del Poder Ejecutivo en la gestión pública; por lo tanto el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de las reformas inconstitucionales no puede ni debe de ser acatado por el primer ciudadano de la nación. El señor Presidente de la República, como representante de la mayoría de nicaragüenses, está haciendo lo correcto al no dejarse chantajear y continuar batallando para que Nicaragua no siga secuestrada por un grupo de funcionarios inescrupulosos que han demostrado que no tienen la moral ni los valores requeridos para desempeñar los puestos que ocupan.
Me parece que la ciudadanía no está consciente de su poder; las recientes marchas cívicas tienen que fortalecerse y que más ciudadanos se involucren porque la crisis política de Nicaragua es muy grave y requiere de una participación más decidida y beligerante de todos los sectores, políticos, sociales y económicos. Apoyar la posición del Ejecutivo no es hacerle un favor a don Enrique Bolaños, es defender la democracia y la libertad que hoy disfrutan los nicaragüenses.
La actitud soberbia y agresiva de los pactistas cada día se hace más patente y descarada a través de la forma en que operan las instituciones del Estado y están obligando a la ciudadanía a definirse si se está con el pacto libero-sandinista o contra él. Es mi opinión, que las medias tintas no caben cuando la amenaza que se avecina para Nicaragua es convertirse en una segunda Cuba hija de Castro y Chávez. Definitivamente que aquí, o se respalda decididamente al Ejecutivo, o en el 2007 se instaurará la dictadura sandinista.
No me parece extremista pensar que con todo el poder que tiene el FSLN actualmente manejen las próximas elecciones a su antojo y sea Daniel Ortega o algún títere suyo el próximo presidente de Nicaragua. Si eso sucediera se puede ir preparando la ciudadanía común y corriente a vivir secuestrada y ser mantenida por las remesas de los familiares en el exterior, no más comercio pujante ni variedad de ofertas para escoger, no más libertad de expresión, asociación y movilización. Volvería el control absoluto en todo lo que se compra, se vende, se come y en lo que se comunica; además se viviría bajo la amenaza inventada de una invasión, escuchando que el país no se desarrolla por culpa del imperialismo yanqui y del bloqueo económico. El capital nicaragüense seguramente tendría que rendirle pleitesía al señor Ortega, para seguir existiendo. La cúpula sandinista y sus allegados indudablemente serán los únicos que continuarán viviendo con todos los lujos, a los que se han acostumbrado a partir del 19 de julio de 1979.
La autora es sicóloga.
